Los reflectores en este nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión están siendo acaparados por la reforma electoral y la reforma sobre 40 horas. No es para menos. Aunque no se cuenta con una iniciativa presentada y aún se esperan acuerdos con los partidos aliados de la coalición gobernante, los cambios en materia político-electoral que han sido sugeridos por la presidenta prometerían cambiar de fondo el sistema de representación, además de alterar significativamente las condiciones para la equidad de la competencia. Por su parte, si bien la reforma que busca la reducción de la jornada laboral a 40 horas tendría un impacto moderado dado el peso de la economía informal en el país, sí resultará simbólicamente potente e históricamente relevante. Ello, al partir del modelo laboral vigente desde inicios del siglo pasado para la atención de una demanda histórica de las personas trabajadoras.
El nuevo periodo, más allá de la electoral y las 40 horas
Pero hay dos iniciativas pendientes de discusión en el Senado de la República de las que se ha hablado poco, pero podrían tener un impacto significativo en el contexto de las acciones impulsadas desde el Ejecutivo para aumentar las inversiones en el país. Por un lado, se encuentra la iniciativa de reforma a la Ley de Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que propone la introducción de nuevas figuras jurídicas que brinden facilidades y flexibilidad a quienes busquen registrar una patente, así como la agilización de trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La propuesta que será discutida en el Senado también contempla sanciones por el uso de Inteligencia Artificial para crear contenido engañoso y por el uso de ambush marketing, que sería considerado como competencia desleal.
Pero la iniciativa deja vacíos importantes si verdaderamente se busca convertir a la propiedad industrial en una pieza clave para la competitividad y la innovación en el país. El texto propuesto no corrige las barreras de acceso al sistema de patentes ni se acompaña de mecanismos específicos de financiamiento, lo que podría limitar su impacto a quienes ya se encuentran dentro del sistema. Dado su potencial para incidir en los resultados del Plan México- particularmente en su meta 15, que consiste en el aumento de la inversión en la investigación científica y tecnológica y simplificación de tiempos para el registro de patentes- esta propuesta debe ser mejorada. En ese sentido, la apertura del debate legislativo a universidades, centros de investigación y personas emprendedoras sería sumamente provechosa.
Otra iniciativa de reforma que los particulares no deben perder de vista es aquella relativa a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si bien el establecimiento de un plazo de seis meses para la resolución de juicios en materia tributaria es acorde a lo que señala la Constitución, la propuesta no contempla sanción o consecuencia legal alguna en caso de que se agote dicho plazo. También llama la atención la imposición de nuevas barreras a la concesión de suspensiones de la ejecución de actos administrativos. Con el texto propuesto, se determinan nuevos supuestos de casos que pueden constituir perjuicios al interés social o al orden público y que ameritarían que se niegue la suspensión de manera automática. Así, los negocios estarían obligados, por ejemplo, a acatar cierres u otras sanciones basadas únicamente en la determinación inicial de la autoridad, sin la posibilidad de se suspenda ese acto en lo que un juez o jueza decide sobre su legalidad.
Si cada vez más disposiciones legales reducen los casos en los que se pueda detener provisionalmente un acto de autoridad, como ya ocurrió con los cambios recientes a la Ley de Amparo, los recursos legales en disposición de particulares dejan de ser herramientas de protección y se convierten en trámites para administrar los daños. Contrario al discurso oficial orientado a la atracción de inversiones, propuestas que restringen el acceso a la justicia u omiten mecanismos que aseguren el cumplimiento de plazos abonan a la inseguridad jurídica. En un contexto en que, ya de por sí, se cuestiona la independencia del Poder Judicial cuando existen intereses del gobierno de por medio, la materialización de estas modificaciones legales no puede considerarse una buena noticia.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
