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De Gertz a Godoy: de la autonomía caprichosa a la obediencia disciplinada

El péndulo institucional pasó de ‘hago lo que quiero’ a ‘hago lo que me dicen’.
jue 04 diciembre 2025 06:04 AM
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Ernestina Godoy es percibida como una figura cercana al poder presidencial, lo que abre dudas razonables sobre su capacidad para resistir presiones. La estrategia de seguridad requiere contrapesos, no subordinación, considera Alberto Guerrero Baena. (Cuartoscuro)

La inminente elección de la nueva Fiscal General de la República, votada para este 3 de diciembre, se desarrolló bajo una atmósfera de sospecha política y de tensiones institucionales que revelan la fragilidad del sistema de procuración de justicia en México. Ernestina Godoy, exconsejera jurídica del Ejecutivo y actual encargada de despacho de la FGR, aparece como la favorita indiscutible en una terna femenina que muchos observan como un mero trámite.

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La salida abrupta de Alejandro Gertz Manero dejó un vacío lleno de expedientes pendientes, disputas internas y presiones externas. En este contexto, la pregunta central es inevitable: ¿será la Fiscalía verdaderamente autónoma o continuará su ruta de subordinación política disfrazada de legalidad institucional?

Filtraciones, cartel de Tabasco y el riesgo de impunidad

Uno de los ejes más sensibles del relevo en la FGR es la filtración de información sobre las corruptelas vinculadas al llamado cartel de Tabasco, que involucra a una serie de personajes políticos de primera línea que se envuelven en una red de intereses políticos y económicos que ha logrado infiltrarse en espacios estratégicos del gobierno.

Con la llegada de funcionarios cercanos al Secretario de Seguridad y Protección Federal Omar García Harfuch, la preocupación se intensifica: ¿quién controla la información y a quién beneficia su manipulación?

El riesgo no es hipotético.

En México, la filtración selectiva se ha convertido en un mecanismo de presión política y un arma para negociar lealtades. Cuando una fiscalía queda capturada por intereses del gabinete, la línea entre investigación y utilidad política se vuelve difusa. La ciudadanía lo percibe: cada fuga de documentos, cada expediente congelado, cada escándalo frenado fortalece la idea de que la justicia es un instrumento y no una institución.

Para este fin, tenemos una serie de soluciones utópicas, que pueden abonar al debate como como eficientar una institución monolítica como la FGR.

Propuesta: Para frenar las filtraciones y blindar investigaciones sensibles, la FGR debe implementar una Unidad de Integridad Operativa con controles de acceso biométricos, auditorías forenses permanentes y un sistema de clasificación reforzada administrado por un órgano externo, independiente del Ejecutivo y del propio fiscal en turno. Involucrar a la Auditoría Superior de la Federación y Observatorios de Vigilancia y respeto a Derechos Humanos, en esquemas de verificación cruzada permitiría limitar la manipulación política de expedientes.

Una reforma del sistema penal que inicie en casa

La crisis de la procuración de justicia en México no se resolverá con cambios de nombres, ni con el reemplazo simbólico de figuras visibles. La estructura misma del sistema penal sigue siendo un rompecabezas inconexo entre federación y estados, donde las fiscalías estatales representan el eslabón más débil. ¿Cómo exigir resultados cuando la profesionalización, la tecnología y la independencia varían dramáticamente de entidad en entidad?

La FGR, como institución rectora del sistema penal acusatorio, debería marcar la ruta de una reforma integral. Sin embargo, durante años ha operado con inercias inquisitoriales, rezagos tecnológicos y una cultura institucional que favorece la opacidad. Si la nueva fiscal no inicia una transformación interna profunda, cualquier esfuerzo externo será cosmético.

Propuesta: La reforma debe comenzar con un rediseño total del Servicio Profesional de Carrera Ministerial. Esto implica concursos de oposición reales, una academia nacional de investigación criminal vinculada a estándares internacionales y un mecanismo uniforme de capacitación obligatoria para fiscalías locales. La FGR debe liderar un acuerdo nacional que establezca metas verificables y sanciones para los estados que incumplan.

Seguridad nacional y la tentación del alineamiento político

La coordinación de la estrategia nacional de seguridad exige equilibrio entre cooperación institucional y autonomía técnica. En un país donde la seguridad pública se ha centralizado políticamente, una fiscal afín al Ejecutivo corre el riesgo de convertirse en un engranaje más de la maquinaria gubernamental. ¿Puede una Fiscalía dependiente del gabinete investigar omisiones, abusos o fallas del propio gobierno? La historia reciente sugiere que no.

Godoy es percibida como una figura cercana al poder presidencial, lo que abre dudas razonables sobre su capacidad para resistir presiones. La estrategia de seguridad requiere contrapesos, no subordinación. La Fiscalía debe ser un árbitro técnico, no un actor político que legitime decisiones previamente tomadas en el gabinete.

Propuesta: Establecer un Consejo de Coordinación Interinstitucional donde la FGR tenga voto técnico, no subordinado, y donde participen expertos independientes encargados de evaluar el desempeño de programas y operativos. La coordinación debe centrarse en inteligencia criminal y persecución financiera, no en alineamientos políticos.

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¿Es posible erradicar la corrupción estructural?

La corrupción en la procuración de justicia no es un problema de individuos, sino de estructuras enteras que incentivan la extorsión, la venta de expedientes y la negociación de impunidades. Erradicarla implica desmontar redes internas, modificar lógicas de incentivos y, sobre todo, romper alianzas con actores políticos que se benefician de la opacidad. ¿Puede lograrlo una fiscalía que inicia su mandato bajo sospecha de favoritismo?

La respuesta dependerá menos de la persona y más de los mecanismos que se instauren para fiscalizar a quienes deben investigar. Sin control externo, ninguna fiscalía será autónoma.

Propuesta: Crear un Mecanismo Nacional contra la Corrupción Ministerial con facultades para investigar a agentes del Ministerio Público, peritos y mandos de la FGR y de fiscalías estatales. Su dirección debe recaer en un perfil elegido por un comité ciudadano con participación internacional.

Conclusión

La elección de la nueva Fiscal General definirá el rumbo institucional del país.

México necesita una Fiscalía autónoma, técnica y blindada frente a intereses políticos. Las propuestas están sobre la mesa. La decisión, sin embargo, revelará si existe voluntad real de transformar la justicia o si continuaremos administrando la crisis

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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