Por mucho tiempo, el riesgo político fue visto como una variable dentro de la toma de decisiones reservada para contextos de inestabilidad democrática y fragilidad económica extrema. El riesgo político es, en términos simples, la probabilidad de que decisiones tomadas en el ámbito político alteren significativamente el entorno en el que operan las organizaciones. Estas pueden ir desde reformas legales y regulatorias, cambios institucionales, dinámicas de gobernanza y de actividad criminal o hasta presiones externas. Hoy en día, ignorarlo ya no es una omisión menor sino un error estratégico. Los cambios geopolíticos, las tensiones comerciales, los populismos y otras tendencias de gobernanza han resultado en una inestabilidad generalizada, incluso en entornos que antes brindaban seguridad y certeza.
2026, cuando el riesgo político deja de ser hipotético
México entra al 2026 con un nivel de exposición considerable. A los cambios en la arquitectura institucional impulsados desde el sexenio anterior se suman restricciones fiscales y económicas, así como tensiones elevadas en su relación con Estados Unidos. En este contexto, en Strategia Consultores ha identificado seis riesgos políticos que pueden impactar directamente en la gobernabilidad del país y en las operaciones de empresas y organizaciones que vale la pena tener en consideración para la toma de decisiones.
El primero es la incertidumbre jurídica derivada de la reestructura del Poder Judicial y la pérdida de autonomía de órganos reguladores. El potencial para la politización de la justicia, la curva de aprendizaje de personas electas sin experiencia y la concentración de facultades en instancias que ahora dependen orgánicamente del Poder Ejecutivo amplían significativamente el margen de discrecionalidad del gobierno y reducen los mecanismos de defensa de particulares. El mensaje es muy claro: cuando los intereses del poder están en juego, la certidumbre legal deja de ser un contrapeso efectivo.
En segundo lugar, destaca una reforma electoral que busca debilitar el sistema de partidos, reducir el financiamiento público, eliminar la representación proporcional y otras medidas que afectarán la profesionalización de las autoridades electorales. Más allá de los debates técnicos que deben suceder en torno a la propuesta que presentará el Ejecutivo Federal en las próximas semanas, los temas delineados para la reforma por los liderazgos legislativos y la propia presidenta apuntan a la conformación de un sistema de reglas diseñado para favorecer al poder y politizar a las autoridades electorales.
Por otro lado, la inseguridad y la violencia, que antaño se constreñían al ámbito de la seguridad pública, se han convertido en un problema económico grave. Particularmente, la extorsión se ha abierto paso como el mayor lastre para la actividad empresarial. Si bien la administración de Sheinbaum ya implementa una Estrategia Nacional contra la Extorsión y se ha reformado el marco jurídico de la seguridad pública, México corre el riesgo de seguir sumido en la espiral de criminalidad y violencia este año, pues los resultados en esta materia tardan tiempo en surtir efectos y la mayoría de los cuerpos de seguridad tendrá menos presupuesto, conforme al paquete económico aprobado por el Congreso de la Unión.
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A este panorama se suman restricciones fiscales y la política arancelaria de Estados Unidos, que limitan el desarrollo de infraestructura y afectan sectores clave como el manufacturero. La caída sostenida de la inversión pública, particularmente en energía, agua y transporte amenaza con cerrar la ventana de oportunidad que, en su momento, representó el nearshoring.
Por último, destacan riesgos asociados a la relación con Estados Unidos. A unos meses de que inicie formalmente el proceso de revisión del TMEC, el ambiente generalizado de incertidumbre, así como declaraciones de múltiples actores de la administración de Donald Trump, sugieren la intención de este último de detonar un proceso de renegociación o, en un caso extremo, dar por terminado el tratado con el ánimo de buscar acuerdos bilaterales con los dos países. Asimismo, no se pueden soslayar los efectos de los vínculos de políticos y empresas mexicanas con el crimen organizado, particularmente a la luz de la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Este riesgo trasciende lo reputacional y más bien amplía el margen de maniobra de Washington para condicionar decisiones comerciales, migratorias y de seguridad al cumplimiento de sus demandas.
Este escenario se ve agravado por la coyuntura geopolítica. En su Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2025, Estados Unidos redefinió al hemisferio occidental como una primera línea de defensa frente a amenazas como el narcotráfico, la migración irregular y las redes criminales transnacionales. La situación en Venezuela ejemplifica este giro y enciende todas las alarmas posibles en México. Cualquier señal de debilidad institucional o ambigüedad en esta materia se traduce en una reducción en el margen de negociación.
Para las organizaciones, el mensaje es contundente. El riesgo político ya puede ser un anexo del análisis financiero o de operaciones. Debe ser un elemento central de la planeación anual y la toma de decisiones en un contexto en el que la política dentro y fuera de México marcará los límites de lo posible.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
