El buffet de capos: México sirve, Estados Unidos elige del menú

Conferencias de prensa, despliegues militares coordinados, fotografías del capturado esposado, con posible rumbo a Estados Unidos.

El ritual se repite con precisión casi ceremonial: México entrega un nombre, Washington celebra una victoria, y las rutas de la metanfetamina o fentanilo siguen fluyendo sin interrupción hacia Chicago, Los Ángeles y Nueva York.

Mientras tanto, en Michoacán, un nuevo rostro ya ocupa el vacío dejado, las extorsiones continúan, los laboratorios clandestinos operan.

La pregunta incómoda persiste: ¿estamos combatiendo el crimen organizado o simplemente administrando un espectáculo binacional de resultados superficiales?

¿Por qué insistir en capturas de liderazgos simbólicos en lugar de desmantelamiento financiero y operativo?

La estrategia de "cabezas cortadas" responde más a la lógica mediática que a la efectividad operativa. Capturar un líder visible genera titulares inmediatos, satisface presiones políticas de corto plazo y alimenta la narrativa de que "se está haciendo algo". Sin embargo, las organizaciones criminales contemporáneas no son estructuras piramidales frágiles que colapsan al perder su cúspide. Son redes descentralizadas, resilientes, con capacidad de regeneración orgánica.

El verdadero músculo del crimen organizado no reside en el carisma de un líder, sino en su infraestructura financiera: las redes de lavado que transforman efectivo en bienes raíces, las empresas fachada que legitiman capitales ilícitos, los corredores financieros que mueven millones entre jurisdicciones.

Desmantelar estas arterias requiere trabajo técnico sostenido, coordinación entre unidades de inteligencia financiera, rastreo forense de transacciones. Es trabajo invisible, lento, sin fotografías espectaculares. Por eso no se prioriza.

¿Por qué priorizar entregas de capos sobre trabajo conjunto de inteligencia financiera y operativa?

La entrega por “seguridad nacional” se ha convertido en moneda de cambio diplomático.

Estados Unidos presiona, México entrega.

Esta dinámica asimétrica revela una relación donde la colaboración genuina cede ante las concesiones unilaterales. El problema no es extraditar per se, sino que estas entregas sustituyen la construcción de capacidades institucionales compartidas.

Una colaboración equilibrada implicaría intercambio bidireccional de inteligencia financiera en tiempo real, acceso recíproco a bases de datos de lavado de dinero, operaciones conjuntas donde ambos países aporten recursos y reciban resultados.

En cambio, México funciona como proveedor de detenidos mientras Estados Unidos retiene información crítica sobre flujos financieros que atraviesan su territorio. Esta asimetría no solo debilita la estrategia antinarcóticos, sino que perpetúa la dependencia operativa mexicana y limita la capacidad de anticipar movimientos criminales dentro del territorio nacional.

¿Por qué mantener una política de cero restricciones a peticiones estadounidenses en seguridad?

La soberanía en seguridad no es nacionalismo retórico; es capacidad de decidir estrategias según prioridades nacionales.

Cuando México acepta automáticamente cada solicitud de extradición o decide entregar sin moneda de cambio alguna, cada operativo sugerido, cada objetivo señalado por Washington, renuncia a evaluar si esas acciones fortalecen o debilitan su propia estabilidad territorial.

El caso de Tierra Caliente ilustra esta contradicción: mientras se destinan recursos masivos para capturar un líder solicitado externamente, las comunidades michoacanas siguen sometidas a extorsión cotidiana, despojo territorial y violencia fragmentada entre células criminales en disputa por el control local.

La pregunta estratégica debería ser: ¿esta captura reduce la violencia en Michoacán o simplemente reconfigura los actores?

La evidencia histórica sugiere lo segundo. Sin embargo, la política persiste porque responde a presiones externas, no a diagnósticos de seguridad pública nacional.

¿Están los capos capturados negociando impunidad a cambio de información, eludiendo la justicia mexicana?

El sistema de justicia estadounidense ofrece reducciones de sentencia sustanciales a cambio de cooperación. Esta práctica, legítima dentro de su contexto legal, genera efectos perversos cuando se aplica a líderes criminales mexicanos. Un capo extraditado puede proporcionar información valiosa a autoridades estadounidenses, obtener beneficios procesales, y simultáneamente dejar impunes crímenes cometidos en territorio mexicano: asesinatos, desapariciones, terrorismo comunitario.

Las víctimas mexicanas quedan sin justicia mientras el perpetrador negocia en cortes extranjeras. Peor aún, la información proporcionada en estos acuerdos rara vez regresa a México de forma útil y oportuna.

Se crea así un circuito donde el conocimiento criminal fluye hacia Estados Unidos, se procesa para sus fines, y México recibe migajas informativas tardías, insuficientes para desarticular las estructuras operativas que permanecen activas.

Reformular la estrategia desde la autonomía y la inteligencia

Primero: Crear una Unidad Binacional de Inteligencia Financiera Paritaria, con acceso simétrico a información bancaria, transaccional y patrimonial. Que México tenga capacidad de rastrear activos criminales en Estados Unidos con la misma agilidad que la inversa. Institucionalizar protocolos donde cada operación financiera rastreada genere reportes simultáneos para ambos países.

Segundo: Establecer criterios soberanos de priorización de objetivos. No todas las solicitudes de extradición merecen la misma urgencia. México debe desarrollar matrices de evaluación que consideren impacto en violencia local, afectación territorial directa y beneficio estratégico nacional antes de comprometer recursos en capturas solicitadas externamente.

Tercero: Implementar cláusulas de justicia compartida en extradiciones. Que todo capo extraditado primero responda en tribunales mexicanos por crímenes locales, con sentencias ejecutables antes de cualquier transferencia. Que los acuerdos de cooperación incluyan provisiones obligatorias de devolución de inteligencia operativa a México en formatos procesables.

Cuarto: Invertir en capacidades tecnológicas propias de rastreo financiero digital. Desarrollar plataformas nacionales de análisis forense de criptoactivos, monitoreo de empresas fachada y rastreo de patrones de lavado, reduciendo dependencia de tecnologías y análisis estadounidenses.

Conclusiones: del espectáculo a la estrategia

Las fotografías de capos esposados no protegen a las comunidades. El verdadero desmantelamiento del crimen organizado requiere paciencia estratégica, inversión institucional y, sobre todo, autonomía para definir qué batallas librar según intereses nacionales.

Mientras México continúe priorizando victorias simbólicas sobre desarticulación financiera, entregando líderes sin cuestionar la asimetría bilateral, la violencia persistirá bajo nuevos nombres y rostros intercambiables.

La seguridad nacional no se construye con titulares, sino con instituciones capaces de rastrear dinero, anticipar movimientos y decidir estrategias sin subordinación automática a presiones externas. Es momento de elegir entre seguir administrando el espectáculo o construir soluciones duraderas.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.