Ante la actual discusión pública, no podemos negar nuestra realidad. La debilitación y destrucción institucional es evidente. Pero esta crisis no empezó con AMLO, sino mucho antes; aunque sí fue él quien más efectividad tuvo en dinamitarlas.
Sí estamos destruyendo las instituciones, desde hace ya tiempo

Como vimos en la última entrega ( https://politica.expansion.mx/voces/2025/05/26/si-construimos-instituciones-muy-solidas ), las instituciones principales las creamos a partir de la era post revolucionaria y a lo largo de todo el siglo XX.
Esta vez, haremos un recorrido del debilitamiento institucional actual, que no empezó en 2018, sino muchos años antes, y que fue lo que le facilitó el camino a López Obrador y la 4T para dar el tiro de gracia a muchas de las instituciones que algún día fueron sólidas.
AMLO llegó y supo aprovechar la situación a su conveniencia, superando a los anteriores en su propio juego. Pero los que hoy tanto se lamentan, curiosamente olvidan que la debacle institucional empezó antes. Y es parte de los excesos que llevaron a que llegara la 4T con tanta fuerza.
Desde el 2000, y con más ahínco 2006 y 2012, se empezaron a cooptar y debilitar instituciones. Nombramientos a modo o ilegales, cuotas partidistas, y notoriamente la destrucción de los partidos.
Calderón y Peña se dedicaron a destruir sus propios partidos desde el poder, para evitar contrapesos. Calderón creó un debilitamiento estructural del PAN para tener mayor control, sea por ambición, por autoritarismo o por simple gusto.
Peña hizo lo mismo con el PRI. Fue su gobierno el que dio golpe de muerte a un partido que a siete años de ese fatídico sexenio sigue agonizante, y en la peor etapa de sus casi 100 años de historia.
Esto acarreó consigo la destrucción de los demás partidos, particularmente el PRD. En buena medida gracias a los obscuros enjuagues y jugosos billetazos del Pacto por México a las corruptas dirigencias de la entonces oposición.
El desdibujamiento de los partidos erosionó las bases de gobernabilidad, y así, al sistema político y el entramado institucional. El PAN, al ser gobierno, no supo estar a la altura de su lucha democrática, y el PRI a su regreso claudicó a su larga tradición de forjador y guardián de instituciones.
Lamentablemente, con la alternancia en el 2000, que muchos despistados aún ven como el inicio de la democracia, se vino un impasse y un retroceso de institucionalización que llevó a la crisis que AMLO aprovechó a la perfección.
Después de dos décadas de profundas reformas para la apertura democrática, fue justo con la alternancia que pararon estas reformas. Hasta 2008 que regresaron, con retrocesos importantes que dieron paso a la comercialización de las elecciones para beneficio de los mejores postores.
Fue, curiosamente, a partir de la competencia partidista que se vinieron los peores vicios de dinero ilegal en campañas, contribuciones privadas a cambio de contratos públicos, parafernalia de asesorías y encuestas a modo, entre muchos otros males del sistema actual.
En 2013 vino la última, y peor, gran reforma política electoral. Una reforma que lejos de corregir el rumbo, lo emporó, con una importante regresión. Y todo, por un enturbiado acuerdo entre gobierno y partidos llamado Pacto por México, para repartirse botines.
No puede sorprendernos que, con ese contexto, la creación de Morena en 2014 representara una alternativa nueva a mucha base social que se sentía no solo decepcionada, sino absolutamente marginada de los partidos en lo que participó toda su vida.
Esta competencia malsana entre los partidos, y en muchos momentos contubernio, implicó la cooptación de instituciones para cuotas políticas. Pasó en el IFE, en el TEPJF, y en todo el Poder Judicial, por citar algunos ejemplos.
No podemos hacer ojos ciegos a nombramientos muy particulares de Consejeros Electorales, beneficiando a personajes no solo cercanos a los partidos, sino en algunos casos hasta ex militantes.
Y qué decir de varios nombramientos en el Tribunal Electoral, particularmente los de 2016 que fueron extendidos de manera inconstitucional por la dupla de Emilio Gamboa y Roberto Gil en el Senado, buscando cuidar las espaldas ante lo que ya se veía como una próxima victoria obradorista.
O cómo olvidar decisiones por demás controvertidas en el TEPJF, como el corrompido caso de impugnación de la gubernatura de Aguascalientes en 2015, primer caso totalmente documentado de participación de la iglesia en las elecciones, al que se hicieron ojos ciegos.
Esto lleva al esquema de nombramientos de las instituciones, particularmente autónomas. A propósito, se dejaron “flexibilidades” en los procesos, para dejarle margen de negociación al Legislativo, y poder a la Presidencia en turno de imponer cuando no se lograran acuerdos.
En lugar de instrumentar comités de expertos independientes, o académicos por ejemplo, que propusieran listados y cuidaran que las candidaturas al menos cumplieran con requisitos técnicos y no solo políticos. Casos polémicos vimos muchos, en la SCJN, INEGI, Comisión de Víctimas, etcétera.
En la Administración Pública Federal, sus décadas de profesionalización fueron borrándose a partir de Fox. Llegó gente inexperta, que ni conocía de la función pública ni le interesaba. Y se instaló un servicio de carrera que solo buscó eternizar nombramientos en lugar de profesionalizar cuadros.
Con Calderón la situación empeoró, con la llegada, además, de muchos jóvenes que estaban más por el poder, y lo que conlleva, que por convicción de servir. Cada vez más se iban expulsando a funcionarios de carrera, demeritando la capacidad institucional.
Con Peña, llegó el acabose. Si bien regresaron algunos perfiles experimentados, el común denominador de esa administración fue la corrupción rampante, las reformas a modo, la ambición, y la confirmación de que los cargos públicos dejaron de tener relevancia y prestigio.
Con AMLO, todo se derrumbó. Lo muy poco que quedaba de funcionarios comprometidos, con vocación, salió. Llegó gente aún más inexperta que con Fox, y con profunda necesidad de revancha.
De las instituciones de seguridad, ni para qué acordarnos. Debilitamiento de las instituciones de inteligencia, descoordinación, y el claro ejemplo de García Luna.
Claro que lo que estamos viviendo con la 4T en materia institucional es terrible, pero no podemos olvidar de dónde veníamos, y quiénes de ese pasado nocivo siguen vigentes en la oposición. No nos desgarremos hoy las vestiduras, mejor entendamos los errores y tratemos de cambiar el futuro.
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