En México, la inseguridad dejó de ser una noticia para convertirse en parte de la vida del día a día.
Salir de casa implica una planeación casi estratégica: decidir qué rutas tomar, evitar ciertas calles, no usar el celular en la vía pública, y avisar constantemente a familiares o amigos de que uno ha llegado con bien. Para millones de mexicanos, esta rutina ya no sorprende; es simplemente la manera en que intentamos sobrevivir en un entorno donde el riesgo es constante y la certeza, escasa.
La inseguridad no solo se mide en cifras de homicidios, robos o secuestros. Los números son lejanos a la gente y a esta no le interesa para nada las mediciones, lo que quiere son hechos que cambien su realidad.
Se siente en las calles vacías al caer la noche, en los negocios que cierran temprano, en la indecisión de usar o no, el transporte público o en el temor de que nuestros hijos regresen solos de la escuela. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), más del 80% de la población adulta considera inseguro vivir en su ciudad. Esa percepción afecta nuestra salud mental, nuestras relaciones sociales y hasta la economía, porque el miedo inhibe la movilidad, la inversión, pero sobretodo, la vida de la población.
Aunque a los ciudadanos, la realidad es que nos valen las cifras, estadísticas y estudios que se presentan desde las esferas gubernamentales, centros de estudios y académicos. Lo que queremos son hechos, sentirnos protegidos y poder caminar en paz en nuestras colonias, barrios y ciudades, actividad que por supuesto no podemos hacer. No nos sentimos protegidos por el estado mexicano, ni por ninguna otra autoridad.
Uno de los daños más profundos que deja la inseguridad es la erosión de la confianza en quienes deberían protegernos. El policía (que en la realidad es el primer funcionario del estado mexicano), el ministerio público y, en muchos casos, el propio sistema judicial, son vistos con sospecha, desconfianza y recelo por buena parte de la ciudadanía. No se trata solo de una impresión subjetiva: la corrupción, la impunidad y el abuso de autoridad han dejado cicatrices profundas. Casos de detenciones arbitrarias, extorsiones y vínculos entre autoridades y el crimen organizado alimentan la percepción de que las instituciones no están de nuestro lado.
Cuando el ciudadano siente que denunciar no sirve de nada, la ley pierde sentido.
En teoría, denunciar un delito es un derecho y una obligación cívica, que debiera ser un proceso sencillo, derivado de la complejidad emocional que esto implica.
En la práctica, es un proceso que muchos evitan. Las razones son múltiples: miedo a represalias, desconfianza en que se investigue el caso, burocracia interminable y, en algunos casos, un trato insensible por parte del personal de procuración de justicia. La ENVIPE estima que cerca del 93% de los delitos no se denuncian, un índice de “cifra negra” que evidencia la magnitud del problema. Este silencio colectivo no es apatía: es un mecanismo de autoprotección ante un sistema que no garantiza seguridad ni justicia y si muchas incertidumbres.
Las horas para poder denunciar un delito, se cuentan en promedio entre 6 y 8 horas en el menor de los delitos. Tenemos 32 fiscalías que deben recibir las denuncias de los delitos que duelen al ciudadano. ¿Cuántas veces el ministerio público nos pide mejor no denunciar o moverle? Y si logramos que prospere la denuncia y sea recibida, hay que invertirle tiempo, esfuerzo y mucho dinero para tener una prospección de resultado…
En México, la seguridad pública es responsabilidad compartida de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
En papel, cada uno tiene funciones definidas. El gobierno federal debe atender delitos de alto impacto, como el narcotráfico y la delincuencia organizada. Los estados tienen a su cargo la mayoría de los delitos comunes, y los municipios se encargan de la seguridad preventiva, la proximidad ciudadana y las faltas administrativas.
Sin embargo, en la práctica, las competencias se diluyen en un mar de excusas, rivalidades, colores políticos y falta de coordinación. La militarización de la seguridad en los últimos años ha buscado suplir deficiencias locales, pero no ha resuelto el problema y si en cambio lo ha complejizado, los militares no tienen entrenamiento en seguridad ciudadana y conocimientos de territorio. La ausencia de una estrategia clara y conjunta provoca que muchas veces no quede claro quién responde ante una emergencia, dejando al ciudadano en medio del vacío institucional.
Vivir con miedo no puede, ni debe ser la normalidad. Pero en México hoy lo es.
Si bien es cierto que no hay soluciones inmediatas ni sencillas, la negación o la resignación solo fortalecen al crimen y a la impunidad. Pero el camino de la recuperación de la confianza perdida de los ciudadanos no es sencillo. Primero se necesitan ver acciones contundentes en los delitos que le duelen a la gente día con día. Ahí es donde se puede comenzar con esta recuperación.
Se requiere una estrategia integral que no dependa exclusivamente de la fuerza, sino que incluya prevención, fortalecimiento institucional, rendición de cuentas y reconstrucción del tejido social, así como del valor esencial: la confianza de los ciudadanos.
Como ciudadanos, debemos exigir transparencia y resultados a nuestros gobernantes, pero también participar en la construcción de comunidades más seguras.
La seguridad no es un favor que nos hace el Estado: es un derecho que debemos reclamar y defender todos los días.
La inseguridad en México no es inevitable. Lo que sí sería inevitable, si seguimos en silencio, es que termine por arrebatarnos no solo nuestras calles, nuestra libertad pero sobretodo, nuestra vida.
Aún con miedo, tenemos que salir a trabajar porque tenemos la extraña costumbre de comer tres veces al día y realizar nuestra actividad diaria, y parece que el estado mexicano no se ha dado cuenta que no vivimos de números. Vivimos de certezas y de trabajo diario.
____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
