El país cierra así un ciclo marcado por la opacidad, la ausencia en casos de alto impacto y una litigación errática que dejó impunes investigaciones clave del sexenio anterior y del actual. Pero la pregunta central no es por qué se fue Gertz, sino para qué llega Ernestina Godoy.
El ascenso de una fiscal alineada
La exfiscal de la Ciudad de México arriba a la FGR por un proceso de “auscultación” que nadie se toma en serio.
La terna es un requisito ritual; el desenlace estaba decidido desde que la presidenta y la mayoría legislativa consolidaron su control sobre el Poder Judicial federal y algunos poderes judiciales estatales.
Godoy encarna continuidad política, no ruptura institucional. Es parte del mismo equipo que acompañó a Claudia Sheinbaum desde la capital y que ahora ocupa posiciones clave en seguridad, justicia y gobernabilidad.
¿Puede esta cercanía garantizar coordinación? Sí. Pero también plantea un riesgo evidente: ¿cómo asegurar independencia cuando la fiscal responde a un mismo proyecto político que controla al Ejecutivo, al Senado, a la mayoría de tribunales y a la Suprema Corte?
La FGR nació para evitar que un presidente usara la justicia como arma. Hoy es legítimo preguntarse si vamos camino a restaurar esa dependencia.
La captura institucional como método de gobierno
Lo que vive México no es un accidente: es un proceso de captura institucional progresiva. Primero fue la redefinición del rol de las Fuerzas Armadas en seguridad y administración pública; luego, el sometimiento político de jueces y magistrados mediante reformas y presiones; ahora, la toma de la Fiscalía General.
Se trata de un rediseño profundo del sistema de contrapesos, que concentra el poder coercitivo del Estado en un solo bloque político.
Ante esta concentración, la llegada de Godoy no puede evaluarse solo en términos personales, sino estructurales: ¿seguirá la FGR siendo una oficina de litigación de intereses políticos o puede convertirse en una institución técnico-jurídica que enfrente la crisis de violencia más grave en la historia moderna del país?
El país real: extorsión, desapariciones y narcopolítica
Mientras se mueven fichas en la cúpula del poder, el país enfrenta urgencias que no admiten simulación.
La extorsión se ha convertido en el delito más expansivo del crimen organizado. Desde Chiapas hasta Nuevo León, es una industria criminal que domina mercados enteros: pollo, tortilla, transporte, construcción. Los desaparecidos superan las 100 mil personas registradas y miles más permanecen fuera de las estadísticas oficiales. Los municipios infiltrados por narcopolíticos son parte del mapa electoral, no excepciones.
La FGR lleva años rezagada en órdenes de aprehensión, en coordinación con fiscalías estatales y en desarticulación de redes criminales.
La llegada de Godoy abre un periodo de incertidumbre: ¿habrá voluntad para tocar estructuras políticas locales comprometidas con intereses criminales? ¿O veremos, como tantas veces, una fiscalía que investiga solo a los opositores del régimen?
Crónica de un sistema que se resiste a cambiar
En las oficinas regionales de la FGR, agentes del Ministerio Público trabajan con computadoras viejas, sin formación actualizada, con cargas de trabajo imposibles y sin garantías reales de protección. Muchos saben que perseguir casos de extorsión o desaparición puede costarles la vida. Los recursos llegan tarde, la capacitación es mínima, la coordinación con fiscalías estatales es tensa y la tecnología forense brilla por su ausencia.
No es casualidad que, pese a miles de denuncias, la gran mayoría de los casos nunca llega a juicio. El sistema está diseñado para no funcionar. Y, sin embargo, desde la capital, se insiste en que basta con cambiar a la persona titular para transformar una institución que requiere cirugía profunda, no maquillaje político.
¿Qué tendría que hacer Godoy para evitar repetir el fracaso?
Si Ernestina Godoy quiere evitar convertirse en una fiscal decorativa o en un instrumento de persecución política, deberá tomar decisiones difíciles desde el primer día. Aquí algunas rutas indispensables:
1. Depuración técnica, no política. Evaluaciones reales de desempeño, separación de agentes coludidos, profesionalización policial y reconstrucción de unidades de investigación prioritarias.
2. Investigación sin distingos de narcopolíticos. Nadie puede estar fuera del alcance: alcaldes, gobernadores, legisladores o empresarios ligados al crimen organizado. Sin eso, cualquier estrategia será cosmética.
3. Litigación estratégica. No más acumulación de órdenes de aprehensión sin ejecutar. Se requiere priorizar casos, integrar carpetas sólidas y coordinar detenciones con fuerzas federales bajo criterios de inteligencia.
4. Combate real a la extorsión. Crear una unidad élite de investigación financiera y digital dedicada exclusivamente a redes de cobro de piso, con capacidades forenses avanzadas y coordinación con estados.
5. Mecanismos de supervisión independientes. Comités ciudadanos, academia y organismos internacionales que evalúen el desempeño de la FGR sin filtros políticos.
6. Protección a víctimas. Fortalecer áreas de atención, transparencia en búsquedas y recursos para identificación forense.
