Andrés Manuel López Obrador descubrió que su hijo menor consumía vapeadores.
En lugar de enfrentar este dilema familiar como millones de padres, decidió que si su hijo no podía vapear, ningún mexicano podría. Sin investigación científica rigurosa ni consulta pública, transformó la angustia doméstica en ley penal con penas de ocho años de prisión.
Un padre enfadado accedió a la maquinaria legislativa y criminalizó a ciudadanos adultos. Se construyó un discurso sobre "protección a menores" careciendo de fundamentación real. El vapeador fue equiparado con sustancias verdaderamente letales. Todo porque las neurosis privadas de los poderosos se convirtieron en obligaciones nacionales.
Cuando gobernantes legislan sobre sus propias dificultades personales, el sistema de pesos y contrapesos colapsa.
Es dictadura sanitaria.
Es medieval.
Lo más grave revela ignorancia legislativa completa sobre control de mercados. El mercado de vapeadores generaba miles de millones legales. Con un trazo presidencial, todo se convirtió en territorio virgen para el crimen organizado.
¿Qué sucede ahora?
Los criminales controlarán el negocio sin supervisión sanitaria. Los vapeadores ilegales contienen metales pesados, fentanilo adulterado, sustancias adictivas que garantizan clientela cautiva. Cada peso que gasta un mexicano financia a cárteles, no a pequeños empresarios.
Los legisladores parecen vivir ajenos a su propia geografía criminal. ¿No conocen la Prohibición estadounidense? ¿No han estudiado cómo la Guerra contra las Drogas alimentó carteles mexicanos? Votaron como máquinas legislativas y entregaron un negocio multimillonario a organizaciones que usan esas ganancias para financiar violencia.
México debería haber aprendido hace casi un siglo. Durante la Prohibición estadounidense (1920-1933), el crimen se fortaleció, las cárceles se llenaron, y el consumo nunca desapareció. Hoy se comete el mismo error: prohibición no elimina demanda, la desplaza a mercados negros donde criminales venden productos adulterados.
La matriz es siempre idéntica: criminalización → mercados negros lucrativos → violencia criminal → sobrecarga penitenciaria → corrupción institucional. México vive esta espiral porque eligió prohibición sobre regulación.
Incluso su experiencia interna lo demuestra. La regulación de marihuana produjo: reducción de violencia asociada al tráfico, ingresos fiscales, acceso controlado. Funcionó mejor que la clandestinidad. Pero cuando enfrentó el dilema con vapeadores, retrocedió.
¿Por qué? Porque fue decisión caprichosa, no evidenciada.
Mientras México se sumía en prohibición medieval, Chile implementó regulación inteligente. Estableció edad mínima (18 años), controló composición química prohibiendo sustancias específicamente peligrosas, restringió publicidad dirigida a menores, requirió etiquetado claro de nicotina, implementó impuestos desincentivadores, y generó datos científicos robustos.
¿Los resultados?
Reducción significativa de consumo entre menores, acceso legal adulto a productos de composición conocida, ingresos fiscales para salud pública, y—crucialmente—eliminación de demanda que alimentaba mercados negros.
Chile permitió venta solo en establecimientos autorizados. Autoridades cierran locales que violan regulaciones. Crimen organizado no puede competir con precios legales. Se mantiene registro de transacciones que permite rastreo epidemiológico.
Comparando: la prohibición mexicana garantiza que únicamente criminales venderán vapeadores, sin registro, sin control, financiando violencia. ¿Cuál sistema genera menos daño? La ignorancia legislativa mexicana es grave porque la información estaba disponible.
México enfrenta crisis penitenciaria con 150% de capacidad. Una reforma que criminaliza comercialización es irresponsabilidad estatal. Penas de ocho años igualan la de abuso sexual. Absurdo.
La criminalización afecta desproporcionadamente a pobres. Un joven de clase media soborna. Uno de zonas vulnerables ingresa al sistema penitenciario etiquetado criminalmente, pierde oportunidades laborales, incrementa probabilidades de reincidir. La criminalización nunca es neutral. Siempre reproduce desigualdad. Transforma usuarios en delincuentes mientras entrega ganancias a carteles.
Portugal descriminalizó drogas con regulación estatal obteniendo: reducción de muertes, menores índices en jóvenes, sistemas de salud resilientes. Canadá legalizó cannabis con regulación exhaustiva. Suiza implementó supervisión estatal.
La ruta inteligente era emular el modelo chileno: edad mínima legal, supervisión de composición química, restricción de publicidad, espacios regulados, etiquetado transparente, impuestos, registro de transacciones.
Requiere inversión institucional, no produce ilusión de "seguridad", pero funciona. Porque reconoce realidad: demanda existe, criminalización la desplaza hacia criminales, regulación produce resultados medibles mejores.
La prohibición producirá lo predecible: mercados negros florecientes, los criminales se enriquecen, los usuarios se criminalizan, las cárceles se abarrotan, los narcotraficantes lucran. En algunos años, otro gobierno descubrirá que la prohibición fracasó mientras Chile consolidó modelos regulatorios superiores.
México eligió nuevamente la prohibición cuando ya conoce mejor camino. Pagará nuevamente el precio: violencia criminal, cárceles abarrotadas, industria multimillonaria financiando crimen organizado.
Una nación que olvida su propia historia está condenada a repetirla.
México olvidó.
Y volverá a sufrir.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
