¿Realmente harán la diferencia las reformas de seguridad e inteligencia?

A fin de responder al creciente reto del crimen organizado, los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador promovieron distintas políticas públicas y leyes para dotar al Estado mexicano de una policía de alcance nacional y de herramientas para investigar, prevenir y castigar el delito. Cada una de estas estrategias alcanzó distintos resultados —que escapan al alcance de esta columna— y desató debates sobre la pertinencia de esas decisiones para construir un México más seguro.

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Y un año después, la paz continúa en manos del crimen

Hoy estamos ante un nuevo debate de esta naturaleza. Sobre todo, la opinión pública está discutiendo si vale la pena ceder algo de libertad y privacidad por mayor seguridad, y sobre si el viraje en la política de seguridad, emprendido por la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch, dará resultados.

Por iniciativa de la presidenta Sheinbaum, el Congreso aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. A ellas se sumaron la Ley General de Población, la Ley en Materia de Desaparición Forzada, la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General contra la Extorsión.

Con este nuevo marco, las instituciones de seguridad (la Guardia Nacional, de corte militar, y la SSPC, de corte civil) pretenden coordinar esfuerzos con los órdenes estatal y municipal, y generar bases de datos con información pública y privada (CURP biométrica, información bancaria, fiscal, de salud, de telefonía, etc.). De acuerdo con sus promotores, el objetivo de estas reformas sería mejorar la coordinación de distintas dependencias y niveles de gobierno para las labores de inteligencia, producir carpetas de investigación más robustas y terminar con la “puerta giratoria”.

Por sus afectaciones a la privacidad, este nuevo marco legal genera sospechas en lo que respecta a un posible espionaje desde las instituciones policiales (y ahora también militares), lo que ha suscitado preocupación entre ciudadanos, expertos y oposición, quienes argumentan que el Estado utilizará discrecionalmente esta información sin orden judicial previa. Algo nada nuevo para las y los mexicanos, dicho sea de paso, aunque no por ello menos grave.

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#ApuntesElectorales | La reforma electoral que necesitamos

Lo cierto es que las capacidades del Estado mexicano en términos de inteligencia y tecnología se habían quedado rezagadas frente a las crecientes capacidades de los criminales, y las nuevas leyes buscan corregir este rezago.

Sin embargo, como bien sabemos los mexicanos, una cosa es la letra de la ley y otra cosa es lo que ocurre a ras de tierra. Desde esta perspectiva, aunque las nuevas leyes podrían ser herramientas útiles para mejorar las labores de inteligencia e investigación, las capacidades actuales del Estado mexicano no parecen ser suficientes para dar cumplimiento al marco legal recién reformado.

El problema central es el déficit de recursos humanos y presupuestarios con que cuentan las instituciones encargadas de estas labores. Por ejemplo, incluso si el personal policiaco fuera enteramente operativo (lo que no sucede), en México se cuenta con: 173, 407 policías municipales, 253,832 oficiales estatales, 126,203 guardias nacionales, 275,443 elementos del Ejército y 92,043 elementos de la Armada, cuya tasa total por cada mil habitantes es de 6.9. La distribución de este personal no responde a las necesidades de cada entidad o municipio y no todos los militares y marinos trabajan en la seguridad pública del país, pues muchos de ellos están enfocados en un creciente número de facultades tradicionalmente civiles.

Además, de acuerdo con el Censo de Seguridad Pública Estatal más reciente, solamente seis corporaciones estatales cumplen con el mínimo de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes (de acuerdo con el Modelo Óptimo de la Función Policial publicado por la Segob en 2018, es el mínimo requerido). Se trata de Ciudad de México (10.1), Tabasco (3.0), Yucatán (2.1), Guerrero (2.0), Oaxaca (1.9) y Zacatecas (1.8). Hay entidades cuya tasa es muy baja, como Baja California (0.3), Querétaro (0.4), Sinaloa (0.5) y Aguascalientes, Durango y Guanajuato (0.6). Por otro lado, el PEF 2025 contempló solamente 1,120 millones de pesos para las policías municipales a través del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad (Fofisp), lo que representa 93.2% menos que en 2013, de acuerdo con México Evalúa.

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La opacidad como regla

En contraste, se estima que las organizaciones criminales tienen “en sus nóminas” a 175,000 personas, de acuerdo con un artículo publicado en la revista Science, lo que equivale a una tasa de 1.3 por cada 1,000 habitantes. Esto es menor que todas las corporaciones de seguridad, pero con mayor facilidad de reclutamiento y penetración en la sociedad y la economía.

Así, las instituciones mexicanas enfrentan retos estructurales para implementar a cabalidad la nueva estrategia de seguridad pública. Al menos tecnológica, humana y presupuestalmente hablando, será muy complicado que las instituciones de seguridad sean capaces de emplear las facultades y herramientas que les otorgan las nuevas leyes. No obstante, si en efecto la coordinación entre instituciones encargadas de la inteligencia y la investigación se fortalece, y el uso de la tecnología se optimiza, podríamos ver mejoras en rubros específicos como el combate a la extorsión telefónica y el cobro de piso, así como la disminución del robo a transportista y el robo de vehículo.

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Nota del editor: Saulo Dávila (@SauloDavila) y Juan Manuel Ureiro (@ManuelUreiro) son consultores especializados en seguridad pública y derecho constitucional, respectivamente, en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a los autores.