Para comenzar, si acaso se escuchará a las voces opositoras, pero de ninguna manera se les tomará en cuenta. Pablo Gómez, quien encabeza la comisión, ha dicho que se oirá incluso “hasta a los del fraude”, pero también ha anticipado: “tenemos la fuerza política y la vamos a ejercer”.
Más que una reforma que refleje las contribuciones de personas expertas y académicas, de sectores minoritarios opositores, será una remodelación basada en la sabiduría popular: las encuestas como el gran calibrador de los cambios que se requieren.
La ciudadanía tendrá que decidir, supongo que mediante estos instrumentos demoscópicos, si es mejor para el país un sistema electoral mayoritario, proporcional o mixto. También tendrá que dilucidar y pronunciarse por si considera que se cumplen o no las tres leyes sociológicas duvergerianas: 1) la representación proporcional conduce a un sistema pluripartidista con partidos rígidos; 2) el sistema de mayoría con segunda vuelta tiende al pluripartidismo con partidos flexibles, y 3) el sistema de mayoría relativa provoca un bipartidismo.
En la sinopia de la reforma está claro que los legisladores de representación proporcional están en grave riesgo, que casi es un hecho que desaparecerán. Gómez ha sido muy claro en señalar que hay que modificar la actual representación popular: “actualmente está hecha para el fortalecimiento de las cúpulas de los partidos a las que se les dan 200 diputados de 500. Ellos reparten esos lugares de manera discrecional y al margen del proceso político”.
Esto constituye una interesante contradicción de Gómez. Los reflectores se enfocan en él, en tanto que es quien será el encargado de desarrollar la nueva reforma electoral. Lo cierto es que Gómez no hubiera podido llegar en 2025 a ser parte de esta comisión presidencial, a partir de una trayectoria reconocida, de no haber sido por la figura de los legisladores plurinominales. Llegó en 1979 a la ya lejana LI Legislatura por el Partido Comunista Mexicano y en 1988 a la LIV Legislatura por el Partido Mexicano Socialista.
De ninguna manera era posible que los partidos marginales en los que militaba Gómez pudieran ganar una elección en alguno de los territorios que otorgaban un lugar en el Congreso. El exmilitante comunista y socialista acabará con el mecanismo que le permitió ser un referente de la izquierda, y contribuir a la transición democrática, en el país.
Otro tema delineado es el del financiamiento público a los partidos políticos. Aquí no hay buenas noticias para la oposición, especialmente para el PRI y el PAN. Quien encabeza la comisión no tiene una buena imagen de ellos: “son el déficit político del país. No en cualquier país se encuentra una oposición tan socialmente inútil. Que la lucha política los obligue a hacer crítica, a presentar programas”, ha declarado.
Además, los políticos de Morena por fin podrán hacer campaña desde sus cargos públicos. Es interesante cómo se defenderá este cambio desde una particular perspectiva de la libertad política: si cualquier ciudadano/a puede expresarse sobre política, ¿por qué no lo puede hacer cualquier persona que ocupa un cargo de poder? La discusión de fondo es la distinción entre Estado y sociedad civil. Seguro saldrán varios ítems para las encuestas.
A través de las declaraciones de Gómez y otros actores del oficialismo es posible establecer el boceto o sinopia de la reforma: defensa de la libertad política de los funcionarios públicos, cambios en el sistema de representación, fiscalización de las campañas, revisión del voto en el extranjero, modificaciones al INE y a los Oples, reforzamiento de las consultas populares y la revocación de mandato, discusión sobre el fuero o inmunidad de los funcionarios electos.
