En algún punto de la sierra michoacana, una familia recibe despensas con el logo de un cártel. En una colonia periférica de Guadalajara, jóvenes sin opciones encuentran trabajo, identidad y protección bajo las órdenes de una plaza.
En plena pandemia de 2020, cuando el gobierno tardó semanas en distribuir apoyos, fueron los grupos criminales quienes primero repartieron cubrebocas, gel antibacterial y canastas de alimentos.
No como anécdota. Como política.
Eso es lo que ocurre cuando el Estado abandona su territorio: alguien más llega a ocuparlo, y ese alguien no viene con buenas intenciones, aunque sepa vender muy bien la apariencia de que sí.
El crimen organizado no irrumpió de golpe. Fue avanzando sobre terrenos que el Estado abandonó décadas antes.
Desde los años 80, con la crisis de la deuda y los ajustes del neoliberalismo, el gasto social en las periferias urbanas y rurales se contrajo de forma sostenida.
La ausencia no era nueva, pero se volvió crónica.
Los tres órdenes de gobierno fallaron en garantizar los derechos más básicos: salud, educación, seguridad, justicia. En municipios como Apatzingán, Tierra Caliente o las sierras de Sinaloa y Guerrero, el Estado nunca llegó del todo, o llegó tarde y corrupto. En ese vacío, el narcotráfico encontró tierra fértil para construir lealtades. Estudios periodísticos de largo aliento en las regiones más disputadas del país han documentado una realidad que incomoda: en muchas comunidades, el cártel no es el enemigo del pueblo, es su administrador.
Lo que el Estado dejó de ofrecer, el crimen lo convirtió en negocio y en propaganda.
Los cárteles construyeron redes de empleo donde el gobierno no genera oportunidades, financiaron fiestas patronales donde las entidades de cultura no tienen presencia y pagaron operaciones médicas donde el IMSS tiene listas de espera de meses.
En la pandemia de Covid-19 esto se volvió obscenamente visible. El CJNG y Cárteles Unidos repartieron apoyos en Jalisco, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato antes de que cualquier dependencia federal apareciera en escena. Videos en redes mostraban camionetas con despensas y mensajes del tipo: "Nosotros sí respondemos".
Era propaganda, sí. Pero también era verdad.
Esa verdad, surgida del terror y la coerción, se instaló en la memoria colectiva de miles de familias que no tenían más a quién voltear a ver.
Estudios sociológicos y antropológicos sobre juventud y violencia en México advierten que la adhesión al crimen organizado no debe leerse como irracionalidad o complicidad automática. Hay una lógica afectiva y material detrás.
Cuando una comunidad ha sido abandonada por el Estado y un grupo armado llega a resolver lo que las instituciones no resolvieron, el vínculo emocional que se genera no es trivial. A eso se suma la construcción cultural del narco como figura de poder y justicia popular que permea la música y las redes sociales.
Desde los narcocorridos de los sesenta hasta algunas canciones de los corridos tumbados de hoy, el género no es solo entretenimiento: es el espejo de una cosmovisión que normaliza la violencia como mérito y la ilegalidad como camino.
En territorios donde el Estado es visto como enemigo —policía corrupta, juez vendido, cobrador de impuestos que nunca regresa en servicios— la simpatía hacia quien sí "pone orden" es comprensible, aunque trágica.
El respaldo social al crimen no siempre es activo. A veces es silencio cómplice; otras, gratitud genuina.
Las manifestaciones son concretas: pobladores que alertan sobre operativos, comunidades que no denuncian desapariciones por miedo pero también por lealtad, padres que celebran que su hijo "entró a trabajar con ellos" porque por fin tiene ingresos.
El Culiacanazo de 2019 fue una demostración brutal: sectores de la población protestaron cuando el ejército capturó a Ovidio Guzmán.
No fue únicamente terror. Fue también identidad. Esa mezcla entre miedo y pertenencia es el fenómeno más difícil de desarticular, porque no se resuelve con más policías.
Sí, el Estado mexicano es responsable. Profunda, históricamente, constitucionalmente responsable.
La omisión no es accidental: en muchos casos es funcional. Durante décadas, autoridades de los tres órdenes no solo abandonaron el territorio, sino que pactaron con el crimen, lo protegieron y lo financiaron. La corrupción policial y judicial no es efecto secundario del problema: es parte de su arquitectura.
Estudios de victimización a nivel nacional documentan que más del 90 por ciento de los delitos no se denuncian, y que cuando se denuncian, la probabilidad de sanción roza el dos por ciento. Ese nivel de impunidad no es producto del azar.
Es el resultado de décadas de decisiones políticas deliberadas. Hoy, con el CJNG fracturado y Sinaloa en guerra interna, el Estado enfrenta su mayor reto de recomposición territorial. Y llega tarde, debilitado y sin credibilidad.
Incómodo pero necesario: la ciudadanía no está exenta de corresponsabilidad.
La normalización de la corrupción —el soborno, la mordida, el favor político— construyó durante décadas una cultura de ilegalidad funcional que el crimen escala hasta sus consecuencias más brutales.
La indiferencia ante la violencia "en otra colonia", el consumo de drogas sin asumir su costo en sangre, la compra de mercancías de origen dudoso: todo alimenta el sistema.
No es culpa equivalente a la del Estado, pero es parte del tejido que sostiene la impunidad. Una democracia madura exige ciudadanos que exijan, denuncien y no normalicen.
La solución no está en la militarización. Está en la presencia institucional efectiva, sostenida y no corrupta.
Primero, recuperar la política social como instrumento de Estado y no de partido, llevando servicios reales a territorios disputados antes de que el crimen consolide su legitimidad local.
Segundo, invertir en fiscalías autónomas con indicadores vinculantes; la impunidad es el combustible del crimen.
Tercero, adoptar modelos de policía comunitaria con supervisión civil y remuneración digna.
Cuarto, diseñar políticas de reinserción económica para jóvenes en zonas de alta captación criminal.
Quinto, abrir espacios de verdad y memoria en comunidades afectadas: sin reconocimiento del daño, no hay reconstrucción del lazo social con las instituciones.
Lo que está en disputa en México no es solo el control del territorio.
Es la definición de a quién le pertenece el monopolio de la protección, la justicia y el bienestar. Cuando el Estado renuncia a ese monopolio —por corrupción, por negligencia, por cálculo político— no deja un vacío neutral.
Deja una oportunidad para estructuras de poder sin ningún compromiso con los derechos fundamentales, pero que saben perfectamente cómo aparentar que sí. La reconfiguración criminal que vive México hoy podría ser una ventana de oportunidad.
Pero aprovecharla requiere algo que ha escaseado con dramática consistencia en este país: un Estado que se tome en serio su propia Constitución.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
