Publicidad
Publicidad

Una propuesta para medir mejor la violencia letal

Cuando la reducción del homicidio doloso se convierte en indicador de éxito gubernamental, aumentan los incentivos para su contención desde el plano meramente discursivo.
jue 19 febrero 2026 06:04 AM
Mujer Asesinada Tijuana
En el contexto mexicano, asumir que el homicidio doloso captura por sí solo la totalidad de la violencia letal implica una simplificación problemática, apunta Armando Vargas. (Foto: Omar Martínez/ Cuartoscuro)

El homicidio doloso es la principal métrica para evaluar el comportamiento de la violencia en México. Su importancia no es causalidad; se trata del delito más grave contra la vida y, en teoría, su registro no depende de la denuncia. Como basta la existencia de un cadáver para iniciar una carpeta de investigación se da por hecho que tiene menores niveles de subregistro que otras conductas violentas.

Sin embargo, en el contexto mexicano, asumir que el homicidio doloso captura por sí solo la totalidad de la violencia letal implica una simplificación problemática. La realidad de muchos territorios sugiere que esta categoría, aunque fundamental, no siempre refleja de manera completa ni precisa la dinámica de la violencia en el país.

Publicidad

¿Por qué cuestionar los datos de homicidio doloso?

Existen, al menos, dos razones estructurales para cuestionar la suficiencia analítica de los datos de homicidio doloso. La primera tiene que ver con áreas de oportunidad institucional en la clasificación, investigación y registro de muertes violentas. Determinar si una muerte fue dolosa o culposa depende, en última instancia, de la calidad de la investigación ministerial. En contextos de debilidad institucional, incentivos políticos o sobrecarga operativa, pueden producirse errores de clasificación, subregistro o desplazamientos estadísticos hacia categorías menos visibles. Cuando el homicidio doloso se convierte en la métrica política por excelencia —e incluso en indicador de éxito gubernamental—, aumentan los incentivos para concentrar esfuerzos en su contención discursiva, sin necesariamente transformar las condiciones estructurales que producen la violencia.

La segunda razón es de naturaleza criminal. En diversos territorios del país, las organizaciones delictivas han sofisticado sus mecanismos de control y ocultamiento. Las desapariciones se han convertido en un vehículo funcional para múltiples fines: evitar el registro inmediato de un homicidio, generar incertidumbre y miedo en comunidades específicas, disciplinar actores locales o eliminar rivales sin dejar evidencia directa. La coexistencia de disputas criminales intensas con incrementos sostenidos en personas desaparecidas y otros delitos contra la vida sugiere que parte de la violencia letal puede estar desplazándose hacia categorías estadísticamente menos evidentes. En este contexto, una reducción en homicidio doloso no necesariamente implica una reducción equivalente en la letalidad real.

Estas dinámicas ayudan a explicar comportamientos anómalos en los datos. Por ejemplo, el crecimiento sostenido del homicidio culposo en ciertas entidades —incluso en contextos de alta violencia intencional— desafía la idea de que se trata exclusivamente de muertes accidentales con trayectorias relativamente estables.

Publicidad

De igual forma, el incremento en “otros delitos contra la vida y la integridad corporal” o en desapariciones puede coexistir con descensos en homicidio doloso, generando un efecto de compensación estadística. Si se observan las categorías de manera aislada, el diagnóstico puede ser optimista; si se analizan en conjunto, el panorama resulta más complejo y, en algunos casos, menos alentador.

Una aproximación integral a la medición de la violencia letal

Frente a estas limitaciones, México Evalúa propone una aproximación integral a la violencia letal mediante la construcción de un indicador compuesto que articula cinco fenómenos: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas y no localizadas.

Cada uno cumple una función específica. El homicidio doloso captura la violencia intencional directa; el feminicidio permite visibilizar la dimensión de género de la letalidad y el desempeño institucional en su tipificación; el homicidio culposo opera como termómetro de posibles distorsiones clasificatorias o fallas estructurales en la prevención; los otros delitos contra la vida amplían el espectro de conductas letales o potencialmente letales y también permite capturar distorsiones clasificatorias; y las desapariciones permiten incorporar mecanismos de ocultamiento y control territorial propios del crimen organizado.

El valor analítico de esta integración no radica en diluir la relevancia del homicidio doloso, sino en contextualizarlo. Al observar las cinco categorías de manera conjunta, es posible reducir sesgos asociados a la medición, identificar desplazamientos entre rubros y distinguir entre reducciones reales de la letalidad y reconfiguraciones estadísticas. Además, esta estrategia permite construir diagnósticos territoriales más finos, así como diferenciar entre las entidades y municipios donde la contención puede asociarse a capacidades institucionales más sólidas, de los territorios donde la violencia parece mutar o redistribuirse entre categorías.

Publicidad

Medir mejor no es un ejercicio técnico

En última instancia, el objetivo no es desacreditar avances coyunturales, sino elevar el estándar de análisis. En un país con trayectorias prolongadas de violencia extrema, la discusión pública no puede descansar en una sola métrica. La integración de cinco indicadores pone sobre la mesa una herramienta analítica robusta, capaz de capturar la complejidad del fenómeno y de ofrecer insumos más precisos para la toma de decisiones. Medir mejor no es un ejercicio técnico: es una condición indispensable para diseñar políticas públicas efectivas y para distinguir entre contenciones temporales y procesos genuinos de pacificación sostenida.

Un dato relevante: dicho indicador refleja una disminución de 8.6% de la violencia letal a nivel nacional de 2024 a 2025. Es algo que se debe destacar. Pero no estamos en un proceso contundente de pacificación. En la última década, dicho problema incrementó 68.2%. En lo local, las realidades son diversas y muchas de ellas, bastante graves: Sinaloa reporta un incremento del 30% en el último año y del 64% en la última década. Es fundamental alinear los esfuerzos de política pública con estas evidencias para capitalizarlos.

____

Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor de posgrado en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opininones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad