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Se confirma que poderes fácticos controlarán al Poder Judicial

Las personas que participaron en el proceso de selección de los candidatos al Poder Judicial son quienes nos están advirtiendo que hay aspirantes ligados a distintos poderes fácticos.
mar 29 abril 2025 06:03 AM
Boleta Eleccion Poder Judicial en la CDMX
Triste y obvio desenlace de una reforma judicial que supuestamente se diseñó para “acercar la justicia al pueblo”, pero terminará entregándosela a las élites, apunta Jacques Coste.

Muchos analistas lo dijimos y lo repetimos mil veces, tanto que parecíamos merolicos: con la reforma judicial aprobada de manera exprés y sin deliberación, y con la elección judicial mal planeada y sin garantías de idoneidad de los candidatos, era muy probable que grupos empresariales, organizaciones criminales, operadores políticos, elementos militares y otros poderes fácticos controlaran al Poder Judicial. Hoy, miembros de la coalición gobernante nos lo han confirmado.

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Ya no se trata de especulaciones o conjeturas de analistas y periodistas críticos. Tampoco se trata de reclamos de líderes políticos de la oposición o de trabajadores del Poder Judicial. Más bien, ahora, las personas que participaron en el proceso de selección de los candidatos al Poder Judicial son quienes nos están advirtiendo que hay aspirantes ligados a distintos poderes fácticos.

Una de las advertencias vino de Vanessa Romero, abogada y analista política cercana a la coalición gobernante, quien además participó en el Comité de Evaluación de candidatos postulados por el Poder Ejecutivo para la elección judicial, liderado por el exministro Arturo Zaldívar. Es decir, por su involucramiento directo en el proceso de selección, Romero conoce como pocas personas los recovecos del barroco proceso de elección judicial y el perfil de los candidatos.

Con este bagaje, Romero publicó una columna en Reforma, en la que denunció a uno de los candidatos a ministro de la Suprema Corte: César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de Ernesto Zedillo, que posteriormente cayó en desgracia por actos de corrupción y colusión con el crimen organizado. Lo preocupante de la candidatura de Gutiérrez Priego no es su historia familiar, sino que él mismo ha dedicado su práctica como abogado a defender militares acusados de colusión con grupos criminales o violaciones a derechos humanos. De acuerdo con Vanessa Romero, de ganar la elección, Gutiérrez Priego sería un alfil de las Fuerzas Armadas en la Suprema Corte.

Por otra parte, Gerardo Fernández Noroña, uno de los líderes de Morena en el Senado y uno de los miembros más vocales de la coalición gobernante, declaró que hay candidatos al Poder Judicial que defendieron a miembros del crimen organizado o a abusadores sexuales, incluyendo al infame Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Sin embargo, Noroña se lavó las manos y dijo que, pese a que falló el primer filtro de los Comités de Evaluación, el INE aún puede retirar las candidaturas a las personas con perfiles inaceptables.

Se trata, tan sólo, de la punta del iceberg. Son solamente las declaraciones públicas de miembros de la coalición gobernante acerca de la posibilidad de que distintos poderes fácticos (en este caso, iglesias, grupos criminales y las Fuerzas Armadas) incidan en el Poder Judicial. Sin embargo, en charlas que he sostenido en los últimos meses con periodistas de distintos estados del país, prácticamente todos me han compartido que, en sus respectivas entidades, grupos de empresarios locales, caciques políticos y bandas criminales están financiando irregularmente, operando territorialmente y movilizando a sus clientelas para que sus candidatos ganen las elecciones y se posicionen en el Poder Judicial. Es decir, para que la justicia esté acomodada a su favor.

En una elección con baja participación, como lo serán los comicios judiciales, la participación de unos cuantos votantes que estos poderes fácticos logren movilizar será suficiente para que el crimen organizado, el gran capital, los caciques políticos y hasta las iglesias se apropien de la justicia.

Esta noticia es muy preocupante, pero no es sorprendente desde ningún punto de vista. Lejos de ello, es el desenlace obvio de una reforma de máxima importancia que nuestros legisladores trataron como un juego insignificante por el deseo de agradar a su patrón político, el expresidente López Obrador. Es el desarrollo inevitable de una elección judicial que nunca debió tener lugar, una elección judicial que todavía hasta el día de hoy la presidenta Sheinbaum presume como un signo de que “México es el país más democrático del mundo”. ¿En serio, presidenta? ¿Es democrático que el Ejército tenga un escaño en la Suprema Corte? ¿Es democrático que grupos criminales tengan aún más incidencia en la judicatura? ¿Es democrático que los dueños del gran capital controlen juzgados completos?

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Con las denuncias de Romero y Noroña, vale la pena preguntarse, ¿cuántos candidatos más hay con los perfiles que describen? ¿Es descabellado pensar que las Fuerzas Armadas se movilizaron para colocar a varios candidatos afines en la elección para así seguir afianzando la preponderancia del Ejército en nuestra vida pública? ¿Es injustificado imaginar que la liga entre el poder político y el poder económico, que Morena juró romper, ahora será aún más estrecha gracias a la defensa conjunta de los intereses de estas élites por medio de la elección judicial?

Triste y obvio desenlace de una reforma judicial que supuestamente se diseñó para “acercar la justicia al pueblo”, pero terminará entregándosela a las élites.

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Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Elecciones judiciales 2025 Reforma al Poder Judicial Política Opinión

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