En círculos económicos y empresariales persiste un relato recurrente: la supuesta “alza excesiva” del salario mínimo como factor de distorsión económica. Esta narrativa, más emocional que analítica, suele mezclarse con descontentos políticos y temores inflacionarios, sin sustento en los hechos. Frente a este ruido, conviene recordar cuatro realidades incontestables:
¿Subió mucho el salario mínimo? Cuatro realidades frente a la inercia mental
Resulta absurdo y tramposo culpar a la recuperación del salario mínimo de los graves retos económicos que enfrentamos.
@rghermosillo
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1. No hubo alza abrupta, sino recuperación gradual del poder adquisitivo perdido entre 1976 y 2015.
2. Esta recuperación no se trasladó al resto de los salarios; el “efecto faro” dejó de operar.
3. No generó inflación ni afectó el empleo, como lo demuestran nueve años de datos.
4. Aún queda margen para seguir avanzando, especialmente en el salario mínimo general (SMG).
1. A diferencia de la discusión internacional, en Estados Unidos o Europa, más que un “aumento”, lo ocurrido en México desde 2016 es una reparación histórica. En valor real, el SMG se incrementó 155% en nueve años, tras haber perdido 70% de su valor en las décadas previas. Ni siquiera así alcanzó su nivel más alto histórico, pero logró lo esencial: dejar de violar la Constitución, al superar el umbral de pobreza para dos personas. No es aumento, cubre una deuda.
El mecanismo que hizo esto posible sin efectos negativos fue una fórmula de dos componentes, que destrabó todo el nudo de rechazos y pretextos: un porcentaje de referencia ligeramente superior a la inflación y un monto independiente de recuperación aplicable sólo al salario mínimo.
2. Este mecanismo desacopló el ajuste al SMG del resto de la estructura salarial. Por eso es un error hablar de “aumentos generalizados de dos dígitos”. El salario promedio registrado en el IMSS subió sólo 27% en términos reales entre 2016 y 2025. Con un dato aún más positivo, la mediana salarial subió 43% en el mismo periodo, reflejando una mejora de los salarios más bajos. En ambos casos, muy lejos de cualquier escalada generalizada.
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3. Tampoco hubo efecto inflacionario relevante: la remuneración al personal operativo representa menos del 8% de los ingresos totales de las empresas, según los Censos Económicos 2024. El impacto en costos es marginal. Y en cuanto al empleo, no existe correlación negativa entre la recuperación del salario mínimo y la generación de puestos formales o incluso de la ocupación.
Es aquí donde la inercia mental se revela con claridad: aunque la realidad cambió hace casi una década, muchos siguen pensando —y hablando— como si el salario mínimo aún arrastrara consigo al resto de los salarios y los precios. Esa forma de razonar anclada en el pasado explica por qué, aún hoy, se le atribuyen efectos macroeconómicos que los datos desmienten.
Resulta absurdo y tramposo culpar a la recuperación del salario mínimo de los graves retos económicos que enfrentamos. Nuestro bajo crecimiento, el estancamiento de la inversión, la desaceleración en la creación de empleos, la productividad paralizada y los riesgos de recesión son consecuencia de un contexto internacional adverso y, sobre todo, de problemas estructurales y decisiones políticas acumuladas por décadas.
Atribuirle al salario mínimo responsabilidad en este panorama es como culpar al viento que mueve unos granos de arena del derrumbe posterior de un acantilado: absurdo en su proporción y trampa que desvía la atención sobre las verdaderas causas de nuestros problemas económicos.
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4. En el SMG hay margen y queda una tarea pendiente: llevarlo a 2.5 canastas básicas en 2030, como ha propuesto el gobierno. Para ello debe mantenerse la fórmula actual y diferenciar claramente entre el ajuste del SMG y el de la frontera, que ya supera el nivel necesario y no requiere más que mantener su valor.
Lo más importante es que el siguiente paso para mejorar el ingreso de las personas trabajadoras de los niveles más bajos ya no depende de decretos, sino de la voluntad empresarial: vincular productividad con remuneración digna, como propone la iniciativa por un ingreso digno. Se trata de trascender el piso constitucional y avanzar hacia un salario que permita vivir, no solo sobrevivir.
La discusión no debería seguir anclada en mitos del pasado. Los datos están sobre la mesa. Lo que falta es decisión para remontar los verdaderos retos: competitividad, productividad y un desarrollo económico que no deje a nadie atrás.
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Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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