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La columna judicial

Vamos rumbo a una “elección” judicial que solo servirá para decorar la toma de un poder del Estado.
lun 12 mayo 2025 06:02 AM
Suprema Corte de Justicia, candidatos a ministros del Poder Judicial
No esperemos mejoras en el sistema de justicia: el plan es quitar a los jueces incómodos que todavía creen que “la ley es la ley” y poner en su lugar a incondicionales que firmen lo que el gobierno les ponga enfrente, apunta Jorge Triana.

En el convulso tablero político de México —y particularmente en Tamaulipas— se libra una partida sin reglas, donde las fichas ya no son partidos, sino mafias. Una red de lealtades familiares, ambiciones institucionales y crimen organizado —que ya capturó al Poder Ejecutivo local mediante las estructuras del narco y el huachicol fiscal— ahora mueve sus piezas para tomar el siguiente botín: el Poder Judicial. Porque en este país, a partir de la reforma al Poder Judicial impulsada por López Obrador y Sheinbaum, cuando el Estado se debilita, la toga también se subasta.

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En el centro de esta trama se encuentra un nombre que ha pasado desapercibido en el debate nacional, pero que se suma a la larga lista de aspirantes con vínculos cuestionables y que no cumplen, ni de lejos, con los requisitos de idoneidad para el cargo al que aspiran en la elección del Poder Judicial: Tania Contreras López, exconsejera jurídica del gobierno estatal.

Contreras López no es una funcionaria cualquiera. Su trayectoria está estrechamente vinculada a la organización paramilitar conocida como la Columna Armada Pedro J. Méndez, surgida —supuestamente— como grupo de autodefensa en 2010, pero señalada desde hace años por operar como brazo del Cártel del Golfo.

La Columna nació en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero con el objetivo de enfrentar a Los Zetas. Pero, con el paso del tiempo, su discurso radical y su control territorial le han permitido adquirir una clara influencia política en la entidad, además de una presunta participación en delitos como tráfico de migrantes, armas y huachicol. Incluso se ha señalado al grupo por su posible responsabilidad en la muerte de 53 migrantes dentro de un camión con remolque, cerca de la Base de la Fuerza Aérea Lackland, en San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022.

El grupo se mueve en los márgenes entre la política local, la violencia criminal y la legitimación institucional. Su líder, Octavio Leal Moncada, fue detenido en 2022 por homicidio. Su liberación, apenas días después de su captura, fue gestionada por el exalcalde de Hidalgo, Juan José Contreras Castillo, primo hermano de Tania Contreras, quien ya se desempeñaba como consejera jurídica del gobernador Américo Villarreal. Un gesto que no pasó desapercibido: muchos lo interpretaron como pago de favores tras el respaldo de la Columna a la campaña de Morena en la elección de ese año.

Ese respaldo no fue menor. El grupo operó abiertamente en al menos cinco municipios para garantizar el triunfo de Américo Villarreal y, posteriormente, el de Claudia Sheinbaum en 2024. Hoy, esa misma estructura estaría operando en favor de la candidatura de Tania Contreras al Poder Judicial. Porque su llegada a la presidencia del Tribunal de Justicia de Tamaulipas requiere algo más que méritos: necesita el visto bueno del mismo poder fáctico que ha cooptado al gobierno estatal.

Pero los lazos que rodean a Contreras López son aún más oscuros. Su cuñado, Juan Carlos Madero Larios, fue señalado por escrito por el general Luis Cresencio Sandoval, exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de López Obrador, como operador corrupto en las aduanas. Su nombre reaparece hoy en investigaciones del gobierno estadounidense sobre redes de huachicol fiscal en puertos estratégicos como Ensenada, Guaymas y Altamira.

A esto se suma una inquietante aspiración: su esposo, Jorge Luis Beas, subsecretario de Legalidad en Tamaulipas, busca sustituir a Héctor Joel Villegas como número dos del gabinete estatal. La apuesta es clara: un solo matrimonio al frente del poder político y judicial del estado. Un matrimonio con vínculos, por lo menos cuestionables, con grupos de delincuencia organizada.

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Estamos, pues, ante un fenómeno que va más allá de una candidatura judicial. Se trata de un intento de consolidación institucional del poder por parte de un grupo paramilitar y de intereses criminales, que comprometen gravemente la independencia judicial y del Estado de derecho.

Vamos rumbo a una “elección” judicial que solo servirá para decorar la toma de un poder del Estado. No esperemos mejoras en el sistema de justicia: el plan es quitar a los jueces incómodos que todavía creen que “la ley es la ley” y poner en su lugar a incondicionales que firmen lo que el gobierno les ponga enfrente. Lo grave es que no solo se trata de obediencia política, sino de algo peor: por esta vía, los grupos criminales tendrán butaca de juez y toga oficial. Tamaulipas no es la excepción; es solo un ejemplo y parte central del ensayo general.

Porque en el obradorato, en cualquiera de sus dos pisos, hasta el crimen organizado exige sentencias con línea.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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