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#ColumnaInvitada | 5 narrativas virales en torno a la reforma judicial

La desinformación en redes sociales fomenta la polarización e impide a la ciudadanía comprender los verdaderos beneficios y riesgos de la reforma.
vie 06 septiembre 2024 06:03 AM
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Los estudiantes de universidades públicas y privadas rechazaron que los jueces se elijan por voto como se propone en la iniciativa de AMLO.

La desinformación juega un papel relevante en el debate en redes sociales sobre la reforma judicial en México, ya que exacerba la polarización y dificulta el acceso a información confiable para la ciudadanía. A continuación, se destacan algunos de los efectos más notorios de estas prácticas en la conversación pública:

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1. Distorsión del propósito de la reforma

Una de las narrativas más difundidas en redes es la que presenta a la reforma como un intento del gobierno para centralizar el poder o eliminar la independencia judicial. Aunque existen preocupaciones legítimas sobre la politización , este discurso ha magnificado las inquietudes en torno a la reforma, asegurando que busca directamente subordinar el Poder Judicial al presidente, cuando en realidad el debate está centrado en los riesgos de la elección popular de jueces.

La reforma propone que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, pero no menciona facultades presidenciales directas para remover jueces. Críticos de la reforma como Human Rights Watch y la ONU han expresado preocupaciones legítimas sobre la posible politización de la justicia, pero estas afirmaciones han sido difundidas en redes sin contexto, lo que crea confusión.

2. Manipulación de cifras y hechos

Otro aspecto de la desinformación es la manipulación de datos para fortalecer una narrativa particular. Por ejemplo, se ha difundido información imprecisa sobre el número de jueces que perderán sus cargos o sobre la cantidad de recursos que serán destinados a implementar la reforma. En redes como Facebook y WhatsApp, se ha difundido que la reforma judicial causará la eliminación de más de 1,500 jueces y magistrados.

En realidad, la propuesta menciona que habrá elecciones para 1,688 cargos judiciales, pero no implica la eliminación inmediata de jueces, sino una reestructuración del sistema de elección. Los jueces actuales podrían postularse para seguir en sus cargos, bajo nuevos criterios. Además, se han difundido rumores sobre la posible intervención del ejército en asuntos judiciales, lo cual no es parte de la propuesta legislativa. Este tipo de datos imprecisos circula rápidamente, especialmente en las plataformas digitales, generando alarma entre los usuarios.

3. Narrativas encontradas sobre el impacto económico

En cuanto a la economía, han circulado noticias que aseguran que la reforma provocará una crisis financiera inmediata, afectando de manera drástica las inversiones extranjeras. Aunque existen preocupaciones válidas sobre la estabilidad jurídica, estas noticias amplifican los temores, sugiriendo que empresas multinacionales ya están retirándose del país debido a la reforma, algo que no ha sido confirmado por ninguna fuente confiable. Esta desinformación ha generado inquietud entre sectores empresariales y ciudadanos interesados en la estabilidad económica del país.

Por ejemplo, en plataformas como Twitter, ha circulado una noticia falsa que aseguraba que las inversiones extranjeras en México caerían un 25% debido a la incertidumbre que generaría la reforma judicial, citando supuestos "analistas económicos".

Pero, aunque organismos como Coparmex y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) han advertido sobre posibles efectos en la estabilidad jurídica y las inversiones, no existen proyecciones concretas que indiquen una disminución inmediata del 25%.

Más bien, las preocupaciones se centran en la incertidumbre jurídica a largo plazo y su impacto en la confianza de los inversores extranjeros, especialmente con respecto al cumplimiento de tratados como el T-MEC.

Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum negó que la reforma tenga un impacto negativo en las inversiones, y aseguró en redes sociales que fortalecerá el Estado de Derecho y, con ello, la estabilidad económica.

4. Ataques personalizados y teorías de conspiración

Las redes sociales también han visto un incremento de ataques personales hacia figuras públicas involucradas en la reforma, incluyendo teorías de conspiración que afirman que ciertos jueces o políticos tienen intereses ocultos. En Facebook y Twitter, se han propagado rumores que vinculan a jueces de la Suprema Corte con cárteles de la droga, pero estas acusaciones no han sido respaldadas por investigaciones serias o pruebas.

Estas narrativas polarizan aún más el debate, centrando la conversación en aspectos irrelevantes o sensacionalistas en lugar de enfocarse en los verdaderos desafíos que enfrenta el sistema judicial. Por un lado, se ha propagado la idea de que jueces corruptos están siendo removidos por esta reforma, mientras que otros afirman lo contrario, que los nuevos jueces serán cómplices del poder político.

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5. Difusión viral de información sin corroborar

En el contexto digital, la viralización de noticias no verificadas es un problema constante. Noticias parciales o fuera de contexto, como citas aisladas de los discursos de políticos o supuestos expertos, se comparten de manera masiva sin confirmar su veracidad. Esta desinformación rápida y accesible alimenta el debate desde una base poco sólida, lo que lleva a una falta de comprensión de la reforma en su totalidad.

A través de cadenas de WhatsApp y publicaciones en Facebook, se ha compartido el rumor de que, si la reforma se aprueba, cualquier ciudadano podrá demandar a jueces y magistrados, lo que provocaría una "caza de brujas" contra funcionarios judiciales.

Este temor de persecusión política fue uno de los motivos del paro del PJ, aunque lo que establece la reforma es un Tribunal de Disciplina Judicial para investigar y sancionar faltas cometidas por jueces y magistrados, en el que las denuncias deberían pasar por un proceso de evaluación formal.

En suma, las distintas narrativas que circulan en las plataformas digitales, muchas de ellas imprecisas o descontextualizadas, no solo distorsionan la discusión sobre la reforma judicial en México, sino que también dificultan el análisis objetivo de sus posibles consecuencias. La viralización de información fomenta una polarización que impide a la ciudadanía comprender los verdaderos beneficios y riesgos de la reforma, perpetuando un debate desinformado en las redes sociales.

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Nota del editor: Maricarmen Fernández Chapou es investigadora del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

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