En la novela que lleva ese nombre, García Márquez cuenta una historia cuyo fin se revela desde el principio. Así empieza: “el día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo”. Acto seguido, detalla los sueños de Nassar en las noches previas, según se los confió a su madre, quien a pesar de tener “una reputación muy bien ganada como intérprete de los sueños ajenos”, no supo identificar en ellos “ningún augurio aciago”. La víctima tampoco presintió la fatalidad. Pero una hora y treinta y cinco minutos después de haberse levantado, Nasar “fue destazado como un cerdo”. El resto del relato narra los pormenores que desembocan en esa ya conocida conclusión.
Reforma judicial: crónica de una muerte anunciada
Cada avance en el proceso confirma lo que se sabe desde el inicio: es una mala reforma y, además, ha estado muy mal hecha.
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Dichos pormenores tienen una peculiaridad memorable: todos en el pueblo se enteran de que los hermanos Vicario van a matarlo, un sinfín de personajes intenta hacer algo para impedirlo o trata de avisarle a Nasar. Por uno u otro motivo, sin embargo, ninguno lo consigue. Cual tragedia griega en el caribe colombiano, nadie logra alterar la marcha de los acontecimientos. A pesar de estar colmada de azares y respingos, la trama se desenvuelve menos como un frágil resultado de decisiones humanas que como el producto inexorable de algún designio divino o una fuerza de la naturaleza. Con todo, en la costera Riohacha del Gabo, al igual que en la antigua Tebas de Sófocles, el final sigue siendo sorprendente aunque no sea, en estricto sentido, ninguna sorpresa.
A veces da la impresión de que la reforma judicial en curso tiene la misma fisonomía trágica. Desde que se anunció estaba claro cómo acabaría. El Poder Judicial no se dio, bien a bien, por enterado. Mucho se advirtió sobre su perversidad y sus defectos, muchos intentaron detenerla –o, al menos, atemperarla– pero los esfuerzos fueron inútiles: la reforma avanzó, como quería el presidente López Obrador, sin que se le modificara ni una coma. Incluso entre quienes hoy la defienden había mucho escepticismo sobre si someter a votación popular la designación de jueces era de verdad una buena idea, habida cuenta de que hacerlo “desnaturaliza su función”, pues el suyo es “un cargo técnico” y “el más popular, el más simpático o el que logra generar más empatía con la ciudadanía, no necesariamente es el mejor ministro o juez” y “en muchas ocasiones los jueces tenemos que ser impopulares” ( así lo dijo el propio Arturo Zaldívar y, como él, hay muchos que por vil oportunismo político optaron por enterrar sus dudas en el cementerio de la integridad intelectual).
Cada avance en el proceso confirma lo que se sabe desde el inicio: es una mala reforma (i.e., que no parte de un diagnóstico serio, que no está inspirada en ningún caso exitoso, que dará al traste con la carrera y la independencia judicial, que representa un profundo retroceso democrático, que vulnera la certidumbre jurídica que requiere cualquier Estado de derecho, etc.) y, además, ha estado muy mal hecha (i.e., por los tiempos, las tómbolas, el presupuesto, los comités, la distritación, los desacatos, las casillas, los criterios, las boletas, etc.). No importa, nada ni nadie ha podido desafiarla con éxito, una y otra vez parece imponerse, como en el caso de Nasar, eso que García Márquez denominó “la ferocidad del destino”.
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A estas alturas, no obstante, lo sorprendente no sería que la crónica de la reforma termine como tanto se ha temido, sino que por algún imprevisible motivo no sea tan fatídica como todo indica que será.
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