El 22 de febrero de 2026, en el marco de la Operación Jalisco, el Ejército Mexicano abatió a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes en una zona montañosa del municipio de Tapalpa, Jalisco. Con él caía el hombre más buscado del crimen organizado transnacional en las últimas dos décadas, el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que transformó el paradigma de la violencia y el negocio criminal en México.
Pero apenas la Secretaría de Defensa confirmó la muerte y la Fiscalía General de la República entregó el cuerpo a sus familiares tras agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, una pregunta comenzó a flotar sobre la opinión pública con la gravedad de una amenaza que nadie quería nombrar: ¿qué haremos con ese cuerpo?
No es una pregunta frívola ni macabra. Es, en cambio, una de las decisiones de política pública más trascendentes que enfrenta el Estado mexicano en este momento.
Porque el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes no es simplemente un cadáver. Es, potencialmente, el altar de un culto en formación; el primer acto de una liturgia narco que el Estado debe tener el coraje de interrumpir antes de que comience.
La historia, cuando se ignora, cobra facturas muy caras. Colombia lo sabe de sobra.
Desde la muerte de Pablo Escobar, su tumba en el cementerio Jardines Montesacro de Medellín se convirtió en un lugar de peregrinación cotidiana. Decenas de curiosos, turistas y figuras del mundo popular llegan cada día a rendir culto al difunto, al grado de que empleados del cementerio encontraban regularmente drogas, municiones y estampitas religiosas depositadas junto a su lápida.
Juan Carlos Velázquez, sacerdote dedicado a trabajar con jóvenes de pandillas en Medellín, advierte que desde la muerte del capo su figura vivió un proceso de mitificación que lo convirtió en leyenda y en modelo a seguir para la masa reprimida: "Lo ven como un santo".
Cada año son más los turistas interesados en hacer esos recorridos, y su número al menos se duplicó en los últimos cinco años según guías del propio narcotour.
El caso de Escobar demostró que una tumba mal gestionada puede volverse más poderosa que todos sus crímenes juntos: un punto de convergencia simbólica, un lugar sagrado para la cultura del delito.
México tiene su propio precedente.
En Culiacán, el cementerio Jardines del Humaya se ha convertido en lo que ya nadie se atreve a llamar de otra manera: el panteón de los narcos. La tumba de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", destaca con una capilla con capacidad para 50 personas y ha sido estimada en 490 mil dólares.
El recinto atrae youtubers, turistas e influencers que graban contenido entre mausoleos dignos de un monarca medieval.
Esto no es arqueología del crimen: es la narcocultura reproduciendo sus propios templos en tiempo real, con permiso del Estado.
Cuando murió Bernardo Provenzano, histórico capo de la Cosa Nostra siciliana, el Estado italiano no dudó.
La policía prohibió cualquier tipo de procesión que ofreciera a los habitantes de Corleone la oportunidad de rendir homenaje al capo. Solo obtuvo una misa fúnebre con familiares cercanos y fue enterrado en un panteón familiar sin ninguna referencia a la vida que llevó.
Cuando cayó Matteo Messina Denaro, el último gran padrino de la Cosa Nostra, las autoridades prohibieron la entrada al cementerio a cualquier persona que no fuera familia directa y bloquearon todos los accesos desde las seis de la mañana.
El obispo de Sicilia, además, prohibió los funerales religiosos para los mafiosos, en una política que refleja una postura de cero tolerancia adoptada por los obispos sicilianos en los últimos años.
Lo que Italia comprendió es una verdad criminológica simple pero poderosa: los rituales funerarios son actos políticos. Convertir la despedida de un capo en un evento multitudinario equivale a reconocerle legitimidad social, a confirmarle a los jóvenes que crecieron admirándolo que ese fue un camino que valió la pena.
El Estado que permite ese espectáculo abdica de una de sus funciones más básicas: definir los límites morales de lo que merece ser celebrado.
Negar un espacio público a la velación y sepultura de figuras como El Mencho no requiere inventar legislación nueva.
El andamiaje jurídico ya existe, aunque disperso y subutilizado. El artículo 208 del Código Penal Federal tipifica la apología del delito como aquella acción que, pública y expresamente, defiende la conducta criminal de alguien; una velación masiva de un líder terrorista declarado, con corridos, fotografías y manifestaciones de duelo colectivo, encajaría perfectamente en ese supuesto.
La Ley de Seguridad Nacional, en sus artículos 5 y 6, faculta al Consejo de Seguridad Nacional para adoptar medidas preventivas frente a amenazas que pongan en riesgo la paz pública y la cohesión social del Estado mexicano.
Más aún, estados como Nayarit, Jalisco y Michoacán ya han publicado prohibiciones expresas de expresiones musicales que promuevan la apología del delito y la violencia , lo que abre la puerta a que los gobiernos locales restrinjan actos públicos vinculados con figuras del crimen organizado.
El derecho a ser inhumado es un derecho humano reconocido internacionalmente, incluso para quienes cometieron los crímenes más graves. Pero ese derecho no implica el derecho a un funeral público masivo ni el derecho a que el Estado o algún privado ceda espacios bajo su administración para convertirlos en escenario de culto criminal.
La distinción es crucial: nadie niega la sepultura privada; lo que el Estado debe negar con firmeza es el uso del espacio público como amplificador del narcomito.
La primera propuesta es la más urgente: el Gobierno federal debe emitir un protocolo de manejo de restos de líderes del crimen organizado, que establezca que los servicios funerarios de figuras designadas como amenaza a la seguridad nacional se realizarán de manera estrictamente privada, con presencia exclusiva de familiares directos, sin acceso a medios de comunicación y sin que el Estado intervenga en facilitar ni espacios ni logística.
La segunda propuesta es preventiva y de largo alcance: México necesita una política nacional de memoria crítica frente al crimen organizado, similar a lo que Colombia intentó construir en Medellín. El alcalde de Medellín declaró: "Quien venga a hacer apología al delito no es bienvenido" Milenio, y ordenó demoler el Edificio Mónaco para construir en su lugar un parque en honor a las víctimas. México debe apostar por memoriales dedicados a las víctimas del CJNG, que sean los verdaderos protagonistas del relato público que el Estado construya tras la muerte de El Mencho.
La tercera propuesta es educativa y cultural: el Estado debe fortalecer programas de contracultura y sentido crítico en comunidades donde la narcocultura es referente identitario, desde Aguililla hasta Tapalpa. No mediante prohibiciones vacías de narcocorridos, sino a través de inversión real en narrativas alternativas de éxito, comunidad y dignidad.
El CJNG respondió a la muerte de El Mencho con bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques en al menos la mitad de los estados de la República.
Esa violencia de represalia no fue solo una demostración de fuerza operativa: fue el primer acto del duelo narco, la primera manifestación de que Nemesio Oseguera Cervantes ya está en camino de convertirse en mártir para quienes lo siguieron. La semilla del culto ya fue sembrada desde el momento en que el cártel movilizó pistoleros dispuestos a morir por vengar su caída.
Si el Estado permite que esa semilla germine en un funeral masivo, en una tumba decorada con capillas y altares en algún panteón de Michoacán o Jalisco, habrá ganado el operativo pero perdido la batalla cultural.
Y esa batalla, la que se libra en el imaginario colectivo de los jóvenes que crecen entre la pobreza y la fascinación por el poder narco, es la más larga y la más difícil de ganar.
El último honor que el Estado mexicano le debe a Nemesio Oseguera Cervantes es, precisamente, negárselo.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
