Reingeniería del sistema penal mexicano: aprender sin copiar

El resultado es un ecosistema fragmentado: policías que reaccionan sin integrar evidencia, ministerios públicos que investigan sin inteligencia de campo y tribunales saturados por casos mal sustentados. Esta ineficiencia contrasta radicalmente con los sistemas europeos más consolidados, donde la coordinación operativa entre fuerzas policiales y autoridades judiciales es un principio rector, no una aspiración.

El modelo británico: investigación como ciencia y colaboración

En el Reino Unido, la investigación criminal se organiza bajo una estructura basada en la profesionalización policial y la separación funcional clara entre investigación, enjuiciamiento y prevención. La Police and Criminal Evidence Act (PACE) de 1984 redefinió el papel de las fuerzas policiales, otorgándoles una autonomía técnica controlada por la fiscalía (Crown Prosecution Service, CPS), pero dentro de un marco legal riguroso y transparente.

En la práctica, la policía británica conduce las investigaciones desde la escena del crimen hasta la entrega del expediente a la CPS, que evalúa la solidez de las pruebas antes de presentar el caso ante los tribunales. No existe un muro burocrático entre ambos actores: hay comunicación directa, protocolos claros y responsabilidades bien delimitadas.

La eficiencia británica no radica en una mayor cantidad de personal o presupuesto, sino en la claridad institucional: la policía investiga con autonomía táctica, la fiscalía revisa con rigor jurídico y los tribunales juzgan con independencia. Cada engranaje sabe lo que le corresponde hacer, y lo hace bien.

De la dispersión mexicana a la coordinación británica

México, en cambio, mantiene un modelo donde las fiscalías acaparan las decisiones, pero sin la capacidad operativa ni tecnológica para ejecutarlas. La policía, subordinada legalmente, pierde la posibilidad de generar inteligencia criminal y de perfeccionar sus métodos de investigación. Esta subordinación burocrática, disfrazada de conducción ministerial, asfixia cualquier intento de innovación táctica.

El modelo británico ofrece una lección central: la confianza institucional es más eficaz que la jerarquía. La Crown Prosecution Service no “ordena” a la policía, la orienta. Ambos organismos comparten información, evalúan riesgos, y acuerdan estrategias. La policía no es un brazo ejecutor, sino un socio estratégico del sistema de justicia.

En México, la relación entre policías y ministerios públicos suele definirse por la desconfianza. Las fiscalías temen la discrecionalidad policial, y las secretarías de seguridad perciben al Ministerio Público como un obstáculo operativo. El resultado: un círculo vicioso de duplicidades, rezagos y carpetas mal integradas que se traducen en impunidad.

La investigación criminal como especialidad profesional

En Gran Bretaña, la figura del Detective Constable o investigador de campo es una especialidad consolidada dentro de la policía, con formación en técnicas de entrevista, análisis forense, reconstrucción de hechos y gestión de evidencias digitales. La investigación es una profesión dentro de la profesión, no una tarea adicional.

El College of Policing, organismo encargado de estandarizar la formación policial, establece niveles de competencia, certificaciones y protocolos de actuación que garantizan calidad investigativa. En México, en cambio, las policías de investigación dependen de las fiscalías, sin una carrera policial consolidada ni autonomía técnica.

Este modelo de profesionalización y acreditación ha permitido a la policía británica mantener tasas de esclarecimiento altas en delitos graves y fortalecer la confianza ciudadana. La clave no ha sido una reforma judicial, sino una reforma organizacional basada en mérito, técnica e interoperabilidad institucional.

Hacia un modelo mexicano de colaboración técnica

México podría adoptar una versión adaptada de la experiencia británica sin modificar el marco constitucional. El artículo 21 ya permite la participación policial bajo conducción ministerial; lo que falta es traducir esa conducción en colaboración estructurada.

Proponemos tres pasos esenciales:

1) Autonomía técnica de las policías de investigación. Las secretarías de seguridad deben contar con unidades de investigación especializadas, certificadas y sujetas a estándares nacionales de desempeño, coordinadas con las fiscalías pero no subordinadas operativamente.

2) Fiscalías estratégicas, no administrativas. El Ministerio Público debe concentrarse en la dirección jurídica, análisis probatorio y control de legalidad, dejando la ejecución operativa en manos profesionales y especializadas.

3) Sistema integrado de información criminal. Al estilo británico, México requiere una plataforma interinstitucional de inteligencia que unifique bases de datos, análisis de patrones delictivos y seguimiento procesal. La información compartida es la columna vertebral de la justicia eficiente.

4) Eficiencia sin autoritarismo. El modelo británico demuestra que la eficiencia no se logra con centralización, sino con claridad institucional y confianza interagencial. En un país como México, donde la impunidad se alimenta de la descoordinación, la adopción de un esquema colaborativo permitiría acortar los tiempos de investigación y elevar la calidad de las pruebas presentadas ante los jueces.

La lección británica es clara: la eficacia en la investigación no depende del poder de una sola institución, sino de la cooperación de todas. Si la policía mexicana obtiene autonomía técnica y la fiscalía asume un rol de control estratégico, el sistema penal podrá finalmente funcionar como una maquinaria articulada.

Conclusión: de la jerarquía al profesionalismo

México necesita dejar atrás la lógica de subordinación y adoptar la del profesionalismo compartido. El caso británico demuestra que la justicia es más eficiente cuando las instituciones trabajan como pares, no como rivales.

En un país donde nueve de cada 10 delitos quedan impunes, seguir haciendo lo mismo es inaceptable. Adoptar las mejores prácticas del sistema británico —autonomía técnica, protocolos claros y colaboración institucional— no es una utopía jurídica, sino una necesidad urgente.

La justicia penal no se resuelve con discursos, sino con estructura. Y en ese terreno, Gran Bretaña ofrece la hoja de ruta que México lleva demasiado tiempo posponiendo.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.