México S.A. de C.V.; cuando la extorsión se vuelve modelo de negocios

Apenas días antes de su asesinato, Bravo había denunciado públicamente la crisis de inseguridad que aquejaba al sector y organizó un paro en protesta por los bajos precios y las extorsiones, logrando que no salieran al mercado cerca de 300 toneladas de limón. Su valentía le costó la vida, pero su muerte nos obliga a preguntarnos: ¿hasta cuándo la producción agrícola en México seguirá siendo rehén del crimen organizado mientras el Estado observa desde la barrera?

La mecánica de la extorsión: de cárteles a empresa criminal

Lo que estamos presenciando en Tierra Caliente no es simplemente la acción de cárteles del narcotráfico que buscan diversificar sus ingresos. La extorsión a productores de limón ha evolucionado de cobrar dos pesos por kilo a cuatro pesos, duplicándose en cuestión de meses. Esta escalada refleja algo más profundo y sistémico: la transformación de estructuras criminales en verdaderas empresas paraestatales que controlan toda la cadena de valor.

Múltiples grupos criminales se disputan el control de las extorsiones en la región: el Cártel de Los Caballeros Templarios, el Cártel de Acahuato, Cárteles Unidos con sus brazos armados Los Viagras y Blancos de Troya, además del Cártel de Tepalcatepec. Esta fragmentación no reduce la violencia, la multiplica. Cada grupo establece sus propios "impuestos", sus propios contadores en los empaques, su propia estructura de recaudación. Los grupos criminales tienen contadores en los empaques que calculan el cobro de piso, haciendo imposible que los productores burlen el sistema.

La sofisticación de este modelo criminal es alarmante. Una banda desarticulada en octubre de 2025 en Apatzingán había extorsionado a 21 productores por un monto de 3.5 millones de pesos. No hablamos de cuotas esporádicas, sino de sistemas de recaudación que operan con la eficiencia de una oficina fiscal, pero con la violencia de una organización criminal.

La ausencia del Estado: ¿estrategia o complicidad?

Aquí radica el núcleo del problema: la respuesta estatal ha sido fragmentaria, reactiva y, en ocasiones, sospechosamente ineficaz. En agosto de 2024, el gobernador Alfredo Ramírez llegó a acusar que los productores frenaron el corte de limones para elevar precios, no por extorsiones, mientras un agricultor respondió acusando al mandatario de estar "metido con la delincuencia". Este intercambio no es trivial; revela una desconexión peligrosa entre el discurso oficial y la realidad que viven los productores.

A pesar de operativos que resultaron en detenciones como la de "El Llanero", dedicado al cobro de extorsiones, Bravo había denunciado repetidamente que las estrategias gubernamentales no funcionaban contra la extorsión y violencia. Y tenía razón. Las detenciones puntuales no desarticulan un sistema cuando la estructura permanece intacta y los espacios vacíos son ocupados inmediatamente por nuevos operadores.

El Estado mexicano enfrenta aquí una paradoja perversa: tiene la capacidad operativa para realizar detenciones espectaculares, pero carece de la voluntad política o la estrategia institucional para desmantelar las redes de extorsión que se han infiltrado en la economía formal. ¿Es incompetencia o es complicidad velada? Ambas opciones son igualmente preocupantes.

Más allá de la pacificación: se necesita reconstrucción institucional

Pacificar Tierra Caliente requiere algo más que operativos militares y detenciones mediáticas. Se necesita una estrategia integral que reconozca una verdad incómoda: el crimen organizado ha construido estructuras de gobernanza paralelas porque el estado abdicó de su responsabilidad.

Primero, es imperativo establecer protocolos de protección efectivos para líderes sociales y empresariales que denuncian. En septiembre de 2024, José Luis Aguiñaga Escalera, otro empresario limonero, fue asesinado en circunstancias similares. El patrón es claro: quien denuncia, muere. Sin protección real, no habrá denuncia, y sin denuncia, la impunidad se perpetúa.

Segundo, se requiere una presencia permanente del Estado en la cadena de comercialización. Los empaques, los puntos de venta, el transporte, todo debe ser monitoreado no solo policialmente, sino también regulatoriamente. La Secretaría de Hacienda, las autoridades sanitarias, los órganos de comercio exterior: todos deben estar presentes donde ahora solo están los criminales.

Tercero, es fundamental crear mecanismos de inteligencia financiera que rastreen los flujos de dinero de la extorsión. La extorsión en Michoacán pasó de 26 carpetas de investigación en 2018 a 296 en 2024, pero ¿cuántas de esas investigaciones siguieron el dinero? El combate al crimen organizado del siglo XXI no puede limitarse a operativos armados; debe enfocarse en desmantelar sus estructuras financieras.

El futuro que nos espera: tres escenarios posibles

Desde una perspectiva de análisis de inteligencia, el futuro de Tierra Caliente puede tomar tres caminos distintos, dependiendo de las decisiones políticas inmediatas:

1) Consolidación criminal. Si la respuesta estatal sigue siendo reactiva y fragmentada, veremos la consolidación de un modelo de gobernanza criminal donde los grupos delictivos no solo extorsionan, sino que controlan completamente la producción y comercialización. Esto ya ocurre en el aguacate; el limón podría ser el siguiente. En este escenario, la violencia no disminuirá porque los grupos competirán por el control total del territorio económico.

2) Migración productiva. Los productores que pueden permitírselo abandonarán la región, trasladando sus cultivos a zonas menos conflictivas. Ya ha habido reportes de empacadores que se han ido a otros lugares porque no aguantan la extorsión. Esto generaría un colapso económico regional con efectos sociales devastadores: más desempleo, más reclutamiento criminal, más violencia.

3) Intervención estatal integral. Si el gobierno federal decide implementar una estrategia seria, veríamos la presencia permanente de instituciones civiles (no solo militares) en la región, la creación de corredores comerciales protegidos, y la implementación de programas de desarrollo económico que ofrezcan alternativas reales al reclutamiento criminal. Este es el escenario deseable, pero requiere voluntad política y recursos sostenidos en el tiempo.

Reflexión final: el costo de la inacción

El asesinato de Bernardo Bravo no debería ser recordado como una estadística más en la guerra contra el narco. Debe ser el punto de inflexión que obligue al Estado mexicano a reconocer que la gobernanza criminal en regiones como Tierra Caliente no es un problema de seguridad pública tradicional; es una crisis de Estado.

Cuando los productores de limón tienen que pagar "impuestos" a grupos criminales con más eficiencia que al fisco, cuando los líderes que denuncian aparecen torturados, cuando las autoridades minimizan o ignoran el problema, no estamos ante un desafío de pacificación. Estamos ante el colapso institucional de una región entera.

La pregunta ya no es si el Estado puede combatir esto. La pregunta es si tiene la voluntad de hacerlo antes de que sea demasiado tarde, no solo para los productores de limón, sino para la viabilidad misma del Estado de derecho en Michoacán y en México.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.