Cuando un gobierno decide cambiar las reglas del juego para evaluar su propio desempeño, la confianza en los datos se erosiona. El CONEVAL existía justamente para evitar eso, para garantizar que los indicadores de pobreza fueran creíbles y estuvieran blindados frente a intereses políticos. Hoy esa garantía ya no existe. El árbitro se fue.
La base de la narrativa oficial es el documento Medición de la Pobreza 2024 (PM-2025_08), elaborado por el INEGI con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024. Según esas cifras, la pobreza multidimensional bajó de 36.3% a 29.6% entre 2022 y 2024, y la pobreza extrema de 7.1% a 5.3%.
El gobierno lo atribuye al aumento del salario mínimo, a los programas sociales y al “autoempleo”, es decir, al empleo informal. Entre 2018 y 2025, la informalidad laboral pasó de 62% a 64%. Más empresas y negocios operan fuera de la legalidad.
La pobreza bajó solo en los registros, no porque existan más y mejores empleos, sino porque el gobierno reparte más dinero. Dinero que, por cierto, proviene de los mismos contribuyentes que pagan puntualmente sus impuestos, enfrentan la inflación y ven cómo los servicios públicos se deterioran.
El caso Vector es igualmente explosivo. Una institución financiera ligada a uno de los hombres más cercanos a López Obrador, señalada de ser vehículo para operaciones de lavado del Cártel de Sinaloa y de triangulación de fondos para adquirir insumos químicos en China destinados a la producción de fentanilo. No hablamos de rumores, sino de acusaciones documentadas que comprometen a la élite empresarial y política que orbitó alrededor del expresidente durante todo su sexenio.
Y lo que ocurre con Ovidio Guzmán podría ser aún más devastador. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, extraditado en 2023, enfrenta un juicio que no solo detalla operaciones del Cártel de Sinaloa, sino que podría exponer la protección política que recibió en México durante el sexenio pasado. Testimonios, acuerdos con fiscales y pruebas de inteligencia estadounidense podrían implicar a funcionarios en activo o a figuras clave de Morena. En cualquier otro país, esto sería material de portada día tras día.
En este contexto, ¿qué es el caso Vallarta? Un expediente judicial antiguo, con abusos de la autoridad y errores procesales graves, sí, pero que no representa ni de lejos la amenaza política e institucional que implican estos otros asuntos. Sin embargo, es el que el gobierno ha elegido amplificar, porque conmueve, divide opiniones y, sobre todo, desplaza de la conversación lo que realmente les preocupa.
La misma Medición de la Pobreza 2024 revela que la población vulnerable por carencias sociales aumentó de 29.4% a 32.2%. Es decir, hoy hay más mexicanos con carencias graves, aunque las estadísticas los clasifiquen como “no pobres”. El dato más alarmante está en la salud. Desde 2018, el número de personas sin acceso a servicios médicos creció en 24.4 millones. Pasamos de 16.2% de la población sin cobertura en 2018 a 34.2% en 2024. En las zonas rurales la situación es todavía más dramática, casi la mitad de la población carece de atención médica. En las ciudades, tres de cada diez personas ya no cuentan con servicios garantizados.
Pero la crisis no se limita a la cobertura, el desabasto de medicamentos la agrava. Aunque la Secretaría de Salud asegura que para 2025–2026 se han adquirido el 96% de los fármacos e insumos necesarios, está documentado que el problema persiste en múltiples estados y hospitales. Durante el cierre de 2024 y el primer trimestre de 2025 hubo faltantes de medicamentos esenciales, desde insulina y antihipertensivos hasta tratamientos oncológicos, en unidades del IMSS, ISSSTE y hospitales estatales. Este déficit obliga a miles de pacientes a interrumpir sus terapias, acudir al sector privado o simplemente resignarse a no recibir tratamiento, poniendo en riesgo sus vidas.
Esto no es casualidad. Se vació el Fondo de Enfermedades Catastróficas, se eliminó el Seguro Popular, fracasó el INSABI y el IMSS-Bienestar no avanza. El país no tiene hoy capacidad real para atender a toda la población. En el sexenio de López Obrador, México pasó de tener un sistema de salud con problemas a uno en crisis abierta.
La contradicción es evidente: menos pobres en las estadísticas, pero más mexicanos sin derechos y sin servicios básicos en la realidad. Hoy, el 3.4% del gasto monetario corriente de los hogares se destina a servicios privados de salud, porcentaje que aumentó respecto a 2018, cuando rondaba entre 2.6% y 2.7%. Peor aún, los hogares de menores recursos destinaron hasta 3.9% de su ingreso total al gasto en salud. ¿De qué sirve tener más dinero en el bolsillo si, cuando enfermas, no hay médico que te atienda, hospital que te reciba o medicamentos que te surtan?
La reducción de la pobreza que presume el gobierno es frágil y depende de subsidios que, aunque valiosos para quienes los reciben, no generan desarrollo sostenible. Además. tampoco puede haber confianza plena en cifras medidas con una vara controlada desde Palacio Nacional.
La realidad no se puede maquillar para siempre. Si el sistema de salud termina por colapsar o si se agota el dinero de los programas, quedará claro que la pobreza sí “disminuyó”, pero también que hubo cosas que nunca te dijeron.
