Las cifras delictivas, la mentira contada cada 15 días

La metodología invisible, ¿qué miden las carpetas de investigación?

Las estadísticas oficiales de homicidios en México provienen exclusivamente de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales. Este mecanismo, aparentemente técnico y neutral, contiene una trampa metodológica: solo se contabiliza lo que las autoridades deciden investigar como homicidio doloso. La realidad es que un cadáver encontrado no se traduce automáticamente en una carpeta de investigación con esa clasificación específica. Existe un largo proceso de decisiones institucionales que determinan si un cuerpo será registrado como homicidio doloso, culposo, desaparición, muerte accidental o simplemente no será registrado en ninguna categoría.

Este sistema otorga a las fiscalías estatales un poder discrecional enorme para definir la narrativa estadística de la violencia. Cuando una autoridad ministerial determina que un caso no amerita la apertura inmediata de una carpeta, o cuando decide reclasificar un homicidio doloso como culposo, está modificando directamente las estadísticas oficiales sin que medie criterio técnico verificable externamente. La ausencia de protocolos uniformes de clasificación entre los 32 estados agrava el problema, permitiendo que cada fiscalía aplique sus propios criterios según conveniencias políticas o capacidades institucionales.

El eslabón perdido: de la violencia al dato

Entre un homicidio real y una estadística oficial existen múltiples filtros institucionales donde la información puede perderse, distorsionarse o reclasificarse:

a) El cuerpo debe ser encontrado, lo cual no siempre ocurre dada la práctica generalizada de desaparición forzada y la existencia de fosas clandestinas.

b) Debe reportarse a las autoridades, algo que no sucede en territorios controlados por grupos criminales o donde existe desconfianza institucional.

c) Debe iniciarse una carpeta de investigación, lo cual depende de la voluntad y capacidad de fiscalías frecuentemente rebasadas.

d) Debe clasificarse correctamente como homicidio doloso, sin que intervengan presiones para modificar la tipificación.

Cada uno de estos filtros representa una oportunidad para que la violencia real no se refleje en las cifras oficiales. Los cuerpos que nunca aparecen, las familias que no denuncian por miedo, las carpetas que jamás se abren, los casos reclasificados bajo presión política: todo esto genera una brecha entre la violencia experimentada en territorio y los números que celebra el gobierno federal. Esta desconexión no es accidental ni secundaria, es estructural al sistema de medición.

La reclasificación selectiva: cuando los números se ajustan a la narrativa

La presentación de las cifras en la conferencia matutina revela otro problema metodológico: la comparación selectiva de periodos. Se compara septiembre 2024 con octubre 2025, un recorte temporal que permite mostrar la reducción más favorable posible, pero que no corresponde con años completos ni periodos homologables. Esta práctica, común en la comunicación gubernamental, busca maximizar el impacto político de las cifras sin ofrecer contexto estadístico robusto.

Más preocupante aún es la ausencia de transparencia sobre los criterios de reclasificación de casos. Cuando el gobierno federal habla de "disgregación de datos", no está explicando una mejora técnica sino reconociendo implícitamente que las categorías delictivas pueden modificarse.

¿Cuántos homicidios dolosos de meses anteriores fueron reclasificados posteriormente? ¿Bajo qué protocolos?

¿Con qué supervisión externa?

Estas preguntas permanecen sin respuesta, mientras las cifras oficiales se presentan como verdades incontrovertibles.

El contraste con la realidad territorial

Las propias cifras gubernamentales contienen contradicciones reveladoras. Se informa que siete estados concentran el 51% de los homicidios: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Estas entidades viven situaciones de violencia extrema ampliamente documentadas por medios, organizaciones civiles y testimonios ciudadanos. Sin embargo, según los números oficiales, incluso en estos estados la violencia ha disminuido significativamente. Esta desconexión entre percepción ciudadana, reportes periodísticos y estadísticas oficiales no puede explicarse únicamente por sesgo mediático o percepción distorsionada.

El caso del Estado de México es paradigmático: las autoridades celebran una reducción del 42% en homicidios dolosos que lo hizo descender del segundo al quinto lugar nacional. Pero esta mejora estadística coincide con reportes persistentes de violencia contra mujeres, desapariciones y enfrentamientos armados. ¿Cómo conciliar ambas realidades? La respuesta más probable es que las cifras oficiales capturan solo una fracción de la violencia real, y que esa fracción puede manipularse mediante decisiones de clasificación y registro.

Hacia una reinterpretación rigurosa: propuesta metodológica alternativa

Para superar estas limitaciones, México requiere un sistema de medición de violencia que combine múltiples fuentes de información y genere indicadores complementarios. La propuesta incluye cinco componentes:

1) Establecer un sistema nacional de hallazgo e identificación de cuerpos que registre todos los cadáveres encontrados, independientemente de si generan carpetas de investigación, permitiendo contrastar muertes violentas con homicidios oficialmente registrados.

2) Crear indicadores de saturación forense que midan el porcentaje de cuerpos no identificados, el tiempo de identificación y el backlog de análisis, revelando la capacidad real del sistema de justicia para procesar la violencia.

3) Integrar datos de desapariciones forzadas como indicador complementario, reconociendo que muchas desapariciones terminan en homicidios no contabilizados.

4) Implementar encuestas de victimización estandarizadas y continuas que capturen la experiencia directa de violencia más allá de los reportes oficiales, como ya hacen otros países con problemas de subregistro.

5) Establecer auditorías externas e independientes de las carpetas de investigación, con protocolos uniformes de clasificación revisados por organismos internacionales, que eliminen discrecionalidad en la tipificación de delitos.

Solo mediante esta aproximación multidimensional será posible evaluar realmente si la violencia disminuye o si simplemente estamos mejorando nuestra capacidad de no contabilizarla. Las cifras actuales no mienten necesariamente, pero tampoco dicen toda la verdad. Y en materia de seguridad pública, lo que no se mide adecuadamente no puede combatirse efectivamente.

México merece un sistema de información sobre violencia que refleje la realidad de millones de personas que viven el miedo cotidiano, no solo la narrativa política que conviene al gobierno en turno.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.