#Opidemia | Reforma electoral y la trampa del consenso

La disyuntiva pareciera estar entre consenso y mayoría. Es verdad que suena bien la idea de que pudiera tratarse de una resolución consensual, pero lo cierto es que el uso de la mayoría también se localiza dentro del marco democrático.

En el centro del problema se encuentra el hecho de que la reforma electoral significa una redistribución de recursos, una reconfiguración del poder. El conflicto implica la imposibilidad de determinaciones únicas, es ahí en donde aparece la política y la necesidad de la democracia con sus mecanismos para que dichas fricciones tengan cauces de desahogo.

De esto resulta que en la concepción de consenso hay una trampa: se agazapa la noción de unanimidad. ¿Se le puede exigir al oficialismo, del color que este sea, que tome decisiones única y exclusivamente si se tienen condiciones de “nadie en desacuerdo”? Desde luego que no, al menos no dentro de un sistema con aspiraciones democráticas.

Resulta de utilidad la distinción que hace René Torres-Ruiz en su libro La eclosión democrática. Una crítica a la democracia liberal en tiempos de globalización y neoliberalismo (2025, Prometeo): “entiendo por consenso la unanimidad. Es hacer que todos los miembros de una comunidad o un grupo consientan lo que se ha decidido cuando se emprende una discusión para resolver un desacuerdo o una desavenencia”.

¿Cuál es la alternativa? “Por esa razón, propongo utilizar mejor el término acuerdo, que lo entiendo como la posibilidad de mover, desplazar o recolocar temporalmente las dificultades e inconvenientes que pudiesen impedir el arreglo y terminación de un asunto o negocio público”, plantea el autor (p. 284).

Así que lo que queda es la búsqueda de acuerdos, no de unanimidad. Pero los pactos parecen estar destinados a tener como protagonistas a quienes integran la coalición legislativa mayoritaria, en un diálogo de Morena con el Partido Verde y el PT.

Para la oposición queda descartada, desde luego, la exploración del consenso, ni siquiera, al parecer, existe la posibilidad de la búsqueda de acuerdos. Ahí hay responsabilidad tanto de quien ejerce el poder como de quien sólo, sin mucha imaginación y teniendo como arma exclusiva la descalificación, se ha alejado de la toma de decisiones trascendentales.

El 2026 ha comenzado con vigor. Desde las primeras horas del nuevo año se ha hecho presente la sensación de incertidumbre, así como la de que el tiempo se viene encima, de que es necesario tomar decisiones con prisa. Empero, la reforma electoral, pese a que se anunció desde hace tiempo, aún no es un tema concluido.

El proceso electoral de 2027 en realidad comienza en este 2026, en septiembre. De acuerdo con la legislación, cualquier norma de corte electoral se debe promulgar con más de 90 días previo al arranque formal de la liza electoral. El tiempo juega en contra para una megaelección en la que estarán en disputa los espacios de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y hasta parte del Poder Judicial.

Aceptada la imposibilidad del consenso, de la unanimidad, lo cierto es que tampoco aparecen los acuerdos tras 65 audiencias públicas a lo largo del país, 5 mil 294 ponencias y 382 propuestas de reforma recibidas en el marco de los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada, como se sabe, por Pablo Gómez.

Se admiten los temas, pero no hacia dónde se debe reestructurar al INE, atender a los grupos históricamente discriminados, o si deben desaparecer los organismos públicos locales electorales (OPLE) y los tribunales estatales electorales, o si se deben reducir o hasta eliminar los legisladores por el principio de representación proporcional, los conocidos como “pluris”.

No se les puede juzgar a unos y a otros, a quienes gobiernan y a quienes se les oponen, más que por los efectos que tendrán para el país las determinaciones que, por su acción o su omisión, se pongan en marcha en breve.

El panorama de por sí complejo se ha agravado con las amenazas, algunas ahora cumplidas, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En ese entorno el Congreso tendrá ahora un papel fundamental sin importar que la solicitud provenga de la Presidencia. ¿De acuerdo?

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Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.