Hay una mentira cómoda que los gobiernos mexicanos han repetido con distintas voces pero idéntica convicción: que la inseguridad, la corrupción y la impunidad son problemas separados que pueden atacarse por separado.
Es una mentira útil. Permite inaugurar estrategias aisladas, celebrar resultados parciales y, sobre todo, eludir la verdad incómoda: en México, estos tres fenómenos no son enfermedades distintas.
Son síntomas del mismo organismo enfermo, un sistema que se retroalimenta, que se protege a sí mismo y que, año tras año, digiere a sus víctimas en silencio.
Entramos a 2026 con datos que deberían provocar vergüenza institucional.
De cada mil delitos cometidos en el país, 932 no fueron denunciados ni investigados por autoridad alguna. De los 33.5 millones de delitos registrados el año pasado, 33.1 millones quedaron en la impunidad absoluta.
No es un accidente estadístico. Es la fotografía de un sistema de justicia que funciona exactamente como fue diseñado: para no funcionar.
Y mientras la ciudadanía convive con esa realidad, el Estado gestiona el discurso. Cambian los gobiernos, cambian los slogans, pero la arquitectura del crimen permanece intacta.
Hace menos de una década, un presidente ganó la elección más contundente de la historia reciente prometiendo que la corrupción se acabaría. El pañuelo blanco fue el símbolo más caro e inútil de esa promesa.
Hoy, con otro gobierno en turno, México sigue ocupando el lugar 141 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, con apenas 27 puntos sobre 100, y el último lugar entre los 38 miembros de la OCDE, sin excepción.
Solo 7 de cada 100 casos de corrupción administrativa derivaron en algún tipo de sanción. Los casos emblemáticos —Odebrecht, la Estafa Maestra, Segalmex— acumulan años de carpetas abiertas y redes intactas.
Lo más grave no es la cifra. Es la estructura que la produce.
La corrupción en México no es el resultado de individuos deshonestos que rompen las reglas: es el resultado de un sistema donde las reglas fueron escritas para ser rotas. Donde el crimen organizado necesita —y compra— protección política, acceso a información estatal e impunidad judicial.
Donde candidatos a gobierno municipal son financiados por economías criminales. Donde exgobernadores son acusados de colusión con cárteles mientras sus estados registran tasas de homicidio que triplican la media nacional. La corrupción no es un desvío del sistema.
Es el sistema.
El debate público mexicano insiste en tratar la violencia como un problema de seguridad pública. Es un error categorial.
La violencia en México es, ante todo, un producto institucional. No crece en el vacío: crece en la intersección entre mercados ilegales y mercancías políticas, entre la extorsión callejera y la protección oficial, entre el sicario y el funcionario que mira hacia otro lado.
Los estados con mayores índices de corrupción institucional son, con notable consistencia, los que encabezan las estadísticas de homicidio y feminicidio. Eso no es coincidencia. Es causalidad.
La estrategia de militarización que ha caracterizado las últimas dos administraciones no solo no resolvió el problema: en varios momentos lo exacerbó.
La fragmentación de los cárteles a partir de operaciones de "descabezamiento" generó nuevos grupos, nuevas disputas territoriales y nuevos picos de violencia.
Mientras tanto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública permanece atrapado en un divorcio funcional donde las policías detienen pero las fiscalías no procesan, donde se abren carpetas sin inteligencia territorial y donde el Poder Judicial opera desconectado de quienes producen los casos.
El resultado es predecible: impunidad estructural como condición permanente.
Si algo distingue a las democracias funcionales de las que simulan serlo, es la capacidad de articular respuestas integrales a problemas sistémicos. México tiene ese pendiente desde hace décadas. Las soluciones existen. Lo que falta es voluntad política real y arquitectura institucional para ejecutarlas.
Primero, es imprescindible formular una Política Criminal Nacional que integre —bajo una sola estrategia verificable— los sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia. Cada detención debe derivar en investigación; cada investigación, en sanción efectiva. La trazabilidad de casos no puede seguir siendo una aspiración: debe ser una métrica de gobierno.
Segundo, las unidades conjuntas de investigación territorial entre policías y fiscalías deben dejar de ser proyectos piloto y convertirse en la norma operativa nacional. Sin inteligencia compartida, no hay cadena de valor en la persecución del delito.
Tercero, la profesionalización policial no puede reducirse a más horas de capacitación. Requiere transformar las condiciones laborales de los cuerpos municipales, donde hasta el 80% carece de seguridad social y menos del 8% tiene acceso a crédito para vivienda. Una policía empobrecida es una policía vulnerable a la cooptación.
Cuarto, el combate a la corrupción debe construir instrumentos reales de identificación de beneficiarios finales en contratación pública y establecer mecanismos que rompan las redes político-criminales, no que persigan a operadores menores mientras los arquitectos del sistema permanecen impunes.
México llega a 2026 en un momento que algunos analistas llaman "punto de inflexión".
La pregunta que nadie responde con claridad es: ¿inflexión hacia dónde?
La reforma judicial en curso dejó fuera, de manera inexplicable y políticamente sospechosa, el primer eslabón de la cadena: policías y ministerios públicos.
Sin transformar ese eslabón, cualquier reforma al Poder Judicial es cosmética.
Reemplazar jueces sin cambiar el sistema que produce impunidad es como cambiar la tubería sin cerrar la fuga.
La corrupción es hoy percibida como el problema más importante del país, según el 46% de la población, seguida por la inseguridad con 39%.
No es un dato menor: la ciudadanía ya comprende lo que los gobiernos fingen no ver. El desafío de 2026 no es técnico.
Es político.
Requiere liderazgos con la valentía de atacar el sistema, no de administrarlo. Requiere políticas públicas que incomoden a quienes hoy se benefician de la opacidad, la impunidad y el pacto tácito entre poder político y poder criminal.
Mientras eso no ocurra, México seguirá siendo un país donde el crimen no es un problema que el Estado enfrenta, sino una condición que el Estado, en parte, sostiene.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
