México requerirá de la activación de dos temas fundamentales para poder avanzar hacia la reconstrucción del país, estos son: Voto y Bote.
Es decir, participación ciudadana en las elecciones, y una lucha frontal y comprometida contra la impunidad.
#ColumnaInvitada | Voto y Bote
Si hay Voto y Bote se podría aspirar a alcanzar un verdadero desarrollo que se fundamente en el Estado de Derecho, en la lucha por fortalecer la Democracia y en la batalla contra la corrupción.
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La impunidad en México es un problema muy grave que afecta a la seguridad, la justicia, la democracia y el desarrollo del país. En México la mayoría de los delitos no se denuncia ni se investiga. La impunidad favorece la corrupción, el abuso de poder, y la violación de los derechos humanos.
Si hay Voto y Bote se podría aspirar a alcanzar un verdadero desarrollo que se fundamente en el Estado de Derecho, en la lucha por fortalecer la Democracia y en la batalla contra la corrupción.
Sin duda lo urgente será salir a votar, y ejercer ese derecho tan importante y necesario en toda sociedad democrática. Eso permitirá que los mexicanos puedan reaccionar y exigir resultados. Nada más peligroso que el no interesarse ni opinar sobre quienes deberán gobernar, ya que esto lleva a la consecuencia de no reclamar, y deja la indignación ante los engaños y abusos del gobernante, como un dolor autoinfligido y sin consecuencias.
El paso siguiente será exigir Bote, es decir, que se activen acciones legales en contra de aquellos gobernantes y servidores públicos que hayan violado la ley. La falta de castigo por tales acciones lastima severamente a todo el tejido social; por eso, además de votar, el siguiente paso será presionar para que existan consecuencias en contra de quienes roben, mientan, oculten, y traicionen. Hoy el gran reto de México es no dejarse, y exigir transformar esa dolorosa realidad causada por la impunidad que se sufre tanto en México, donde más del 95% de los casos denunciados quedan sin castigo.
A continuación, se comenta -con referencias generales-, algunos tipos penales que no debemos permitir acaben en la frustrante ilegalidad de la impunidad. De acuerdo con el Código Penal Federal, son delitos por hechos de corrupción, entre otros, los siguientes:
Ejercicio ilícito de servicio público: Manifiesta hechos falsos al rendir informes que le son requeridos.
Abuso de autoridad: Niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles - Otorgue contratos de cualquier naturaleza que sean remunerados a sabiendas que no se cumplirá con el contrato.
Coalición de servidores públicos: Cometido por los servidores públicos que se alían para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general para impedir su ejecución o para renunciar a sus puestos con el objeto de impedir o suspender la administración pública.
Uso ilícito de atribuciones y facultades: Lo comete el servidor público que ilícitamente otorgue concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones; otorgue o contrate obras públicas, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos.
Concusión: Lo comete el servidor público que exija dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa que no es debida o en mayor cantidad a la debida, por concepto de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento.
Intimidación: Lo comete el servidor público que utiliza por sí mismo o por conducto de un tercero la violencia física o moral para inhibir o intimidar a cualquier persona para evitar que esta o un tercero lo denuncie o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ejercicio abusivo de funciones: Lo comete el servidor público que ilícitamente otorgue contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o realice actos jurídicos que produzcan beneficios económicos a su persona, a su cónyuge, o parientes, o a cualquier tercero con quien tenga vínculos afectivos o económicos, socios, o sociedades de las que el servidor público forme parte.
Tráfico de influencia: Lo comete el servidor público que promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a sus responsabilidades. Solicite o promueva la resolución o tramitación de cualquier acto en materia de empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí, para su cónyuge, o parientes, o a cualquier tercero con quien tenga vínculos afectivos o económicos, socios, o sociedades de las que el servidor público forme parte. Este delito también lo cometen los particulares que sin estar autorizados legalmente para intervenir en un negocio público afirman tener influencia sobre servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro.
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La impunidad en México es un problema muy grave que afecta a la seguridad, la justicia, la democracia y el desarrollo del país. En México la mayoría de los delitos no se denuncia ni se investiga. La impunidad favorece la corrupción, el abuso de poder, y la violación de los derechos humanos.
Si hay Voto y Bote se podría aspirar a alcanzar un verdadero desarrollo que se fundamente en el Estado de Derecho, en la lucha por fortalecer la Democracia y en la batalla contra la corrupción.
Sin duda lo urgente será salir a votar, y ejercer ese derecho tan importante y necesario en toda sociedad democrática. Eso permitirá que los mexicanos puedan reaccionar y exigir resultados. Nada más peligroso que el no interesarse ni opinar sobre quienes deberán gobernar, ya que esto lleva a la consecuencia de no reclamar, y deja la indignación ante los engaños y abusos del gobernante, como un dolor autoinfligido y sin consecuencias.
El paso siguiente será exigir Bote, es decir, que se activen acciones legales en contra de aquellos gobernantes y servidores públicos que hayan violado la ley. La falta de castigo por tales acciones lastima severamente a todo el tejido social; por eso, además de votar, el siguiente paso será presionar para que existan consecuencias en contra de quienes roben, mientan, oculten, y traicionen. Hoy el gran reto de México es no dejarse, y exigir transformar esa dolorosa realidad causada por la impunidad que se sufre tanto en México, donde más del 95% de los casos denunciados quedan sin castigo.
A continuación, se comenta -con referencias generales-, algunos tipos penales que no debemos permitir acaben en la frustrante ilegalidad de la impunidad. De acuerdo con el Código Penal Federal, son delitos por hechos de corrupción, entre otros, los siguientes:
Ejercicio ilícito de servicio público: Manifiesta hechos falsos al rendir informes que le son requeridos.
Abuso de autoridad: Niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles - Otorgue contratos de cualquier naturaleza que sean remunerados a sabiendas que no se cumplirá con el contrato.
Coalición de servidores públicos: Cometido por los servidores públicos que se alían para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general para impedir su ejecución o para renunciar a sus puestos con el objeto de impedir o suspender la administración pública.
Uso ilícito de atribuciones y facultades: Lo comete el servidor público que ilícitamente otorgue concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones; otorgue o contrate obras públicas, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios con recursos públicos.
Concusión: Lo comete el servidor público que exija dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa que no es debida o en mayor cantidad a la debida, por concepto de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento.
Intimidación: Lo comete el servidor público que utiliza por sí mismo o por conducto de un tercero la violencia física o moral para inhibir o intimidar a cualquier persona para evitar que esta o un tercero lo denuncie o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ejercicio abusivo de funciones: Lo comete el servidor público que ilícitamente otorgue contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o realice actos jurídicos que produzcan beneficios económicos a su persona, a su cónyuge, o parientes, o a cualquier tercero con quien tenga vínculos afectivos o económicos, socios, o sociedades de las que el servidor público forme parte.
Tráfico de influencia: Lo comete el servidor público que promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a sus responsabilidades. Solicite o promueva la resolución o tramitación de cualquier acto en materia de empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí, para su cónyuge, o parientes, o a cualquier tercero con quien tenga vínculos afectivos o económicos, socios, o sociedades de las que el servidor público forme parte.
Este delito también lo cometen los particulares que sin estar autorizados legalmente para intervenir en un negocio público afirman tener influencia sobre servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro.
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Cohecho: El servidor público que solicita directamente o por medio de un tercero dinero o cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones comete el delito de cohecho.
Peculado: Comete el delito de peculado el servidor público que desvíe de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier cosa que pertenece al Estado o a un particular y que por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, depósito o posesión. Ilícitamente utilice fondos públicos para promover una imagen política o social de su persona, de su superior jerárquico o de un tercero, o bien con el fin de denigrar a cualquier persona.
Enriquecimiento ilícito: El enriquecimiento ilícito existe cuando el servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de los que se conduzca como dueño, así como los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que estas personas los obtuvieron por sí mismos.
Por otra parte, cabe mencionar que existe también el juicio político por actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho, incluyendo: El ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales; el ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de esta o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.
Hay que recordar que también existe el delito de encubrimiento, que consiste en la realización de acciones o en la omisión de actos para dificultar o impedir el trabajo de la Administración de Justicia de investigar un delito o identificar a sus autores. En pocas palabras, el encubrimiento es una conducta dolosa que realiza una persona que, sin haber participado en un delito anterior cuya comisión conoce, ayuda al autor de este, a eludir la acción de la Justicia o a aprovecharse de los efectos del crimen cometido. En conclusión, el delito de encubrimiento obstaculiza la justicia y favorece la impunidad.
Aún y cuando los ciudadanos están cansados de los actos de corrupción de los servidores públicos, es evidente que no se hace lo suficiente para terminar con la situación que aqueja al país, ya sea por desconocimiento de cómo proceder, por falta de interés, por falta de confianza en las autoridades sancionadoras o incluso por conveniencia. Nada más delicado y peligroso que caer en esta nefasta aceptación e inacción.
Un país que no ataca con convicción y compromiso los delitos cometidos por sus propias autoridades, de alguna forma los está consintiendo, y con ello, dejando abierta la puerta para que se vuelvan a cometer. Por eso es indispensable exigir que se actúe decididamente en contra de quien viola la ley, y aún más férreamente en contra de los servidores públicos que se aprovechen de su cargo, para cometer tales abusos.
Por todo esto resulta tan necesario aplicar esta sencilla fórmula de Vota y Bote. Es urgente que su impacto tenga tanta fuerza que desplace a cualquier postura derrotista de quienes piensen que nada puede cambiar, y que tanto el fraude, la corrupción y la impunidad son realidades en las que necesariamente tendremos que convivir.
Ningún gobierno podrá ser eficaz en la lucha contra la corrupción si no cuenta con el respaldo de una sociedad informada, crítica y participativa, que denuncie y que exija que haya consecuencias.
Así que, primero Voto, y luego... exigir que quien viole la ley, acabe en el bote.
Sin esta dupla, México continuará comenzando en una lucha que seguirá perdiendo.
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Nota del editor: Juan Carlos Luna Barberena es fundadr de Lawit Group. Es abogado y Experto en innovación jurídica y tecnología. Cuenta con experiencia jurídica internacional corporativa y transaccional. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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