México, país donde hasta las coladeras cotizan en bolsa criminal

La obra pública pagada con impuestos termina reciclada al peso.

Este fenómeno permaneció invisibilizado durante bastante tiempo hasta que el periodista Andrés Solís, desde Meganoticias TVC, documentó junto con sus colegas de investigación de la misma cadena, que el país está perdiendo infraestructura a una velocidad alarmante, mientras los gobiernos apenas reaccionan.

El resultado es una crisis silenciosa que deteriora servicios públicos esenciales, genera accidentes mortales, provoca apagones y fuga de recursos millonarios. Frente a este escenario, México necesita reconocer el robo de equipamiento urbano como un delito estratégico que vulnera la seguridad, la movilidad, la salud y la vida cotidiana.

¿Qué se roban y por qué? El valor oculto de la infraestructura urbana

El botín urbano es diverso y rentable.

Las coladeras de hierro fundido y los registros de drenaje se revenden por tonelada a fundidoras clandestinas; el cobre extraído de cables eléctricos, semáforos y telefonía tiene un valor elevado en mercados internacionales; las tuberías y válvulas de agua se venden como refacciones sin control sanitario; luminarias LED y transformadores se comercializan como “material recuperado”; incluso las baterías de equipos de señalización vial terminan en chatarrerías.

El crimen organizado opera como intermediario y compra a cuadrillas locales que desmantelan infraestructura con rapidez. La lógica es simple: el costo criminal es bajo, la ganancia inmediata y la reposición la paga el gobierno. Este tipo de robo aumenta en zonas con escasa vigilancia, mantenimiento deficiente y burocracias incapaces de inventariar sus propios bienes.

Esta negligencia tiene consecuencias fatales. En noviembre de 2023, dos mujeres que asistían a un concierto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, cayeron en una coladera sin tapa. No había señalización, iluminación ni personal que advirtiera el peligro. Ambas murieron antes de recibir ayuda. No fue un accidente: fue la consecuencia directa de una infraestructura desmantelada sin control y de una autoridad incapaz de proteger espacios públicos básicos.

Prevención urgente: soluciones técnicas, legales y operativas

Mitigar estos delitos requiere medidas simultáneas:

a) Soluciones técnicas: sustitución de coladeras metálicas por polímeros reforzados sin valor de reventa; blindaje de cables con fundentes químicos que inutilizan el cobre al extraerlo; dispositivos de anclaje con código QR para inventarios públicos y rastreo de piezas; uso de sensores que alerten sobre la apertura o retiro de infraestructura crítica.

b) Soluciones legales: los centros de reciclaje deben estar obligados a registrar a vendedores, exigir facturas y reportar compras sospechosas.

c) Soluciones operativas: inventarios digitales actualizados, inspecciones permanentes en puntos críticos, cámaras en zonas estratégicas y brigadas mixtas de seguridad y mantenimiento. No se trata solo de reaccionar cuando algo desaparece, sino de anticiparse con tecnología y trazabilidad, evitando tragedias como la del Palacio de los Deportes.

Sanciones necesarias: el daño social debe perseguirse como delito grave

Hoy, en muchos estados, el robo de infraestructura se castiga como si fuera un hurto menor.

Esta visión es absurda.

La sustracción de un registro puede provocar la muerte de una persona; el robo de cables de semáforos genera choques múltiples; la extracción de válvulas de agua produce fugas masivas y contaminación.

Por ello, debe tipificarse como delito grave por afectación a servicios esenciales. Las sanciones deben aplicarse no solo a quien roba, sino a quienes compran, transportan, funden, reciclan y comercializan materiales sin verificación. Además, las empresas de reciclaje que compren infraestructura pública sin comprobación deben enfrentar multas millonarias, clausura y responsabilidad penal. Penalizar solo al ladrón perpetúa el ciclo criminal y deja impunes a los actores económicos que lucran con la tragedia.

Obligaciones ineludibles: cada nivel de gobierno tiene funciones específicas

Los municipios deben ser responsables del inventario en tiempo real, la vigilancia de puntos críticos y el mantenimiento inmediato. Los gobiernos estatales deben coordinar a las fiscalías para perseguir redes, no robos aislados, además de regular centros de reciclaje y fundidoras. El gobierno federal debe tipificar el delito a nivel nacional, coordinar inteligencia patrimonial para rastrear compradores y financiar tecnologías preventivas.

Hoy, la falta de coordinación genera impunidad compartida: el municipio reporta, la policía estatal no investiga, la federación no prioriza y el reciclador alega “ignorancia”. Mientras tanto, la ciudadanía camina sobre trampas mortales.

Una solución integral: trazabilidad, corresponsabilidad y tecnología pública

México necesita una política nacional contra el robo de infraestructura urbana basada en tres pilares:

- Trazabilidad obligatoria de bienes públicos desmontables.
- Corresponsabilidad penal de cada actor de la cadena de compra.
- Tecnología accesible para gobiernos locales.

Cada pieza retirable debe estar inventariada en una plataforma pública con código único. Cada centro de reciclaje debe registrar compras en un sistema interconectado. Cada brigada municipal debe contar con herramientas de autenticación.

Además, la federación debe crear un fondo para sustituir infraestructura vulnerable por materiales no comercializables. Esta política cerraría el mercado ilegal que hace posible el robo.

Conclusión

El robo de infraestructura urbana no es vandalismo menor; es una amenaza estructural que cobra vidas y erosiona servicios públicos.

México puede contener esta crisis si reconoce su gravedad, penaliza a toda la cadena criminal y coordina soluciones preventivas basadas en trazabilidad y tecnología. Proteger la infraestructura no es gasto: es seguridad pública y el derecho ciudadano a una ciudad que no asesine por negligencia.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.