En vísperas de la presentación de la iniciativa de reforma electoral por parte del Poder Ejecutivo, circula la idea errónea de que eliminar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) evitaría duplicidad de funciones y abarataría el costo de las elecciones. Esta idea es errónea porque los OPLEs tienen funciones en las entidades federativas que el INE simple y sencillamente no ejecuta a nivel nacional. En ese sentido, eliminar las estructuras que las ejecutan en lo local implicaría multiplicarlas a nivel federal.
En defensa del federalismo electoral
La fiebre centralizadora tiene a muchos promoviendo como eficientes cambios que en realidad engordan burocracias federales y concentran poder. Es tiempo de salir en defensa del federalismo electoral.
@ginadelafuente
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La función más obvia, desde luego, implica la organización de las elecciones locales con base en una cartografía electoral local. Pareciera que la elección de autoridades locales no implica complicaciones mayores o tareas adicionales para una autoridad electoral nacional que ya se encarga de organizar elecciones federales, como lo hace el INE. Lo cierto es que cada entidad federativa cuenta con una ley electoral diferente que refleja su realidad local, entre las cuales se reconocen distintos cargos, sistemas normativos indígenas, modalidades de votación, acciones afirmativas, entre otros elementos que dotan de una complejidad particular a las elecciones en cada estado.
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Por ejemplo, en Oaxaca, no solo se reconoce un régimen electoral de partidos políticos, sino también uno de sistemas normativos indígenas, que contempla la elección de diversas autoridades municipales y comunitarias de comunidades indígenas y afromexicanas, en reconocimiento de su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y de organización. Este también es el caso de Chiapas, Guerrero, Sonora, entre otras entidades, en donde los OPLEs permiten garantizar la certeza jurídica, la transparencia y la paz social con experiencia en la organización de estos procesos que el INE simplemente no tiene. Pero, además de las experiencias en la organización de procesos electorales de naturaleza distinta, destaca la diversidad en cargos de elección. Por ejemplo, solo en algunas entidades se reconoce el derecho a la representación de poblaciones residentes en el extranjero mediante la figura de la diputación migrante o alguna similar.
Esta diversidad también se expresa a través de los mecanismos de votación permitidos. Por ejemplo, en algunas entidades ya se tiene regulado el voto electrónico; mientras que, en otras, este solo se permite para las personas residentes en el extranjero. Y en lo relativo al voto de personas residentes en el extranjero, la mayoría de las leyes locales solo lo permiten para el caso de la elección a la gubernatura; mientras que, en la Ciudad de México, por ejemplo, este se permite para la Jefatura de Gobierno, las alcaldías, la diputación migrante y hasta impartidores de justicia.
Otras diferencias significativas entre legislaciones locales y respecto de las cuales cada OPLE tiene una experiencia particular son las relativas a los procesos de participación ciudadana distintos a las elecciones. En 2026, por ejemplo, la ciudadanía de Aguascalientes, Baja California, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán estaría convocada a votar en procesos de presupuesto participativo. Pero el mosaico que conforman las reglas locales de participación ciudadana no se limita al presupuesto participativo, sino que también contempla otras figuras como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato, con sus propios requisitos de procedencia y características de procedimiento. Por ejemplo, en algunas entidades se pueden detonar estos procesos en cualquier momento, pero otras como Veracruz y Nayarit no se pueden realizar en año electoral.
Otros factores que no consideran los promoventes de la desaparición de los OPLEs son los relativos a la participación de partidos políticos locales en los órganos de dirección. En la actualidad, existen 66 partidos políticos locales distintos a los partidos políticos nacionales con representación ante los consejos generales de los OPLEs para manifestar sus puntos de vista. De desaparecer, el INE tendría que verificar el cumplimiento de sus de derechos y obligaciones, además de los relativos a los seis partidos políticos nacionales, que además cuentan con prerrogativas a nivel local.
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¿Y qué decir del dinero? De acuerdo con informes del propio INE, cerca de la mitad de los OPLEs presentaron problemas presupuestales en 2025 a causa de diversos recortes presupuestales de los congresos de los estados. Ello, con un impacto diferenciado en los procesos electorales o en su operatividad ordinaria. De desaparecer, ¿se esperaría que el INE cubra el costo de los procesos electorales y de participación ciudadana en los estados? ¿Sería el INE el encargado de negociar presupuestos para la organización de procesos electorales con los congresos locales? ¿Tendría éxito de manera homogénea en las 32 entidades? Y, de no ser así, ¿se tendría un impacto diferenciado en la calidad de la organización de las elecciones locales? ¿Es deseable tener al organizador de las elecciones negociando presupuestos ante 32 congresos locales y uno federal?
La fiebre centralizadora tiene a muchos promoviendo como eficientes cambios que en realidad engordan burocracias federales y concentran poder. Es tiempo de salir nuevamente en defensa del federalismo electoral.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
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