La crítica sin propuesta no alcanza.
Si la estrategia presenta distorsiones, hay rutas concretas de corrección.
No son ideas nuevas ni soluciones importadas: son las mismas que la evidencia comparada ha documentado durante décadas y que México ha postergado por cálculo político.
1. Reconstruir las policías locales. Un programa nacional de fortalecimiento policial con estándares homologados, financiamiento condicionado y evaluación independiente. Sin policías municipales funcionales, cualquier estrategia es incompleta. La seguridad no se delega indefinidamente hacia arriba: se construye desde abajo. Mientras el presupuesto federal siga fluyendo hacia corporaciones centralizadas y los municipios operen con patrullas desvencijadas y oficiales mal pagados, el Estado seguirá siendo una promesa en el papel y una ausencia en la calle.
2. Reformar la procuración de justicia. Fiscalías estatales con autonomía real, capacidades técnicas y controles de desempeño. La reducción de la impunidad debe ser el indicador central de la política de seguridad, no un objetivo secundario ni diferido. Un sistema que no investiga, no judicializa y no sentencia no es un sistema de justicia: es una puerta giratoria que recibe detenidos por un lado y los devuelve por el otro, intactos los grupos criminales que los financian.
3. Focalizar la prevención. La atención a las causas debe transitar de programas universales a intervenciones en polígonos de alta violencia, con evaluación rigurosa de impacto. La dispersión de recursos en territorios sin diagnóstico preciso no es política pública: es gasto sin rendición de cuentas. Invertir en bienestar es necesario, pero no es suficiente ni automático. La evidencia no respalda la idea de que una transferencia monetaria desactiva una economía criminal consolidada.
4. Redefinir el papel de la Guardia Nacional. Su despliegue debe ser estratégico y temporal, con planes claros de transferencia de capacidades a instituciones civiles. Ninguna corporación federal puede ser sustituto permanente del Estado local sin reproducir exactamente el vacío que dice combatir. La militarización sostenida de la seguridad pública no es una política de Estado: es la evidencia de que el Estado civil no existe donde más se necesita.
5. Mejorar la medición. Indicadores desagregados, precisos y transparentes que permitan evaluar la seguridad a nivel local, no solo nacional. Un promedio que oculta disparidades territoriales no mide: encubre. Mientras el gobierno reporte tendencias nacionales sin desagregar por municipio, colonia o polígono, la estadística seguirá siendo un instrumento de comunicación política, no de diagnóstico.
6. Fortalecer la inteligencia humana. Más allá de plataformas, se requiere formación de analistas, investigación de campo y coordinación real con fiscalías. La tecnología sin criterio analítico es ruido, no inteligencia. Un sistema de cámaras sin investigadores, o una base de datos sin fiscales capaces de usarla, no combate al crimen: lo observa.
La Estrategia Nacional de Seguridad, a un año de su implementación, no es un fracaso absoluto ni un éxito rotundo.
Es algo más preocupante: un proyecto que ha normalizado la distancia entre lo que se anuncia y lo que ocurre, entre el informe y la experiencia de quienes viven en territorios donde el Estado llega tarde, mal o no llega.
El engaño no está en cada dato. Está en cómo se articulan para construir una historia de éxito que no corresponde con lo que vive la ciudadanía. Está en los municipios sin policía que no aparecen en las conferencias de prensa. Está en las víctimas de extorsión que no denuncian porque saben que denunciar no sirve. Está en los fiscales sin recursos, en los peritos sin laboratorios, en las comunidades que negocian su seguridad directamente con quien controla el territorio porque el Estado nunca llegó a disputárselo.
A un año de la estrategia, México no tiene menos crimen organizado: tiene uno más fragmentado, más disperso y, en varios territorios, más violento.
Los indicadores agregados pueden mostrar una curva a la baja en homicidios en ciertas regiones, pero esa curva no captura la extorsión sistemática, el desplazamiento forzado, el control de mercados locales ni la captura de gobiernos municipales.
El crimen no desapareció: se reorganizó. Y la estrategia no lo siguió.
México no necesita una estrategia perfecta.
Necesita una estrategia honesta: que reconozca sus límites, que mida con rigor, que corrija con evidencia y que coloque la seguridad de las personas —no la narrativa gubernamental— en el centro. Necesita un gobierno que entienda que gobernar en materia de seguridad no es comunicar logros, sino reducir el miedo real de la gente real que vive en el país real, no en el país del informe.
En materia de seguridad, la distancia entre lo que se dice y lo que se vive no es un problema de comunicación. Es una cuestión de vida o muerte. Y esa distancia, después de un año de estrategia, sigue siendo inaceptablemente amplia.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
