A partir de este mes verá la luz el Registro Nacional de Incidencia Delictiva. Tal es el nombre del nuevo ecosistema donde el Gobierno federal procesará los datos delictivos que las fiscalías locales recopilan a partir de las denuncias de la población.
Rumbo a una nueva gobernanza democrática por la seguridad
Es un acierto de Claudia Sheinbaum distender tensiones con la sociedad civil. Actores gubernamentales, voces afines y críticas se sentaron en una misma mesa para mejorar datos de seguridad pública.
@BaVargash
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Hay dos elementos especialmente relevantes que vale la pena destacar. Primero, el Registro podría inaugurar una nueva etapa de gobernanza democrática, al menos en materia de seguridad pública. Segundo, amplía las posibilidades para comprender el fenómeno delictivo en México. Me explico.
Una misma mesa para evaluar la seguridad
El pasado 28 de enero, el Consejo Nacional de Seguridad Pública convocó al foro “Avances y desafíos en los datos de seguridad en México: la creación del Registro Nacional de Incidencia Delictiva”. Los invitados: integrantes de la academia, de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación. En dicho espacio, funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública —encabezados por su titular, Marcela Figueroa— expusieron las características técnicas del nuevo registro y sostuvieron un diálogo abierto con los asistentes.
En realidad, se trató de un evento profundamente político. Por primera vez en la Cuarta Transformación, actores gubernamentales y voces tanto afines como críticas al oficialismo se sentaron en una misma mesa para discutir, sin intermediarios, las fortalezas y debilidades de los datos que alimentan la narrativa gubernamental en materia de seguridad pública.
El mensaje detrás del ejercicio es poderoso, especialmente en un contexto político donde el espacio público se ha ido estrechando. El Estado puede renunciar al monopolio de la información, y la sociedad civil —sea afín al gobierno o no— puede abandonar la pretensión del monopolio del conocimiento técnico, para discutir cómo mejorar las políticas públicas en beneficio de las y los mexicanos. Es decir: es posible dejar atrás la arrogancia de ambos lados.
Un acierto político
En este sentido, es un acierto de la presidenta Sheinbaum distender las tensiones con la sociedad civil en un contexto marcado por presiones externas, disputas internas y la persistente prevalencia del crimen. La apertura no sólo genera capital social; también produce capital simbólico que puede fortalecer su posición política y, al mismo tiempo, dotar de mayor solidez técnica a sus decisiones en materia de seguridad pública.
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Dicho esto, conviene introducir una reserva. La posible nueva etapa de gobernanza democrática que hoy se asoma en materia de seguridad pública no está garantizada por sí misma. La apertura al diálogo, por valiosa que sea, requiere voluntad política sostenida, compromiso de largo plazo y la capacidad real de construir acuerdos, incluso cuando el disenso reaparece.
La gobernanza democrática no se consolida con un solo gesto ni con un evento bien diseñado. Exige mecanismos estables de interlocución, reglas compartidas y, sobre todo, la disposición de alinear intereses entre actores con posiciones, incentivos y lecturas distintas sobre la seguridad pública. Sin ese esfuerzo continuo, el riesgo es que la apertura quede como un episodio excepcional y no como un cambio estructural en la forma de gobernar el sector.
Un acierto técnico
El Registro Nacional de Incidencia Delictiva, en sí mismo, amplía de manera significativa las posibilidades para describir, analizar y explicar el fenómeno delictivo, una condición indispensable para formular políticas públicas más certeras. Al menos tres características resultan especialmente relevantes.
Primero, habrá mayor precisión en la definición de los delitos. Categorías históricamente ambiguas —como otros delitos contra la vida y la integridad corporal o extorsión— incorporarán desagregaciones más claras, como tentativa de homicidio o extorsión en su modalidad presencial. Esto permitirá reducir la incertidumbre que hoy persiste en torno a la evolución real de las violencias y a la interpretación de sus tendencias.
Segundo, el registro incorporará la desagregación de víctimas a nivel municipal. Ello permitirá una aproximación mucho más fina a la distribución territorial del crimen. En términos prácticos, ayudará a identificar con mayor precisión las geografías donde la violencia se concentra con mayor intensidad y aquellas donde los niveles se mantienen sistemáticamente más bajos. Es, en cierto sentido, pasar de la resolución de un televisor de cinescopio de finales del siglo XX a un monitor LED de la segunda década del siglo XXI.
Tercero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solicitará a las fiscalías locales información más detallada sobre víctimas, victimarios y circunstancias del hecho delictivo, incluyendo coordenadas georreferenciadas. El gobierno federal contará así con insumos cuantitativos y cualitativos para comprender el modus operandi de cada delito, algo impensable hasta ahora fuera de la Ciudad de México y de un reducido grupo de entidades que ya recopilan información de esta naturaleza.
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Desafíos a resolver en el futuro
Ahora bien, ¿es este el registro que requiere la seguridad pública del país? No del todo. En realidad, representa apenas el tercer gran hito en casi tres décadas de historia de la estadística criminal en México. Recién estamos llegando a la recopilación nacional de datos georreferenciados, y lo hacemos sobre un marco conceptual francamente anacrónico: seguimos midiendo la violencia con definiciones obsoletas, mientras el crimen organizado ha avanzado mucho más rápido en sus métodos que el Estado en sus instrumentos analíticos.
A ello se suma un problema estructural que permanece intacto: la fuente de información son las fiscalías. Aunque el SESNSP busque aplicar criterios más estrictos para asegurar la calidad de los datos, cualquier mejora técnica es secundaria en un contexto de profunda desconfianza institucional que inhibe la denuncia.
Con todo, las señales recientes de apertura abren una ventana de oportunidad para revisar, actualizar y fortalecer los marcos conceptuales y técnicos con los que el Estado intenta comprender el fenómeno criminal.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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