Seguridad a prueba de elecciones, la deuda pendiente de los municipios

Esta dinámica convierte la seguridad pública en botín electoral, no en política de Estado, y condena a las comunidades a reiniciar desde cero cada trienio.

La seguridad como mercancía electoral

La politización de la seguridad municipal no es nueva, pero ha alcanzado niveles de sofisticación preocupantes. Los alcaldes han aprendido que invertir en elementos visibles —patrullas nuevas, uniformes, cámaras de videovigilancia— genera capital político inmediato, sin importar si estos recursos se traducen en menor incidencia delictiva. El problema no radica en la inversión material, sino en su instrumentalización propagandística.

Cada operativo se convierte en oportunidad fotográfica; cada detención menor, en conferencia de prensa. Lo que debería ser trabajo técnico y rutinario de las corporaciones se transforma en espectáculo mediático diseñado para posicionar figuras políticas.

Esta lógica pervierte las prioridades institucionales. Los recursos se destinan no donde la evidencia criminológica indica mayor necesidad, sino donde la visibilidad electoral es mayor. Se privilegian acciones reactivas y espectaculares sobre estrategias preventivas de largo aliento.

Peor aún, esta teatralización genera incentivos perversos: los policías aprenden que lo importante no es investigar delitos complejos o construir inteligencia criminal, sino generar estadísticas políticamente convenientes y estar presentes en eventos públicos donde el alcalde pueda capitalizar su imagen.

El ciclo fatal de tres años

Ninguna corporación policial seria se construye en tres años. La profesionalización requiere procesos de reclutamientos rigurosos, academias funcionales, sistemas de evaluación continua, protocolos operativos estandarizados y mecanismos de supervisión interna. Todo esto demanda tiempo, inversión sostenida y, sobre todo, continuidad. Sin embargo, el diseño institucional mexicano hace precisamente lo contrario: garantiza que cada administración municipal comience desde cero, desmantelando lo construido por sus predecesores.

La falta de continuidad no es solo administrativa, es ideológica. Cada alcalde llega con "su" modelo de seguridad, "su" equipo de confianza, y "su" visión particular, frecuentemente incompatible con la de quien lo precedió. Lo que pudo haber sido un proceso de consolidación institucional de seis o nueve años se convierte en tres proyectos desarticulados de tres años cada uno. Los policías experimentan esta inestabilidad como incertidumbre laboral permanente; las comunidades, como perpetua inseguridad. Entre tanto, el crimen organizado —que sí piensa en décadas— explota magistralmente esta fragmentación institucional.

La ausencia de medición como estrategia política

La carencia de métricas estandarizadas para evaluar resultados en seguridad municipal no es accidente, es conveniencia política. Sin criterios rigurosos de medición, cualquier alcalde puede declararse exitoso citando estadísticas selectivas, redefiniendo indicadores a conveniencia, o simplemente mintiendo sin posibilidad de contrastar sus afirmaciones. ¿Bajaron los homicidios pero aumentaron los feminicidios? Se mencionan solo los homicidios. ¿Disminuyó la denuncia porque la población perdió confianza en las autoridades? Se celebra como "reducción delictiva".

México necesita urgentemente protocolos homologados de medición que incluyan no solo incidencia delictiva reportada, sino percepción ciudadana de seguridad, tiempos de respuesta policial, tasas de esclarecimiento de delitos, y evaluaciones independientes de capacidades institucionales. Estos indicadores deberían ser públicos, auditables y comparables entre municipios. Solo así podríamos distinguir entre alcaldes que genuinamente mejoran la seguridad y aquellos que simplemente controlan la narrativa mediática.

La medición rigurosa también obligaría a reconocer que muchos factores que determinan la seguridad municipal escapan al control del alcalde: decisiones de política criminal federal, dinámicas regionales del crimen organizado, o condiciones socioeconómicas estructurales. Esta honestidad metodológica limitaría el uso oportunista de la seguridad como plataforma electoral.

Hacia instituciones municipales sin dueño

Consolidar seguridad municipal seria requiere reformas que trasciendan voluntades individuales. Primero, establecer servicios civiles de carrera policial que garanticen estabilidad laboral independiente de cambios políticos, con criterios técnicos para ascensos y permanencia. Segundo, crear consejos municipales de seguridad con participación ciudadana, académica y empresarial que supervisen estrategias y resultados más allá del periodo de cada administración. Tercero, condicionar transferencias federales de recursos de seguridad a la presentación de planes estratégicos con objetivos medibles y evaluaciones externas.

Estas reformas no requieren modificaciones constitucionales complejas, pero sí voluntad política para renunciar al control discrecional de las corporaciones. Implican aceptar que la seguridad pública es demasiado importante para dejarse al arbitrio de personalismos políticos. Algunos municipios ya han avanzado en esta dirección, demostrando que el cambio es posible cuando existe compromiso genuino con la institucionalización.

Conclusión: el costo de la improvisación

La seguridad pública no admite improvisaciones ni personalismos. Cada vez que permitimos que un alcalde utilice la corporación policial como trampolín electoral sin exigir resultados verificables, condenamos a esa comunidad a otros tres años de vulnerabilidad. La reelección de autoridades municipales debería condicionarse a la presentación de evidencia rigurosa sobre reducción delictiva, consolidación institucional y profesionalización policial. Sin estas exigencias, seguiremos atrapados en un ciclo perverso donde la seguridad se anuncia pero nunca se construye, se promete pero nunca se cumple, y las únicas víctimas son las comunidades que merecen instituciones serias en lugar de funcionarios que se toman fotos con patrullas nuevas.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.