“Hago una propuesta a la nueva Suprema Corte [...] limiten el uso de la prisión preventiva. Liberen a toda persona que haya estado en prisión más allá del tiempo máximo que la ley establece para recibir sentencia. Sean, de verdad, la corte del pueblo que dijeron que serían”. Así cerró su columna Viri Ríos , en la cual utilizó la liberación de Israel Vallarta luego de casi veinte años de injusto encarcelamiento para criticar a las autoridades por usar la prisión preventiva como parche para su ineficiencia al prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito.
El caso Vallarta y la nueva Suprema Corte
Supuestamente, los “ministros del pueblo” acercarán la SCJN a la gente y buscarán construir un México más justo, sobre todo para la población más pobre.
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Me sumo a las críticas de Ríos. A mí también me encantaría que la nueva Suprema Corte, que arranca actividades en septiembre, tome su propuesta. Pero, tristemente, lo veo muy poco probable, puesto que hay una profunda contradicción en el corazón de la nueva Suprema Corte y de la coalición morenista.
Supuestamente, los “ministros del pueblo” acercarán la SCJN a la gente y buscarán construir un México más justo, sobre todo para la población más pobre. Sin embargo, al mismo tiempo, el expresidente López Obrador, el máximo promotor de la reforma judicial, amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y los diputados y senadores de Morena votaron felizmente a favor de esta ampliación.
La presidenta Sheinbaum no ha hecho nada para dar marcha atrás. Por el contrario, junto con el secretario García Harfuch, está dando un viraje en la estrategia de seguridad, que implica mayor mano dura contra el delito y que ha estado acompañada de una serie de reformas que amplían las facultades del Estado mexicano para perseguir el delito. Esta nueva estrategia podrá tener muchas virtudes, pero no se puede negar que el punitivismo es uno de sus rasgos.
Más aún, tanto Sheinbaum como García Harfuch han declarado que los jueces corruptos del viejo Poder Judicial liberaban a criminales peligrosos por supuestas fallas en el debido proceso y que esos mismos delincuentes salían de la cárcel a producir más violencia. Éste fue de sus principales argumentos para movilizar votantes en la elección judicial.
Así, la misma coalición que ha promovido la prisión preventiva oficiosa como herramienta para erradicar el delito con argumentos engañosos, que ha culpado a los jueces de la impunidad, que ha mantenido como fiscal general a Alejandro Gertz (quien, por cierto, contará con un par de alfiles en la Suprema Corte), que ha vilipendiado a la Corte Interamericana por advertir que el uso generalizado de la prisión preventiva en México es violatoria de derechos humanos y que está lanzando una cruzada nacional contra el crimen organizado; esa misma coalición es quien promovió la reforma judicial, quien operó la elección para que los nuevos ministros llegaran a sus cargos y quien comparte visión ideológica, intereses de grupo y objetivos políticos con la nueva Suprema Corte.
Salvo que los ministros actuales den la sorpresa y resuelvan el tema antes de septiembre, la nueva SCJN tendrá que dirimir si la prisión preventiva oficiosa es constitucional o no. La controversia surgió por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2023, le ordenó a México eliminar esta figura de su Constitución por ser violatoria de la presunción de inocencia. Aún hay posibilidades de que la Corte actual, presidida por Norma Piña, resuelva el asunto, pero el Poder Ejecutivo envió un oficio a la SCJN para aplazar este tema hasta septiembre y es probable que los ministros salientes sucumban ante la presión.
Si a Morena no le ha importado que más de 85 mil personas estén en prisión sin sentencia y, si por el contrario, ha celebrado la prisión preventiva como mecanismo para combatir el delito, ¿por qué a los nuevos ministros y ministras sí les parecerá relevante o incorrecto? Más aún, incluso si piensan que esta situación es inaceptable, las presiones políticas para que fallen a favor de mantener la constitucionalidad de la prisión preventiva serán demasiado grandes.
Morena decidió no hacer una reforma integral del sistema de justicia —con fiscalías y policías incluidas—, sino que optó por refundar al Poder Judicial con objetivos más de control político que de un cambio en la manera de impartir justicia. Además, está entre los intereses prioritarios de la presidenta reducir la violencia y debilitar al crimen organizado, incluso si estos resultados se alcanzan a costa de los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso. Por tanto, la nueva SCJN tendrá muy pocos incentivos para votar a favor de la eliminación de la prisión preventiva y muchos incentivos para asegurar su permanencia.
A menos que la Corte actual nos sorprenda, en septiembre veremos de qué está hecha la nueva SCJN. Cuando los nuevos ministros y ministras resuelvan el asunto de la prisión preventiva, demostrarán si en verdad están del lado de la justicia y del pueblo —puesto que la prisión preventiva y los plazos largos de encarcelamiento sin sentencia afectan desproporcionadamente a la población más pobre— o si están para proteger los intereses del gobierno. Los dados, sin embargo, están cargados a favor del gobierno y en contra del pueblo.
Nota del autor: agradezco los comentarios de Paulina Creuheras, que enriquecieron significativamente este texto. Cualquier error, sin embargo, es mío.
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