El crimen organizado no existe (legalmente hablando)

Mientras Estados Unidos designó a grupos mexicanos bajo legislaciones antiterroristas, México observa desde la ambigüedad legal, como si nombrar el problema pudiera conjurar consecuencias peores que la propia crisis.

El vacío legislativo y sus consecuencias

México carece de un marco jurídico que catalogue formalmente a las organizaciones criminales como amenazas existenciales al Estado.

Esta ausencia no es mero tecnicismo: impide coordinar agencias, movilizar recursos extraordinarios y establecer protocolos de emergencia nacional.

Estados Unidos, mediante leyes como la designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras, puede congelar activos, restringir movimientos y comprometer recursos federales masivos. México opera con legislación fragmentada donde cada cártel es tratado como problema de delincuencia común agravada, nunca como insurgencia criminal que controla territorios, cobra impuestos y administra justicia paralela en Michoacán, Guerrero o Sinaloa.

Las consecuencias son tangibles: ausencia de estrategias nacionales cohesionadas, duplicidad de esfuerzos entre fiscalías estatales, y una incapacidad sistémica para desmantelar estructuras financieras criminales que operan como conglomerados empresariales transnacionales.

Cabildeo político en contexto de gobernanza criminal

¿Cómo se cabildea una ley cuando los cabilderos podrían estar en nómina criminal?

En regiones donde grupos delictivos gobiernan de facto, cualquier legislador que impulse marcos legales agresivos enfrenta dilemas existenciales. No hablamos de amenazas abstractas: alcaldes asesinados en Michoacán, candidatos ejecutados en Guanajuato, funcionarios que amanecen descuartizados por proponer reformas anticorrupción.

El cabildeo legislativo tradicional asume instituciones funcionales.

Pero cuando el crimen organizado controla cadenas de suministro, administra seguridad privada y regula mercados locales, el poder real no reside en capitales estatales sino en ranchos fortificados y bodegas clandestinas. Legislar contra quien financia tu campaña, protege tu familia o controla la economía local requiere valentía suicida o ingenuidad peligrosa.

Diseño de legislación similar a la estadounidense

Una ley mexicana equivalente debería establecer criterios objetivos: grupos con capacidad armada superior a policías municipales, control territorial documentado, ingresos anuales superiores a presupuestos estatales, y capacidad para paralizar infraestructura crítica. Declarados amenaza nacional, se activarían facultades extraordinarias: intervención federal automática, coordinación de inteligencia militar-civil, protocolos de protección a testigos robustos, y mecanismos de extradición expedita.

Pero aquí surge la paradoja: una ley efectiva requiere voluntad política que la gobernanza criminal ha erosionado sistemáticamente.

Captura política y financiamiento criminal de partidos

Los partidos políticos mexicanos operan con presupuestos insuficientes para campañas competitivas. El crimen organizado ofrece soluciones: efectivo sin trazabilidad, movilización territorial, intimidación de adversarios.

No es conspiración; es economía política pragmática. Candidatos reciben maletas con millones, alcaldes blanquean dinero mediante obras infladas, gobernadores protegen rutas de tráfico a cambio de "gobernabilidad".

Extirpar esta relación simbiótica implica renunciar a ventajas electorales inmediatas. ¿Qué partido rechaza financiamiento cuando adversarios lo aceptan? La captura no es dramática; es incremental, transaccional, casi burocrática. Y genera incentivos perversos: legislar contra criminales significa legislar contra socios económicos indirectos.

Intenciones reales versus presión mediática estadounidense

El gobierno mexicano navega contradicciones: rechaza injerencia estadounidense mientras solicita cooperación antinarcóticos, proclama soberanía mientras extradita capos, critica designaciones unilaterales mientras usa inteligencia estadounidense.

Esta ambivalencia revela cálculo político: declarar amenaza nacional podría legitimar intervenciones extranjeras no deseadas, justificar operaciones militares conjuntas, o validar narrativas estadounidenses sobre Estado fallido.

La presión mediática estadounidense funciona como arma de doble filo: impulsa acciones mexicanas pero alimenta resentimientos nacionalistas que políticos mexicanos explotan hábilmente, convirtiendo la omisión legislativa en defensa de soberanía.

Riesgos de injerencismo estadounidense

Legislar podría abrir puertas peligrosas.

Si México declara amenaza nacional, ¿legitimaría operaciones transfronterizas estadounidenses? ¿Justificaría drones sobre Sinaloa o incursiones en Tamaulipas?

La historia latinoamericana está plagada de intervenciones "solicitadas" que devienen ocupaciones prolongadas. El temor no es irracional: es memoria histórica de invasiones pasadas convertida en prudencia geopolítica presente.

Debilidad de acuerdos bilaterales formales

La Iniciativa Mérida entregó helicópteros pero no transformó instituciones. El Entendimiento Bicentenario produjo comunicados pero no resultados medibles.

Estos acuerdos carecen de mecanismos vinculantes, métricas verificables o consecuencias por incumplimiento. Son teatro diplomático: permiten conferencias de prensa, justifican presupuestos, pero raramente alteran dinámicas criminales fundamentales.

Propuestas de soluciones: políticas, técnicas y novedosas

Política: Crear una Fiscalía Especial Anticaptura con autonomía constitucional, financiamiento internacional verificado y rotación obligatoria de personal cada tres años para prevenir cooptación.

Técnica: Implementar sistemas de inteligencia financiera basados en blockchain que rastreen automáticamente flujos sospechosos hacia campañas políticas, con alertas públicas inmediatas.

Novedosa: Establecer "zonas de reconstrucción institucional" donde gobiernos locales colapsados sean temporalmente administrados por coaliciones ciudadanas internacionalmente supervisadas, combinando gobernanza local con protección externa, evitando militarización pero garantizando funcionalidad estatal.

Conclusión

El silencio legislativo mexicano no es accidente; es síntoma de un Estado infiltrado que teme nombrarse enfermo. Declarar al crimen organizado amenaza nacional requiere algo más profundo que valentía: requiere desmantelar economías políticas completas, renunciar a financiamientos ilícitos y aceptar vulnerabilidades temporales durante transiciones institucionales.

Hasta que el costo político de la omisión supere los beneficios de la complicidad tácita, México seguirá legislando alrededor del problema, nunca contra él. Y mientras tanto, la gobernanza criminal consolidará territorios que ninguna ley futura podrá recuperar sin costos devastadores.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.