Reforma al Poder Judicial, ¿un avance necesario o un retroceso disfrazado?

Desde una mirada jurídica y ciudadana, me gustaría poner sobre la mesa lo que realmente significa este cambio, sus riesgos, vacíos, y más importante aún, lo que considero podemos hacer para que no termine siendo un paso atrás disfrazado de democracia.

Una reforma que nace del hartazgo

Entiendo el argumento que sostiene la reforma: el hartazgo ante jueces impasibles, procesos interminables y resoluciones injustas. Ese malestar social es incuestionable. Sin embargo, responder a él con una reforma que privilegia la mera apariencia democrática por encima de la preparación es como querer curar una infección con un placebo, lo más seguro es que no funcione en absoluto.

Es cierto, en el Poder Judicial existen omisiones y decisiones que han lastimado su credibilidad, pero lo preocupante es que, en lugar de fortalecer lo perfectible, se esté trastocando su autonomía y conocimiento técnico.

Lo que debimos hacer

Antes de plantear una reforma estructural, era indispensable reestructurar a fondo la capacitación y evaluación en el Poder Judicial.

El problema no es quién llega a ser juez, sino cómo llega y cómo se forma. Juzgar no es sólo saber derecho: es entender la carga procesal, los tiempos y la presión de las partes. Esa experiencia no se consigue en campañas ni con votos, se construye con trayectoria.

Aquí vale la pena hacer una distinción: capacitar no es lo mismo que entrenar , y el Poder Judicial necesita ambos, tanto para nuevos perfiles como para quienes ya ejercen. También hace falta reforzar la ética: en Estados Unidos, jueces y abogados deben tomar clases de ética anualmente o pierden su licencia. ¿Por qué en México no existe esa exigencia?

El sistema judicial no es perfecto, pero el problema real es cómo lo hemos implementado. Cambiar el método de elección de jueces servirá de poco si no transformamos también su formación, supervisión y evaluación.

La reforma es un hecho. Pero considero, que, si vamos a caminar hacia una transformación tan profunda, se haga de fondo y de forma.

¿Qué podemos hacer ante lo inevitable?

- Solicitar capacitación para jueces electos. Sería importante que los nuevos perfiles pasen al menos un año en formación intensiva antes de tomar posesión. Ahí se puede evaluar su aptitud, corregir deficiencias y, si es necesario, descartar a quienes no cumplan con lo necesario.

- Fortalecer los mecanismos de evaluación. Un juez electo no puede actuar sólo, deben existir órganos robustos que evalúen su desempeño.

- Robustecer los contratos. Ahora bien, desde la trinchera del particular, se deberá robustecer las relaciones contractuales, pues son un elemento esencial para la adecuada impartición de justicia. En la medida en que los contratos sean claros, detallados y suficientemente previsores, se otorgan a los juzgadores las herramientas necesarias para resolver con base en la equidad, y no influenciados por criterios partidistas o presiones de las partes. Un contrato sólido limita la interpretación subjetiva y fortalece el respeto al marco legal, contribuyendo a decisiones más justas y a un entorno jurídico más predecible.

Cada una de estas acciones se basa en una idea sencilla pero profunda: si el cambio es inevitable, hagámoslo con inteligencia y ética.

La justicia no está en el escaparate

Elegir jueces por voto directo puede sonar atractivo en el discurso, pero se convierte en una trampa si no viene acompañado de exigencias técnicas y ética. No se trata simplemente de darle voz al pueblo, sino de construir instituciones capaces de responder con responsabilidad.

Hoy más que nunca, necesitamos construir, no dividir. La transformación del Poder Judicial debe ser una causa común, alejada de intereses particulares y centrada en el bien mayor: un sistema de justicia más fuerte, más justo y verdaderamente al servicio de la ciudadanía. Más allá de las diferencias de opinión, es momento de sumar visiones, talento y compromiso para asegurar que los cambios que hoy emprendemos no sólo respondan al clamor social, sino que también garanticen un futuro en el que la justicia sea un verdadero pilar de confianza y esperanza para México.

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Nota del editor: Francisco J. Peña-Valdés es abogado, Secretario General Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos (AEM) y Presidente AEM Capítulo McAllen. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.