Estrategia Nacional de Seguridad: El gobierno que se aplaude solo

El tono es de balance satisfecho. La evidencia disponible sugiere otra lectura.

La pregunta que sostiene esta columna no es retórica: ¿dónde está el engaño?

La respuesta está en la brecha persistente entre los indicadores reportados y la experiencia cotidiana de inseguridad que viven millones de mexicanos. Esa distancia entre el dato y la calle es donde se construye la simulación.

No es una distancia menor ni accidental: es el producto de decisiones deliberadas sobre qué medir, cómo presentarlo y qué omitir.

El problema no es que el gobierno mienta abiertamente. Es que selecciona, interpreta y presenta la información bajo una lógica que privilegia la narrativa de éxito sobre el diagnóstico honesto.

En materia de seguridad, esa distorsión no es menor: significa diseñar políticas sobre percepciones maquilladas.

Y cuando las políticas se diseñan sobre diagnósticos falsos, los recursos se asignan mal, las prioridades se distorsionan y las personas que viven la inseguridad quedan fuera del marco de solución.

II. Atención a las causas: política social sin traducción en seguridad

El eje más repetido en el informe es la "atención a las causas", que vincula política de bienestar con prevención del delito. Se reportan millones de beneficiarios, miles de jornadas comunitarias y despliegues en zonas prioritarias.

La narrativa es políticamente rentable porque conecta dos agendas —bienestar y seguridad— en un solo relato de gobierno coherente y generoso.

El supuesto es atractivo: menos pobreza, menos violencia.

El problema es que no existe evidencia empírica robusta que demuestre una correlación directa, inmediata y medible entre esos programas y la reducción de delitos de alto impacto. La literatura especializada es consistente en señalar que la relación entre pobreza y crimen organizado es compleja, mediada por variables institucionales, territoriales e históricas que los programas de transferencia no modifican en el corto plazo.

Regiones con alta inversión social —partes de Michoacán, Guerrero o el Estado de México— siguen registrando violencia intensa, control territorial por grupos criminales y economías ilícitas arraigadas.

Eso no hace irrelevante a la política social, pero sí obliga a reconocer que su impacto es de largo plazo, difuso y condicionado por múltiples variables. Presentarlo como resultado de seguridad es forzar una causalidad que los datos no sostienen.

El engaño consiste en presentar la política social como estrategia de seguridad, cuando es un componente complementario.

La prevención social requiere intervenciones focalizadas, evaluaciones rigurosas y seguimiento territorial que hoy no están claramente establecidos.

Sin inteligencia criminal, sin control territorial y sin instituciones locales sólidas, la política social opera en paralelo, no como parte de un sistema integral. Es una inversión necesaria administrada como si fuera suficiente.

III. Guardia Nacional: crecimiento operativo, vacío institucional

El informe destaca más de 121 mil elementos desplegados y un crecimiento significativo desde la creación de la corporación. Este dato se presenta como evidencia de fortalecimiento institucional.

El número, sin embargo, oculta un problema de fondo: la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa consolida un modelo de seguridad militarizado que dejó de ser transitorio para volverse permanente.

Lo que se anunció como solución de emergencia se ha convertido en el modelo definitivo, sin debate legislativo serio ni evaluación independiente de sus resultados.

El problema no es solo normativo. Es operativo.

La Guardia Nacional ha asumido funciones de seguridad pública donde las policías locales están debilitadas o capturadas, pero sin construir capacidades civiles duraderas.

En muchos municipios, la presencia federal sustituye a las instituciones locales, no las fortalece. No hay transferencia de capacidades, no hay formación de cuadros civiles, no hay fortalecimiento de mandos locales.

Hay despliegue, patrullaje y reporte de presencia. Eso no es construir Estado: es ocuparlo temporalmente.

El resultado es una dependencia estructural: cuando la fuerza federal se retira, el vacío reaparece. La estrategia reemplaza al Estado local de manera temporal en lugar de reconstruirlo.

En los territorios donde la Guardia Nacional opera como único actor de seguridad, la pregunta no es si funciona hoy, sino qué queda cuando se va. La respuesta, documentada en múltiples municipios, es siempre la misma: nada. Presentar esa expansión como consolidación del sistema de seguridad es, precisamente, el engaño.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.