Desde 1994, la Corte tiene el poder político y constitucional de revisar que las leyes aprobadas por el Ejecutivo y Legislativo no violen la Constitución y, desde 2011, los tratados internacionales y convenciones en materia de derechos humanos.
La reforma judicial de 1994 fue la herencia democrática más importante del gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, porque permitió que las decisiones tomadas por el PRI en aquel momento fueran revisadas por un grupo de jueces que gozarían de independencia porque no podían ser removidos de su cargo, tenían un salario inamovible y superior al del presidente y todos los funcionarios públicos para evitar presiones políticas, durarían en su cargo 15 años para evitar que un mismo partido político pudiera nombrar a todos los ministros y generar dependencias políticas.
La reforma judicial de 2024 de Andrés Manuel López Obrador es exactamente lo contrario. Le quita poderes de revisión a la Corte, limitando los efectos de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos. Si ahora cualquier autoridad política o pública viola alguno de sus derechos humanos, en lugar de obtener una suspensión provisional a la semana mientras se resuelve el caso, tendrá que esperar hasta que se resuelva, y sus derechos seguirán siendo violentados.
Dicen que serán seis meses, sin embargo no hay evidencia de que eso pueda ser así con los cuatro jueces por cada 100,000 habitantes que tenemos. Los sistemas judiciales de democracias consolidadas tienen en promedio 18 jueces por cada 100,000 habitantes. En ninguna parte de la reforma se habla de incrementar el número de jueces.
Ahora bien, ¿cuál es el papel de nuestra Corte constitucional frente a una reforma que deja a las personas sin un Poder Judicial federal independiente, sin la posibilidad de tener mecanismos efectivos para la defensa de nuestros derechos?
Hoy, más que nunca, es indispensable que la Corte use su poder de revisión constitucional y convencional para que determine lo regresiva que resulta esta reforma para los derechos humanos, la separación de poderes y para la democracia. Las y los ministros deben tomar una perspectiva pos-positivista y dejar atrás el formalismo jurídico para proteger de manera más amplia nuestro derecho humano a una justicia independiente y a recursos de revisión constitucional que nos protejan.
Las y los ministros están obligados a estudiar el caso de la reforma judicial tomando en consideración los efectos que tendrá para la democracia y los derechos humanos dejarnos sin una corte independiente y profesional, o sin la posibilidad de disputar frente a un tercero independiente las decisiones y actos de autoridades que hoy han mostrado su talante autoritario.
