El informe revela que las pérdidas por incidentes de seguridad alcanzan hasta 9 millones de dólares por evento y reducen el valor corporativo en un 32%. Más que cifras económicas, son indicadores de un fenómeno político: la seguridad se ha convertido en variable de gobernabilidad.
- A favor: traducir esta lógica al ámbito público mexicano podría revalorar la seguridad como inversión estratégica, no como gasto. En un país donde la violencia erosiona credibilidad y confianza, una visión de la seguridad como “activo público” permitiría fortalecer instituciones y atraer inversión.
- En contra: la lectura puramente financiera puede mercantilizar la seguridad, subordinando derechos a la rentabilidad. Si el Estado adopta la lógica corporativa sin visión social, reproducirá territorios blindados para el capital y zonas abandonadas para la ciudadanía. México necesita políticas que equilibren eficiencia económica, cohesión social y derechos humanos.
El 73% de las organizaciones encuestadas reportó ataques de desinformación vinculados con incidentes físicos. Ya no se trata de fake news, sino de un dispositivo político que desestabiliza, manipula y polariza.
- A favor: concebir la desinformación como riesgo de seguridad nacional permite diseñar estrategias de comunicación basadas en evidencia y mejorar la respuesta ante crisis. En el contexto mexicano, donde la polarización se ha vuelto táctica de poder, una narrativa institucional sólida podría reducir tensiones y proteger la gobernabilidad democrática.
- En contra: sin contrapesos, esta lucha puede derivar en censura o persecución mediática. Si la “seguridad informativa” se usa para silenciar crítica u oposición, se pervierte el principio mismo de seguridad democrática. México requiere organismos autónomos que promuevan transparencia y pensamiento crítico, no comités que definan la “verdad oficial”.
El reporte documenta el auge de la inteligencia artificial en videovigilancia y análisis de riesgos, aunque el 87% de los líderes consultados sigue considerando al factor humano como eje del sistema. La lección es clara: la tecnología amplifica la seguridad, pero no la sustituye.
- A favor: la digitalización de entornos urbanos mexicanos podría mejorar tiempos de respuesta, eficiencia logística y trazabilidad. Los algoritmos, bien implementados, permiten priorizar recursos en zonas críticas y anticipar incidentes, lo que elevaría la capacidad táctica del Estado.
- En contra: la adopción acrítica de IA sin regulación puede generar sesgos, vigilancia abusiva y dependencia tecnológica. En México, el riesgo es instaurar una tecnocracia securitaria donde las decisiones se legitimen por eficiencia, no por principios democráticos. Urge una política nacional de gobernanza algorítmica: auditable, soberana y con enfoque en derechos humanos.
El estudio ubica a América Latina como región de alta vulnerabilidad por inestabilidad económica y disrupciones en cadenas de suministro. Para México, esto trasciende lo operativo: implica repensar la seguridad como política de integración regional.
- A favor: fortalecer la protección logística, diversificar rutas y coordinar estrategias con socios regionales puede convertir al país en un nodo seguro del nearshoring global. La seguridad económica y energética podría transformarse en ventaja competitiva y diplomática.
- En contra: apostar todo al blindaje tecnológico y la videovigilancia ignora la raíz política del problema: desigualdad, informalidad y debilidad institucional. Sin inversión social y prevención comunitaria, cualquier infraestructura segura será un castillo de arena sobre fracturas sociales permanentes.
El Informe Mundial de Seguridad 2025 no es sólo un diagnóstico empresarial; es un espejo del poder contemporáneo. Muestra que la seguridad dejó de ser un ámbito operativo para convertirse en campo de disputa política, donde confluyen legitimidad, tecnología y economía.
México enfrenta la tarea de traducir sus hallazgos en política pública concreta. Seis líneas estratégicas podrían guiar ese tránsito:
- Integrar seguridad, ciberseguridad y comunicación pública en un marco democrático.
- Revalorizar el capital humano de las fuerzas de seguridad mediante profesionalización y bienestar.
- Regular y auditar el uso de IA con transparencia y límites legales.
- Diversificar cadenas de suministro con enfoque de resiliencia y justicia económica.
- Combatir la desinformación sin restringir libertades, promoviendo educación mediática y comunicación veraz.
- Crear incentivos fiscales y fondos que permitan a las pymes implementar medidas de seguridad sin sacrificar competitividad.
La seguridad mexicana se juega hoy en dos frentes: la eficacia y la legitimidad. Sin el equilibrio entre ambas, el Estado corre el riesgo de ser eficiente en el control, pero débil en la confianza.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
