1. El reto de demostrar independencia regulatoria
Tras la reforma en materia de telecomunicaciones, el nuevo regulador quedó bajo la estructura de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo. Aunque las y el comisionado de la CRT tienen perfiles técnicos y amplia experiencia, su primera decisión relevante fue alinearse con la narrativa del gobierno en uno de los temas más sensibles del sector: el costo del espectro. En sus primeras semanas en funciones, la CRT afirmó que el espectro en México es “7% más barato” que el promedio internacional.
El comunicado detonó polémica y cuestionamientos técnicos y políticos. Porque si el espectro fuera realmente barato, no tendríamos el historial reciente de devoluciones, licitaciones desiertas ni operadores que ya advirtieron que no participarán en la próxima licitación si no cambia el modelo. Los datos del mercado contradicen la narrativa y hacen que la posición del regulador resulte poco creíble.
La narrativa oficial cumple una función clara: legitimar el nuevo diseño institucional, sostener la política fiscal antes de la próxima licitación y desactivar la crítica empresarial e internacional justo antes de la revisión del T-MEC. En 2026, el reto será demostrar que puede tomar decisiones técnicas incluso cuando contradigan la conveniencia fiscal o política del propio gobierno.
2. El reto de operar descuentos sin distorsiones ni discrecionalidad
Norma Solano, comisionada presidenta de la CRT, declaró que por primera vez habrá descuentos de hasta 50% en los derechos de espectro a cambio de llevar cobertura a zonas sin servicio. Esta es una pieza central en la nueva narrativa: si no es caro y además habrá alivios para quien invierta en conectividad social, no habría razón para que los operadores se abstengan de adquirir más espectro.
Mónica Aspe, CEO de AT&T México, respondió con una metáfora clara: “si yo pongo mi casa a la venta, y yo creo que es el precio justo, que es lo que debe de costar y está durante 15 años a la venta y nadie la compra, es cara”. Con el espectro pasa lo mismo. Los descuentos por cobertura pueden ser útiles, pero no cambian el valor económico real. Lo que propone la CRT —como ocurre en otros países— es permitir un descuento si el operador lleva la red a zonas desatendidas: una compensación por inversión social, no una reducción del costo efectivo.
Pero aquí surge otro reto para la CRT: operar estos descuentos sin discrecionalidad. Un mal diseño puede derivar en un esquema en el cual algunos operadores obtienen alivios relevantes y otros no, sin criterios claros ni verificables. Altán, por ejemplo, tiene 45% de sus usuarios en zonas rurales y es un candidato natural a beneficiarse del modelo. Eso puede impulsar la conectividad, pero también alimenta la percepción de trato desigual en un contexto en el que Altán está vinculado a CFE y, por extensión, al Estado.
La licitación 5G de 2026 se convertirá en el momento de la verdad. AT&T ya dijo que no participará con el esquema actual. Telcel, por escala, puede seguir jugando aun con costos elevados. Si la CRT no corrige el problema de fondo, México corre el riesgo de una 5G de solo uno o dos proveedores: más cara, más lenta y más concentrada, justo cuando el país aspira a cerrar la brecha digital y avanzar en su agenda de transformación digital.
