“Tenemos la mala costumbre de etiquetar como obra del ‘narco’ cualquier delito grave. Le colgamos el adjetivo ‘narco’ a cualquier red criminal sofisticada o manifestación de violencia mediática. Así, hay ‘narcomantas’, ‘narcotúneles’ y ‘narcopolíticos’. En resumen, le decimos ‘narco’ a algo que hace mucho que dejó de ser eso. La categoría ‘narco’ está superada y oscurece mucho más de lo que aclara”. Si la memoria no me falla, ésas fueron las palabras de Adrián López, director del periódico Noroeste , en un evento de reflexión sobre la violencia en la Universidad Iberoamericana, en el que tuve el gusto de coincidir con él.
Ya no son narcos, son algo peor. ¿Cómo los enfrentamos?
Es un grave error pensar que las fronteras entre crimen organizado y sociedad civil, entre economía criminal y negocios legales, y entre autoridades y grupos delictivos están bien marcadas.
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El Programa de Seguridad Ciudadana , coordinado por Ernesto López Portillo, organizó este evento. Con la guía de algunos especialistas, discutimos por qué los indicadores para medir el éxito de la estrategia de seguridad del gobierno federal están rebasados. La obsesión nacional con la cifra oficial de homicidios dolosos es insana: más allá de los problemas de contabilidad, la manipulación de cifras, el bajo índice de denuncias y el altísimo porcentaje de impunidad, ese dato no es suficiente para comprender las complejidades de la violencia que nos aqueja.
Por eso, las palabras de Adrián López son especialmente importantes. Desde Sinaloa, Noroeste es uno de los diarios con una cobertura más profesional de la violencia en México. Desde el ámbito local, este periódico ha hecho un esfuerzo por retar los datos de las autoridades manteniendo sus propios conteos de delitos, por contextualizar la violencia más allá de las viejas narrativas de “pugnas entre grupos criminales” o “enfrentamientos entre el Ejército y el crimen” y por entender qué se esconde detrás de la categoría de “narco”.
Todo esto viene a cuento por el reciente reportaje de la periodista Miriam Ramírez en El Universal. En su investigación “CJNG, una enorme fábrica de lavado de dinero”, Ramírez documenta cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación ha construido una sofisticada estructura financiera para lavar dinero mediante más de un centenar de empresas de sectores como construcción, gasolineras, turismo y servicios contables.
El CJNG ha logrado burlar las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por medio de complejos mecanismos de blanqueo de capitales, estrategias financieras y fiscales sofisticadas, y victorias en tribunales. Es decir, la red de especialistas administrativos, financieros y jurídicos del Cártel es de primer nivel.
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El reportaje de Miriam Ramírez ilustra la advertencia de Adrián López en contra de simplificar el problema de violencia y criminalidad por medio del adjetivo “narco”. Los grupos delictivos superan, por mucho, las caricaturas del discurso popular mexicano y estadounidense.
Los grupos criminales mexicanos son organizaciones muy sofisticadas. Su éxito radica, precisamente, en que no sólo operan al margen de la ley, sino que utilizan los recursos legales e ilegales, formales e informales, violentos y no violentos, a su disposición para expandir sus ganancias, ampliar sus redes de negocios e influencia política, y tender puentes con la economía regular.
Por tanto, es un grave error pensar que las fronteras entre el crimen organizado y la sociedad civil, entre la economía criminal y los negocios legales, y entre las autoridades y los grupos delictivos están bien marcadas. Más bien, líneas difusas y porosas son las que separan —o, muchas veces, unen— al campo criminal y el mundo legal.
Las sanciones del gobierno estadounidense a Vector, Intercam y CI Banco fueron un recordatorio de la artificialidad de las fronteras entre la economía criminal y la legal, y de la creciente capacidad de las organizaciones delictivas para lavar dinero y poner sus capitales a circular (y producir más ganancias) en la economía legal.
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Las reformas recién aprobadas por el Congreso otorgan a García Harfuch y las autoridades de seguridad pública mayores facultades de inteligencia e investigación, con pocos controles. Supuestamente, estas nuevas facultades deberían ser herramientas poderosas para investigar, perseguir y debilitar a los grupos criminales. Sin embargo, no me queda claro que el gobierno mexicano opere bajo el reconocimiento de estar enfrentando a criminales que son más que “narcos” (o, a lo mucho, huachicoleros). ¿Hay voluntad y capacidad para demoler los puentes entre la economía criminal y la legal, y para cortar los circuitos que unen a la clase política, las élites financieras y los capos criminales?
No es una pregunta retórica: si no hay voluntad ni capacidad, entonces ¿cuál es el objetivo de las nuevas leyes?; y si hay tanto voluntad como capacidad, ¿qué hará el Estado mexicano cuando sus investigaciones toquen intereses hasta ahora impensables? Creo que estas preguntas definirán el futuro de la seguridad en México.
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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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