Tlatelolco le habló al país… y el gobierno se tapó los oídos

México está cansado: del miedo que paraliza, de las instituciones que no llegan, de la corrupción que nunca desaparece y del discurso oficial que se quedó sin credibilidad.

El hartazgo no es nuevo, pero sí lo es su capacidad para unir. Jóvenes y personas adultas mayores, colectivos feministas y organizaciones vecinales, creyentes y no creyentes, comunidades indígenas, especialistas y familias de desaparecidos coincidieron en algo fundamental: la inseguridad atraviesa a todas las clases sociales y regiones, y ninguna narrativa oficial ha logrado ocultarlo.

Ese cansancio compartido está generando una especie de unidad emocional y política que no pasa por partidos ni por ideologías, sino por una necesidad básica: sobrevivir. Los presupuestos públicos que crecen para propaganda, militarización y programas clientelares, pero se reducen para salud, educación y prevención, no hacen sino reforzar esa sensación de abandono. En ese vacío, la sociedad civil se está encontrando a sí misma.

El diálogo respetuoso frente a un gobierno que ya no escucha

En Tlatelolco no hubo insultos. No hubo pancartas contra funcionarios específicos ni consignas diseñadas para dividir. Hubo crítica, sí, pero crítica basada en datos, experiencias y análisis; hubo propuestas, diagnósticos compartidos y, sobre todo, una apertura para escuchar al otro. Para México, país donde la esfera pública se ha convertido en un campo de batalla emocional, esto es excepcional.

La paradoja es evidente: mientras la ciudadanía demuestra que es posible un diálogo respetuoso incluso entre personas con profundas diferencias, el Gobierno de México —que debería estar ahí para escuchar— optó por ausentarse. Esa ausencia no es un accidente, sino un patrón. La administración actual ha desarrollado una habilidad peligrosa: solo escucha a quienes confirman su narrativa, a sus intelectuales orgánicos, a sus cuadros leales. Todo lo demás es ruido, “conservadurismo disfrazado”, “manipulación mediática” o “grupos de interés”.

El contraste es brutal: mientras la sociedad civil se esfuerza por romper sus burbujas, el gobierno cerró la suya con doble candado.

El centralismo que nunca se fue

Uno de los puntos más incómodos del encuentro fue la constatación histórica que se mencionó varias veces: México sigue atrapado en un centralismo que comenzó en el siglo XIX. La estructura política actual, lejos de ser “transformadora”, replica la lógica de los conservadores de 1836: un poder federal que concentra decisiones, controla recursos y define unilateralmente las prioridades nacionales.

La retórica de cambio no ha modificado la arquitectura del poder. La militarización de la seguridad, el uso político del presupuesto, el control discrecional de las fiscalías, la dependencia financiera de los estados y municipios, y la toma unipersonal de decisiones importantes son síntomas de un centralismo disfrazado de modernidad.

Si las estructuras institucionales no cambian, los resultados tampoco. Y allí está la evidencia: la inseguridad se mantiene, las desapariciones aumentan, y la capacidad de investigación criminal sigue siendo tan débil como hace una década.

Corrupción: el enemigo que se volvió paisaje

La corrupción, esa palabra omnipresente en el discurso oficial, funciona como un fantasma cómodo: se denuncia, se señala en pasado, pero rara vez se combate en presente. En el encuentro se habló sin rodeos: existe corrupción de alto nivel —en contratos, programas, obras y compras públicas— pero también corrupción cotidiana en trámites, policías, fiscalías y oficinas locales.

El problema no es solo moral, es estructural. Y lo más grave es que, a pesar de los discursos, no hay un plan serio para desmantelar los incentivos que la sostienen.

Combatir la corrupción no significa perseguir enemigos políticos, sino profesionalizar instituciones, transparentar presupuestos y diseñar sistemas de control que no dependan de la voluntad de un solo líder. Nada de eso existe hoy.

La selectividad como política pública

El gobierno presume cercanía con el pueblo, pero practica una escucha selectiva que excluye voces incómodas: activistas independientes, especialistas críticos, organizaciones de víctimas y académicos que no se alinean con la narrativa oficial.

En su lugar, prioriza mesas cerradas con funcionarios afines, intelectuales leales y líderes de organizaciones financiadas con recursos públicos.

Esa selectividad tiene un costo profundo: deslegitima el diálogo democrático y cierra las vías institucionales para la participación ciudadana, empujando a la gente a las calles, a los encuentros informales y a los espacios de resistencia civil.

Inseguridad, desapariciones y represión en aumento

Los datos son contundentes: los homicidios no bajan significativamente, las desapariciones siguen creciendo, el reclutamiento forzado se expande y la represión de protestas aumenta. Casi ningún indicador de seguridad o justicia muestra una mejora sostenida. El Estado parece más dispuesto a administrar la crisis que a resolverla.

¿Qué hacer? Propuestas para una reconstrucción democrática

La discusión en Tlatelolco dejó claro que no basta con denunciar; se requieren rutas concretas:

a) Mecanismos de escucha institucionalizada
- Consejos ciudadanos vinculantes en seguridad y justicia.
- Audiencias públicas obligatorias cada trimestre.
- Protocolos de diálogo con víctimas y colectivos, con seguimiento verificable.

b) Reforma integral de seguridad pública
- Profesionalización y certificación nacional de policías.
- Reducción progresiva del rol militar en seguridad civil.
- Sistemas de inteligencia contra el reclutamiento forzado y extorsión.

c) Transformación real de la procuración de justicia
- Fiscalías autónomas con controles externos ciudadanos.
- Un servicio profesional de carrera para ministerios públicos.
- Un sistema nacional de peritos independiente de las fiscalías.

d) Transparencia presupuestaria total
- Presupuestos abiertos por dependencia.
- Evaluaciones de impacto en seguridad y derechos humanos.
- Auditorías ciudadanas sobre megaproyectos.

e) Fortalecimiento de espacios de diálogo plural
- Replicar encuentros como el de Tlatelolco en todo el país.
- Crear plataformas ciudadanas de diagnóstico y propuesta.
- Garantizar seguridad y no criminalización para quienes participan.

Conclusión: el país ya habló; ahora falta que lo escuchen

Tlatelolco mostró que México no está roto; está ignorado.

La sociedad civil demostró que es capaz de dialogar, de construir y de imaginar soluciones. El desafío ahora es que el gobierno deje de hablar solo con el espejo. Porque si quienes gobiernan no aprenden a escuchar, la distancia entre Estado y ciudadanía seguirá creciendo… y con ella, la crisis de seguridad, justicia y legitimidad que hoy atraviesa al país.}

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.