La república, en su concepción básica, implica una organización política creada por y para las personas para brindarles seguridad en el desarrollo libre de sus vidas individuales y colectivas. Para ello, desde el pacto fundacional o Constitución Política, se instituyen autoridades emanadas de la voluntad popular que habrán de contar con facultades y obligaciones específicas, delimitadas por mandato de la ley, cuyo ejercicio estará sujeto al escrutinio público, para cumplir con las obligaciones esenciales de seguridad jurídica y protección a los derechos fundamentales.
#ColumnaInvitada | La justicia administrativa y el desarrollo económico en la Ciudad de México
La función de la justicia administrativa es un factor determinante en el desarrollo económico de la capital de la república.
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Así, la actividad de las instituciones del Estado republicano, al incidir directamente en la vida y derechos de las personas, pueden llegar a trastocar su libre desarrollo. Por ello, el propio marco jurídico constitucional establece mecanismos legales para controvertir esta actividad, cuando se considere que se llevó a cabo de forma inadecuada o violando el marco legal que rige su actuar. Así es como se instituye la impartición de justicia administrativa, cuyo objetivo principal es la de dirimir las controversias que se suscitan entre las autoridades y los particulares.
En la Ciudad de México, desde hace más de 54 años, se consolidó un sistema de impartición de justicia administrativa que, en su esencia, previó instituir mecanismos eficaces, accesibles y sencillos que, sin perder su efectividad, permiten que las personas encuentren una ruta asequible para controvertir las acciones de las autoridades locales cuando consideren que ilegal e injustamente les fueron trastocados sus derechos y así, por mandato de una autoridad jurisdiccional, esos actos, revisados en legalidad, sean declarados nulos.
Cuando se combate un acto administrativo a través de un juicio de nulidad, quien lo interpone busca que se analice si el acto de autoridad fue realizado en estricto cumplimiento al marco legal vigente, es decir, que las facultades y atribuciones ejecutadas en el acto de autoridad, se hayan realizado en estricto acatamiento a los extremos que las normas jurídicas les permiten a las autoridades.
Este mecanismo de revisión, en el que se juzga la legalidad o ilegalidad del actuar de las autoridades, es un instrumento que materializa la seguridad jurídica que garantiza un estado de derecho eficaz, que permite un libre desarrollo de la sociedad y, consecuentemente, la certeza que la dinámica social puede desarrollarse en plena libertad, sin mayores restricciones que aquellas que impone la ley al tiempo que existen autoridades que ejercen su función en estricto apego al marco legal que rige su actuar.
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De este modo, al existir instrumentos legalmente constituidos, como lo son los tribunales que imparten justicia administrativa, dotados de autonomía para tomar sus determinaciones e independencia jurídica y política de quienes se juzga, que cuentan con el imperio para validar o anular los actos de autoridad, se instituye un sistema que garantiza un ambiente propicio para el desarrollo libre y ordenado de la dinámica social.
Así es como la justicia administrativa incide en el desarrollo económico de la Ciudad de México, siendo un instrumento que, en su actuar, garantiza el estado de Derecho, al tiempo que estatuye tribunales imparciales a los que, tanto los particulares como las instancias de gobierno pueden acudir, en igualdad, a controvertir aquellos actos que consideren injustos o ilegales, cuya resolución será apegada al marco legal.
Mientras existan instrumentos legales que generen pesos y contrapesos eficaces, que regulen y equilibren fuerzas e intereses, existirá un ambiente propicio para el desarrollo social y económico ordenado y con certeza para la sociedad.
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La Ciudad de México y su zona metropolitana reviste una gran importancia para el país. De conformidad con datos del Inegi, representa el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Su composición económica está conformada en un 83.5% por actividades terciarias como son el comercio, la prestación de servicios, el transporte y el comercio; 9.9% por actividades secundarias, representadas principalmente por los sectores industriales y de la construcción, en tanto que el 6.6% restante se conforma por actividades primarias como la agricultura y ganadería. Mantiene una tendencia de crecimiento económico sólido que varía entre el 2.1% y 3% anual.
Ciertamente estos datos nos dan una idea de la importancia económica que reviste la Ciudad de México para el país. Esta tendencia tiene sustento, entre otros factores, en la confiabilidad que generen las instituciones gubernamentales para la inversión de capitales en el territorio de la capital. Si las instituciones públicas funcionan y cumplen sus funciones a cabalidad y dentro de la legalidad, la confianza tanto en consumidores como de los empresarios aumentan, consecuentemente, la inversión lo hace en la misma proporción, puesto que ello implica mayor inyección de recursos que, traen consigo el aumento de la oferta laboral, la atracción de empresas y emprendimientos que mueven la economía e incrementan la riqueza.
Por ello, la función de la justicia administrativa es un factor determinante en el desarrollo económico de la capital de la república, puesto que la función que impera el dirimir las controversias entre el gobierno y los particulares, trae consigo una mejora constante en el actuar gubernamental, ya que, en razón de los criterios jurisdiccionales que se establecen para validar las acciones de las autoridades, se mejoran y actualizan las normas y procesos para dotar de mayor legalidad y legitimidad las acciones de gobierno.
De este modo la justicia administrativa coadyuva en el desarrollo económico de la sociedad capitalina. Brinda criterios de oportunidad para mejorar el actuar de las autoridades locales, brindando con ello mejores mecanismos, más apegados a la legalidad, para contar con un gobierno más eficaz en el que su actuar se apegue a su objetivo fundacional: brindar seguridad y certeza jurídica a las personas que comparten el territorio de la Capital de la República.
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Nota del editor: Andrés A. Aguilera Martínez es Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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