Opacidad de las llamadas bilaterales. ¿Por qué México negocia seguridad a puerta cerrada mientras todos adivinan?

La ilusión de la respuesta: reactividad versus planificación Integral

Un gobierno en su sano juicio no debería medir el éxito de su política de seguridad por su capacidad de reaccionar rápidamente a declaraciones agresivas provenientes de Washington. Sin embargo, México ha normalizado esta métrica. Cada vez que un funcionario estadounidense menciona intervención directa o amenaza con acciones unilaterales, los aparatos de seguridad mexicanos se movilizan. Se despliegan operativos espectaculares, se capturan capos, se publican cifras, y temporalmente el discurso estadounidense se modera.

El problema estructural es evidente: esta dinámica no aborda por qué existen esos capos, qué permitió su surgimiento, por qué las instituciones locales de procuración de justicia son débiles, y cómo los flujos de dinero y armas alimentan indefinidamente el ciclo criminal. La planificación científica integral requiere diagnósticos basados en datos, identificación de causas raíz, diseño de intervenciones multisectoriales y evaluación de impacto a largo plazo. México posee capacidades para esto, pero las ha subordinado a la urgencia de la respuesta inmediata.

La contención discursiva, ¿cómo responder sin capitular?

Parte del problema radica en cómo el gobierno mexicano ha manejado el lenguaje de la confrontación estadounidense. Frente a amenazas de intervención, la respuesta típica ha sido demostrar que México "sí está actuando", lo que implícitamente acepta el marco de que Estados Unidos tiene derecho a establecer estándares y México debe cumplirlos. Esto es una capitulación discursiva antes de cualquier negociación real.

Una contención discursiva adecuada comienza con claridad: México es un Estado soberano responsable de su territorio, Estados Unidos es un socio con intereses compartidos pero también sus propias responsabilidades, y la presión unilateral debilita la cooperación.

Esto no significa confrontación estéril, sino recalibración del tono. El gobierno mexicano debería articular públicamente cuáles son sus prioridades de seguridad, qué resultados ha alcanzado según sus propios indicadores, y en qué aspectos la cooperación con Washington suma valor genuino en lugar de ser demandas unidireccionales.

Diplomacia especializada: más allá de funcionarios improvisados

La relación de seguridad bilateral con Estados Unidos ha sido tradicionalmente gestionada por diplomáticos de carrera con formación generalista o por militares sin experiencia diplomática. Esto genera desajustes: los diplomáticos no entienden profundamente los detalles técnicos de operativos, inteligencia criminal o sistemas de justicia, mientras que los militares y policías carecen del entrenamiento para negociar dentro de marcos internacionales complejos.

México necesita verdaderos diplomáticos de seguridad, profesionales con formación dual que combinen estudios de relaciones internacionales, seguridad pública, justicia penal y negociación estratégica. Estos especialistas comprenderían tanto el lenguaje técnico de agencias estadounidenses como las consideraciones políticas domésticas mexicanas, permitiendo negociaciones sustanciales en lugar de intercambios de posiciones predeterminadas.

El rol de las figuras clave: García Harfuch y la institucionalidad

La designación de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad Pública representa una apuesta por perfil técnico y operativo. Sin embargo, la efectividad de cualquier funcionario de alto nivel depende de si está respaldado por instituciones sólidas o si se espera que compense carencias sistémicas con carisma y disponibilidad personal. México ha tendido a depender de figuras heroicas en lugar de instituciones robustas.

García Harfuch puede ser un actor importante en la ejecución de estrategia, pero no puede ser la estrategia misma. Su rol debería ser el de principal ejecutor de un plan multianual diseñado institucionalmente, con atribuciones claras, presupuesto garantizado, y protección legal contra presiones políticas inmediatas. Delegar la política de seguridad en una persona es garantizar su colapso cuando esa persona se retire, sea removida o sea rebasada por circunstancias imprevistas.

Escenarios de acuerdos bilaterales viables

Un acuerdo de seguridad bilateral viable no es aquel que cede a todas las demandas estadounidenses, ni aquel que las rechaza de plano. Es aquel que identifica intereses genuinamente compartidos y construye sobre ellos con reciprocidad clara.

Los escenarios más viables incluyen: cooperación selectiva en inteligencia criminal en zonas de frontera con presencia de organizaciones transnacionales específicas, con intercambio de información controlado y protecciones para operativos mexicanos; armonización de protocolos de persecución penal para crímenes que afectan ambas naciones, manteniendo soberanía jurisdiccional mexicana; inversión estadounidense en fortalecimiento de instituciones de justicia local en México, incluyendo financiamiento para capacitación y tecnología, lo que atiende causas raíz en lugar de síntomas; y acuerdos sobre no-interferencia en investigaciones domésticas, protegiendo la soberanía mexicana mientras se aseguran resultados visibles en temas de interés estadounidense.

Las propuestas: hacia una estrategia integral

Cuatro propuestas concretas permitirían a México transitar del ciclo reactivo a una política de seguridad autónoma y efectiva.

Primero, crear un Consejo de Planificación Estratégica de Seguridad con ciclos de planificación de cinco años, independiente de ciclos políticos, que realice diagnósticos trimestrales con metodología científica, identifique prioridades territoriales según análisis de riesgo, y establezca indicadores de éxito desvinculados de eventos inmediatos. Este consejo reportaría públicamente cada seis meses para asegurar continuidad institucional más allá de sexenios.

Segundo, establecer un protocolo de comunicación bilateral que incluya la publicación trimestral de reportes de seguimiento a compromisos de seguridad, con datos desagregados por región y delito. Estos reportes serían de acceso público en México, eliminando la opacidad que permite que narrativas externas dominen la conversación interna sobre éxito o fracaso, mientras se reconoce la importancia de la transparencia con Washington sin subordinación discursiva.

Tercero, crear un Cuerpo de Diplomáticos Especializados en Seguridad dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reclutado de profesionales con experiencia probada en policía, procuración de justicia o seguridad pública, y capacitado en negociación estratégica internacional. Este cuerpo sería responsable exclusivo de todas las negociaciones de seguridad bilaterales, asegurando continuidad y expertise que evite improvisaciones costosas.

Cuarto, redefinir el rol de la Secretaría de Seguridad Pública como ejecutora de mandatos establecidos por el Consejo de Planificación Estratégica, con autonomía técnica pero sin responsabilidad política primaria por resultados inmediatos. Implementar un sistema de evaluación de desempeño desvinculado de capturas mensuales, enfocado en indicadores de impacto a largo plazo como reducción de robo a mano armada, homicidios dolosos, y prevalencia de grupos criminales. Esto permitiría que figuras como García Harfuch actúen dentro de marcos institucionales predefinidos, multiplicando su efectividad.

Finalmente, diseñar un acuerdo bilateral de seguridad integral con duración de cinco años, estructurado en cuatro pilares verificables: intercambio de inteligencia criminal en zonas definidas; capacitación mutua en metodologías de investigación penal; inversión estadounidense en infraestructura de justicia local; y evaluación conjunta trimestral de avances con reportes públicos en ambos países. Este acuerdo evitaría la dependencia de presiones discursivas al establecer compromisos formales, verificables y mutuamente beneficiosos.

Conclusión: de la reacción a la iniciativa

México no recuperará iniciativa estratégica en seguridad mientras continúe como respondiente a amenazas discursivas.

La transición requiere institucionalizar la planificación de seguridad mediante órganos técnicos permanentes, profesionalizar la diplomacia en seguridad mediante especialistas capacitados, e implementar acuerdos bilaterales basados en intereses compartidos verificables. El ciclo de presión y reacción persistirá mientras México mida su éxito por reaccionar rápido en lugar de actuar estratégicamente. Las propuestas presentadas no son idealistas sino pragmáticas, basadas en experiencias exitosas de otros países que superaron dinámicas similares. La pregunta entonces no es cuántos operativos más, sino cuándo comienza la verdadera planificación.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.