Claudia Sheinbaum insiste en que no es una presidenta autoritaria, pero sus primeros actos en el poder dicen lo contrario. Envió al Congreso una iniciativa que permitiría al gobierno apagar, censurar o bloquear cualquier plataforma digital que, a su juicio, incumpla sus exigencias. Morena, sin demora, ya comenzó a aprobarla.
Restaurar la censura
Resulta irónico que los morenistas se indignen cuando se les compara con dictaduras como Venezuela, Cuba o Nicaragua, pero actúen siguiendo las mismas recetas: control absoluto de la información.
@JTrianaT
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Con esta ley, bastaría que a las autoridades no les gustara el contenido de una red social o medio digital para desconectarlo. Además, cualquier ciudadano que publique algo incómodo para el régimen podría ser censurado. Hoy, las plataformas digitales representan el último bastión de la libertad de expresión en México, y ahora pretenden extinguirlo.
Resulta irónico que los morenistas se indignen cuando se les compara con dictaduras como Venezuela, Cuba o Nicaragua, pero actúen siguiendo las mismas recetas: control absoluto de la información y anulación de voces críticas.
Para el obradorato, controlar la narrativa pública es una obsesión. Callar a la crítica y desaparecer al periodismo incómodo ha sido siempre su verdadera aspiración. Y esta vez no son insinuaciones: la iniciativa fue enviada directamente por la presidenta.
A pesar de los discursos que celebran su popularidad, su condición de primera mujer presidenta o su enfrentamiento con Trump, no debemos perder de vista la realidad: Sheinbaum ha iniciado su gobierno destruyendo al Poder Judicial, eliminando la división de poderes y ahora avanzando hacia la legalización de la censura.
La historia enseña que, cuando se desmantelan las libertades fundamentales, los resultados son catastróficos. Ningún país ha prosperado bajo esquemas de control autoritario disfrazados de progreso.
Presionada por la opinión pública y la sociedad civil, Sheinbaum anunció cambios menores a la iniciativa, ofreciendo más tiempo para su discusión y prometiendo ajustar la redacción de un artículo. Pero modificar unas cuantas palabras no cambia el fondo: el gobierno seguiría concentrando un poder inmenso en la llamada Agencia de Transformación Digital, una entidad que quedaría bajo control directo de la Presidencia.
La intención original era clara: aprobar, sin debate ni parlamento abierto, una ley que da al gobierno la facultad de silenciar a cualquier plataforma o usuario incómodo. Hoy, la presidenta habla de no regresar al pasado; pero con su proyecto, pretende reinstaurar un modelo autoritario muy similar al de las décadas más oscuras del México priista.
La mayoría oficialista en el Senado ya aprobó en comisiones la iniciativa que legalizaría el cierre de redes sociales y medios digitales. ¿Alguien puede afirmar con seriedad que estos legisladores actúan de manera independiente?
Esto no es una simple contradicción. Es una traición a los principios democráticos que Morena alguna vez dijo defender.
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La justificación original para la reforma era proteger a los mexicanos de mensajes de odio provenientes del extranjero, como los promovidos por Donald Trump. Una causa legítima que encontró apoyo generalizado. Sin embargo, bajo esa excusa, se escondió una agenda mucho más amplia y peligrosa: ampliar el control gubernamental sobre los contenidos digitales.
La proporción en el dictamen es reveladora: en casi 300 páginas, apenas tres artículos se dedican al tema de los anuncios extranjeros. El resto está orientado a dar al gobierno herramientas para censurar, bloquear y controlar el flujo de información en Internet.
La defensa de nuestra libertad de expresión no puede limitarse a corregir detalles de redacción. El problema es estructural. La libertad en México está bajo ataque, y quienes juraron protegerla hoy trabajan para someterla.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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