Después de las elecciones del pasado 2 de junio en México, se realizaron los cómputos correspondientes para conocer, con detalle, las tendencias y los datos duros de la votación emitida. Bajo la idea de que se mide para mejorar, vale la pena conocer los datos duros, que a la vez sirven para que, desde las instituciones electorales se conozcan las áreas de oportunidad para incentivar la participación ciudadana.
#ColumnaInvitada | ¿Voto es igual a legitimación?
El número de votantes para el proceso electoral del pasado 2 de junio da muestra de un crecimiento de participación ciudadana y es una pieza clave del fortalecimiento de la democracia de nuestro país.
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El escenario de la democracia mexicana nos ha enseñado que la decisión reside en el pueblo, que se trata de un poder que tiene su fortaleza en la ciudadanía, y que justo desde allí se gesta el poder de decisión. A las y los mexicanos se les ha enseñado que la democracia es “el poder del pueblo para el pueblo”, por lo tanto, es el pueblo quien legitima el triunfo de las candidaturas que terminan ostentando el poder; pero ¿qué pasa con las voces de aquellas personas que no votan?, ¿cómo inciden en la vida pública?, y, lo más importante, ¿con qué porcentajes puede hablarse de una legitimación?
Para poder dar respuesta a la pregunta anterior, se plantea un escenario con datos duros: en el año 2000, Vicente Fox llegó a la Presidencia con un total de 15,989,636 votos; Felipe Calderón con 15,000,284 votos en 2006; para 2012, Enrique Peña Nieto lo hizo con 19,226,789, y en el año 2018, Andrés Manuel López Obrador con 30,033,119 votos. Para el año 2024, los resultados apuntan que la primera presidenta de México lo será con 35,833,009 votos.
Como se puede apreciar, el número de votos en favor de una candidatura para la Presidencia de la República ha crecido significativamente, ¿qué lectura merece tal escenario? De inicio se puede pensar en un proceso de legitimación, pues el número de votos habla del número de personas que responden a una candidatura, que emiten un voto favoreciendo a una persona, y lo más importante que subyace en ese nexo entre la ciudadanía votante y los resultados obtenidos es “la confianza”, ese factor que teje vínculos entre gobernados y gobernantes. Pero a través de un puente clave, las instituciones electorales, pues todas esas personas que votan lo hacen depositando su confianza y creyendo en que su voto será respetado. Entonces ¿es posible establecer una relación entre el número de votos obtenidos y la legitimidad de una elección?
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Si partimos del precepto de que en una democracia la mayoría siempre gana, y no únicamente eso, sino que, además legitima el proceso electoral, la relación votos-legitimación se hace presente. Adicionalmente, lo que subyace es la construcción de una cultura cívica, que habla de los trabajos de capacitación y sensibilización que se hacen desde las instituciones electorales, tanto a nivel local como nacional.
El número de votantes para el proceso electoral del pasado 2 de junio da muestra de un crecimiento de participación ciudadana y es una pieza clave del fortalecimiento de la democracia de nuestro país. Aquí también es de alta relevancia hablar del papel que juegan las instituciones electorales, tanto a nivel local como nacional, puesto que a través de diferentes áreas, como son las de capacitación electoral y educación cívica, el número de personas que votan va en ascenso, lo cual da muestra de un escenario que tiene mejoras en sus resultados, fortalece la participación, incentiva la exigencia de la ciudadanía hacia las y los ganadores, y permite que el canal de comunicación entre gobernados y gobernantes sea sólido.
En un país democrático, como es el caso mexicano, la emisión de un voto, sin importar si es a favor o en contra, incluso si es la manifestación de una anulación, debería ser normalizado, sin verse como una obligación, pero tampoco como un derecho que puede o no ejercerse, sino como un elemento indispensable para la forma de organización de la sociedad en la que vivimos.
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Resulta importante también establecer que a una persona que ha ganado un cargo de elección popular, y que se ostenta bajo la legitimidad, se le faculta para llevar a cabo una función pública en donde se le permita ejercer el poder. Básicamente lo que ocurre cuando una persona llega a un puesto público, mediante la obtención de votos, es que implícitamente tiene el consentimiento de las y los votantes, pues se encuentra en un puesto porque así lo han decidido los votos que obtuvo a su favor.
Ahora bien, es innegable el hecho de que en una democracia la mayoría es la que gana, pero nuestras mayorías se contemplan a partir del número de votos obtenidos en las urnas el día de los comicios; sin embargo, ¿qué ocurre con el resto de las personas que aún forman parte del abstencionismo?, peor aún, ¿qué sucedería si se parte del total de ciudadanas/os inscritos en el padrón electoral o la lista nominal para definir el porcentaje de mayoría?
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Nota del editor: Sandra Timal López es integrante de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP). Síguela en X (@sandra_timal). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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