El error de fijarse en los organizadores, no en los participantes

La reacción incómoda e intolerante del oficialismo confirma la capacidad de la ciudadanía para presionar al gobierno y abre la posibilidad de que estas alianzas interclasistas sigan creciendo. Si las movilizaciones persisten y articulan demandas de distintos grupos y regiones, podrían forzar ajustes en la política gubernamental o incluso destrabar el estancamiento de la oposición.

Hasta aquí resumo los argumentos que esgrimí en mi entrega de la semana pasada. Algunos colegas (muchos de ellos con visiones afines al oficialismo) me cuestionaron porque no mencioné que la marcha no fue convocada orgánicamente por jóvenes de la Generación Z, sino alentada por grupos políticos y empresariales ligados a los organizadores de la Marea Rosa durante el sexenio pasado y difundida mediante el uso de bots y costosas estrategias digitales. También me cuestionaron por no aclarar que no todo el Movimiento del Sombrero participó en la protesta y porque al final no marcharon grupos tan numerosos de jóvenes.

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Pese a que algunos de estos cuestionamientos estuvieron motivados por la buena fe del rigor periodístico y otros tantos por la insidia política y la urgencia oficialista por minimizar y desacreditar la marcha, a todos ellos les concedo razón. En efecto, pude haber sido más preciso en aclarar estas cuestiones en mi entrega anterior (aunque varios de ellos pudieron haber sido más minuciosos al tratar estos temas, evitando presentar a los manifestantes como títeres de la derecha global, los partidos opositores y la clase empresarial).

Luego de admitir este descuido, paso a cuestionar el corazón de sus críticas. Hay una tendencia muy desafortunada en la prensa mexicana: centrarse en los convocantes de las manifestaciones sociales o las movilizaciones políticas y no en los motivos por los cuales las personas de carne y hueso participan.

Esta tendencia lleva a periodistas y analistas críticos de Morena a poner en entredicho cualquier movilización en apoyo al gobierno federal por la participación de “acarreados”. Bajo esta visión, un frutsi, una torta y 200 pesos son suficientes para que decenas de miles de ciudadanos pasen un día bajo el sol, en condiciones incómodas, apoyando a un político. Quizá haya algunas personas para las cuales, en efecto, ésta sea su principal motivación, pero hay muchos otros ciudadanos que acuden a estos rituales para demostrar el apoyo popular al proyecto político en el poder, motivados por la genuina convicción de que es necesario expresar en las calles que el gobierno cuenta con tracción social. El entusiasmo con el que miles acuden a estos rituales populares no puede fingirse y los críticos del gobierno harían bien en intentar comprender por qué estas emociones motivan a la gente a involucrarse activamente en un proyecto político.

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El día después

Peor aún, la costumbre de enfocar la cobertura periodística en los convocantes de las manifestaciones y los recursos económicos destinados a promoverlas lleva a los reporteros y analistas afines al oficialismo a desacreditar cualquier movilización de oposición o crítica al gobierno. Aquí cabe recordar ese infame momento de 2021 en el que Hugo López-Gatell y El Fisgón, junto con varios cuadros políticos y periodistas, catalogaron los reclamos de padres de niños con cáncer como “golpistas”.

Estoy convencido de que muchos de los analistas que asumen esta posición tienen intereses financieros ligados al oficialismo, mientras que otros tantos genuinamente piensan que todas las protestas opositoras son ilegítimas debido a que la voluntad del pueblo está con Morena. El caso más preocupante, sin embargo, es el de quienes no están en la nómina del oficialismo y no comparten esta intolerante convicción pero caen en la tendencia de fijarse en los organizadores y los financiadores e ignorar a los participantes de las manifestaciones, o de centrarse en los episodios de violencia y dejar a un lado las expresiones pacíficas y creativas de descontento político.

La actitud que asumen en su cobertura periodística tiene un impacto político concreto y serio. Entender los agravios reales de la gente y los motivos que empujan a los ciudadanos a ocupar las calles y reclamar sus derechos es una tarea urgente en México. Lo es para el gobierno porque sin esta empatía es imposible que corrija el rumbo de algunas de sus decisiones sin cambiar de fondo su proyecto político. Lo es para la oposición partidista porque sin esa comprensión será incapaz de articular un programa político que consiga éxito electoral y, más importante todavía, que represente los agravios y las demandas de sectores desatendidos por el oficialismo.

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Sin embargo, al parecer ni unos ni otros están haciendo el esfuerzo por comprenderlos y la pereza de tantos periodistas y analistas que se concentran en los organizadores y no en los participantes de las marchas le facilita esta ignorancia voluntaria a nuestra clase política y, por tanto, incentiva que miles de mexicanos y mexicanas pierdan peso en la esfera pública y oportunidades de lograr una representación política efectiva para sus demandas legítimas.

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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.