Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Una frase del decreto que dio vida a este organismo me llamó la atención: “Viejas formas de ejercer el poder y llevar a cabo la lucha política han dejado de tener vigencia”. La oración es clara y contundente. No deja lugar a dudas: para la presidenta, los mecanismos, los canales y las normas con las que se disputaba el poder en el sistema político multipartidista emanado de la transición democrática ya no son funcionales. No hay que ajustar el sistema; hay que sustituirlo.
La reforma electoral y el cambio de régimen
La reforma no está pensada en el corto plazo, tanto así que el oficialismo se da el lujo de esperar a aprobarla, aun a riesgo de que no aplique en las elecciones intermedias de 2027.
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El objetivo de la reforma electoral no será construir un sistema electoral más justo, sino institucionalizar el cambio de régimen, un nuevo régimen en donde la “lucha política” entre distintos partidos seguirá existiendo pero tendrá lugar en una cancha inclinada a favor del oficialismo.
No se trataría, como han leído algunos, de regresar a tiempos del PRI, cuando había un partido de Estado. Un cierto nivel de pluralismo seguirá existiendo, habrá más canales para la participación de las oposiciones de los que había en tiempos del priismo clásico y las elecciones tendrán más peso y transparencia que en ese período. Sin embargo, el objetivo de esta reforma electoral es crear las condiciones para que el régimen encabezado por Morena sea duradero.
La reforma no está pensada en el corto plazo, tanto así que el oficialismo se da el lujo de esperar a aprobarla, aun a riesgo de que no aplique en las elecciones intermedias de 2027. Por ahora, Morena no tiene nada que temer. Su popularidad está por los cielos y la oposición está en la lona.
Pero las cosas podrían cambiar en el futuro, con el desgaste natural del ejercicio del poder. Es ahí cuando la reforma electoral cobra sentido: por un lado, permitirá la participación de las oposiciones y cierto nivel de pluralismo para despresurizar el potencial descontento social en el futuro; pero, por otro lado, restringirá el nivel de incidencia de las oposiciones en el Congreso, elevará las posibilidades de que el oficialismo mantenga el control legislativo y disminuirá el financiamiento de los partidos de oposición, minando su posibilidad de crecimiento.
Hay cambios propuestos por Morena que son atendibles. Es deseable disminuir el costo del sistema electoral y reformar nuestro sistema de representación para que sea más justo, refleje las preferencias políticas de todos los sectores sociales y refuerce la responsabilidad de los legisladores con los habitantes de sus distritos. También hay argumentos ideológicos a favor de la reforma: sobre todo, la necesidad de transitar de un sistema con rasgos parecidos a una democracia liberal hacia un régimen con características similares a una democracia mayoritarista o plebeya .
Sin embargo, no hay que perder de vista lo esencial: el objetivo central de esta reforma es garantizar la sobrevivencia del régimen en el largo plazo y elevar las posibilidades de que Morena siga siendo el partido dominante por mucho tiempo. Pero, así como el régimen busca institucionalizar su longevidad con esta reforma, el debate interno en la coalición gobernante incidirá en la consolidación de otros rasgos del nuevo régimen.
La Comisión Presidencial realizará los trabajos preparativos para la redacción de la propuesta de reforma. Oficialmente, llevará a cabo encuestas de opinión pública y mesas de diálogo con distintos sectores. En la práctica, probablemente conversará con distintos grupos de la coalición gobernante para saber hasta dónde es posible llevar la reforma y qué puntos son innegociables. Posiblemente, también redactará los primeros borradores de la reforma.
No obstante, hay que recordar que también hay una Comisión de Reforma Político-Electoral en la Cámara de Diputados, y que distintos legisladores de la coalición morenista, no necesariamente alineados con la presidenta, buscarán incidir en la reforma. Además, gobernadores, líderes partidistas (de Morena, pero también del Partido Verde y el PT), operadores políticos y otros poderes fácticos buscarán meter su cuchara en el proceso. Puesto que la reforma determinará las prácticas, los límites, las normas y las instituciones que regirán al nuevo régimen político, hay incentivos para que todos los actores políticos de la coalición gobernante busquen incidir en ella.
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Si la redacción final de la reforma se parece a la propuesta de la presidenta, Sheinbaum y, con ella, la institución presidencial saldrán fortalecidas en este nuevo régimen, lo que influirá en el futuro del sistema político mexicano. En cambio, si legisladores, poderes fácticos y líderes partidistas logran incidir significativamente en la reforma final, entonces un aspecto preocupante de este arranque de gobierno se podría consolidar como una característica del nuevo régimen: el poder está concentrado en la coalición morenista pero disperso entre muchos actores políticos que representan distintos intereses.
Así, lo que está en juego en esta reforma no podría ser más grande: la institucionalización de las normas de competencia política en el nuevo régimen, los mecanismos con los que el régimen garantizará su durabilidad, y el peso del poder presidencial frente a los demás poderes políticos formales e informales.
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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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