El Plan de Acción México–Estados Unidos sobre Minerales Críticos (enero 2026) representa un punto de inflexión en la articulación entre seguridad económica, política tecnológica y desarrollo territorial en América del Norte. Su relevancia trasciende el ámbito extractivo, pues se inserta en una estrategia más amplia donde los minerales críticos constituyen la base material de la economía digital, la transición energética y la competencia geopolítica global.
Minerales críticos, seguridad y geopolítica
Los recursos naturales ya no se conciben solo como materias primas, sino como activos estratégicos integrados a cadenas de valor tecnológicas y a la seguridad económica
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Desde la política de semiconductores de Estados Unidos, el plan adquiere un carácter estructural. La industria de chips depende de insumos estratégicos como tierras raras, litio, cobalto, galio o grafito, esenciales para la fabricación de microprocesadores, memorias, sensores y componentes avanzados. Asegurar el acceso estable y diversificado a estos minerales reduce vulnerabilidades en la cadena de suministro, un aspecto central en la estrategia estadounidense para fortalecer su autonomía tecnológica frente a riesgos de interrupciones externas. En este sentido, el plan no se limita a la minería, sino que forma parte de una política industrial orientada a consolidar ecosistemas completos: extracción, procesamiento, manufactura avanzada, investigación y formación de capital humano.
En el plano geopolítico, el plan se inserta en un contexto de creciente competencia por recursos estratégicos. Los minerales críticos se han convertido en instrumentos de poder económico y tecnológico, ya que condicionan la capacidad de producir tecnologías clave para defensa, Inteligencia Artificial, telecomunicaciones y energías limpias. La cooperación México–Estados Unidos contribuye a reducir la dependencia de proveedores extrarregionales y refuerza la integración de América del Norte como bloque productivo. Así, el plan fortalece la dimensión de seguridad nacional, al vincular recursos naturales, infraestructura industrial y resiliencia estratégica. Además, redefine la relación bilateral al incorporar la gobernanza de recursos estratégicos como parte de la agenda de seguridad económica compartida.
La transición energética es otro eje fundamental. Muchos minerales críticos son esenciales para baterías, vehículos eléctricos, redes eléctricas inteligentes, turbinas eólicas y tecnologías solares. Al vincularse con la agenda de semiconductores, el plan muestra que la digitalización y la descarbonización son procesos interdependientes. La electrificación del transporte, el almacenamiento de energía y la modernización de redes requieren tanto dispositivos electrónicos avanzados como minerales estratégicos. Por ello, el plan promueve una visión sistémica donde política industrial, sostenibilidad ambiental e innovación tecnológica convergen. No obstante, también abre debates sobre impactos socioambientales de la extracción, uso de agua, derechos de comunidades locales y necesidad de estándares ambientales y sociales más rigurosos.
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Desde la perspectiva de desarrollo regional, los impactos potenciales son significativos. La cadena semiconductores–minerales críticos puede convertirse en un motor de transformación territorial, especialmente en regiones con potencial minero, logístico e industrial. El plan incentiva la creación de clústeres productivos, infraestructura especializada, centros de investigación y empleo calificado. También puede fortalecer encadenamientos con pequeñas y medianas empresas, siempre que existan políticas de formación técnica, innovación local y apoyo a proveedores nacionales. Sin embargo, los beneficios no son automáticos: requieren planeación territorial, gobernanza multinivel y mecanismos de inclusión social para evitar desigualdades o conflictos socioambientales.
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En conjunto, el plan refleja un cambio de paradigma: los recursos naturales ya no se conciben solo como materias primas, sino como activos estratégicos integrados a cadenas de valor tecnológicas y a la seguridad económica. Su impacto transversal radica en conectar política industrial, geopolítica, transición energética y desarrollo regional en una sola arquitectura de gobernanza. Así, México y Estados Unidos no solo coordinan el acceso a minerales críticos, sino que sientan las bases para una integración productiva más profunda, donde tecnología, territorio y sostenibilidad se vuelven dimensiones inseparables de la política pública contemporánea.
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Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU Especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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