Con la salida de Alejandro Gertz de la Fiscalía General de la República y la llegada de Ernestina Godoy a la cabeza de esta institución, la presidenta Claudia Sheinbaum se hace del control de uno de los núcleos de poder más importantes del sistema político mexicano. Es un hecho de la mayor importancia.
Con el nombramiento de Ernestina Godoy, Sheinbaum busca fortalecerse
En este momento, el régimen político mexicano se caracteriza por una paradoja: el poder político está altamente concentrado en la coalición gobernante pero disperso entre distintos grupos y actores ligados de manera formal o informal a esa misma coalición. El expresidente López Obrador fue el artífice de este arreglo político, al diseñar una contienda por la candidatura presidencial en la que los perdedores —miembros de distintas facciones de Morena, el PT y el Partido Verde— se repartieron las posiciones de poder y toma de decisiones en el Congreso. Por si fuera poco, Sheinbaum aceptó —ya sea por convicción, por cálculo político o por verse forzada por las circunstancias— que un gran número de miembros de su gabinete provinieran del círculo cercano de López Obrador, en vez de ser cuadros de su confianza.
La reforma al Poder Judicial, como ha argumentado convincentemente Hugo Garciamarín , agravó la paradoja del poder concentrado pero disperso. Por un lado, las elecciones judiciales abrieron la puerta para que varios cuadros de la coalición gobernante —con intereses a veces alineados y otras veces contrapuestos— colocaran a sus alfiles en los tribunales, incluida la Suprema Corte. Por otro lado, en el pleno de la propia Suprema Corte, ya se empieza a ver cómo se reflejan las rivalidades y tensiones de la coalición gobernante en la arena judicial. Así, la presidenta y otros actores de Morena contarán con alta incidencia en los tribunales, pero los juzgadores tendrán sus propios intereses políticos y no siempre estarán alineados monolíticamente con un determinado jefe político.
En suma, desde el arranque del sexenio, Sheinbaum ha enfrentado una situación algo extraña en la historia del presidencialismo mexicano: un Ejecutivo con amplias facultades y capacidades legales y formales para ejercer el poder, aunque con restricciones de política real derivadas de las divisiones de la coalición gobernante y de no contar con cuadros leales y capaces en posiciones estratégicas del gobierno federal. (También ha enfrentado otro tipo de obstáculos presupuestarios y de capacidades del Estado, pero ése sería tema de otro texto).
La defenestración de Gertz y el nombramiento de Godoy debe leerse desde esta perspectiva. Se trata de un movimiento de la presidenta para fortalecerse. Y no es una jugada aislada. La reciente iniciativa para adelantar la consulta de revocación de mandato y juntarla con las elecciones de 2027 va en el mismo sentido.
Por un lado, la iniciativa para adelantar la revocación de mandato ayudaría a la presidenta a posicionarse en el centro de la contienda electoral, facilitando así la imposición de candidaturas afines a su figura por encima de los cuadros de otras facciones de la coalición gobernante. Por otro lado, la designación de Ernestina Godoy sumaría a la caja de herramientas de Palacio Nacional uno de los instrumentos más importantes para ejercer el poder en México.
En términos de política real, y tal como lo hizo durante su gestión al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, Godoy puede activar y desactivar a discreción las carpetas de investigación de actores políticos y económicos que obstruyan los planes de Palacio Nacional, al tiempo de gestionar con disciplina los casos de alta volatilidad política que podrían afectar la reputación de la coalición gobernante.
Si bien es verdad que el oficialismo utilizó a la FGR de Gertz para intimidar, debilitar o cooptar a opositores políticos, también es cierto que el fiscal contaba con una agenda propia y con una red de intereses, contactos y alianzas políticas y de negocios que buscaba proteger. Es decir, Gertz hacía uso de su autonomía formal a conveniencia, contribuyendo a la causa del oficialismo en muchas ocasiones pero procurando sus intereses personales otras veces. Con Godoy, un cuadro disciplinado y leal a Sheinbaum, esto cambiará y es probable que, ahora sí, veamos a una FGR al servicio total de Palacio Nacional.
Al mismo tiempo, el nombramiento de Godoy fortalece la estrategia de seguridad de Sheinbaum, que hasta el momento ha sido una de sus prioridades máximas. Godoy y el secretario estrella de la presidenta, Omar García Harfuch, ya trabajaron juntos en el gobierno de la Ciudad de México. La nueva fiscal mostrará una mayor disposición de colaboración y coordinación con Harfuch en las labores de investigación, inteligencia y, sobre todo, judicialización de los casos.
Aunque la aprobación de la presidenta Sheinbaum se mantiene alta (alrededor de 70% , según El Financiero), los ciudadanos desaprueban su gestión en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Además, las presiones de Estados Unidos en esta materia se intensifican. Por tanto, Sheinbaum parece estar buscando apuntalar la estrategia de seguridad de Harfuch mediante el nombramiento de Godoy.
Así, con la designación de Godoy, Sheinbaum y Harfuch salen fortalecidos políticamente. Sin embargo, la presión sobre su estrategia de seguridad crecerá. Con una Fiscalía General a modo, un Poder Judicial dispuesto a cooperar, unas Fuerzas Armadas que hasta ahora han colaborado con el secretario de Seguridad, mayorías en el Congreso que permiten la aprobación de reformas para fortalecer la estrategia de seguridad y un discurso presidencial que admite abiertamente que su prioridad es la reducción de la violencia criminal, se acabaron las excusas para fallar.
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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.