Cuando en agosto de este año comenzó el último cuatrimestre administrativo, México enfrentaba ya una realidad incómoda: la estrategia de seguridad gubernamental, después de casi cuatro años de implementación sin variaciones significativas, mostraba síntomas de colapso operativo.
El recuento de los daños: las fallas estructurales de la política de seguridad (segunda parte)
Los episodios de Sinaloa y Michoacán durante estos meses expusieron sin paliativos la falsedad de narrativas oficiales sobre control territorial y pacificación.
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No se trata de un fracaso repentino, sino de la confluencia de decisiones políticas equivocadas, omisiones críticas y un entorno interno que explotó las grietas de una arquitectura de seguridad fundamentalmente frágil. Los episodios de Sinaloa y Michoacán durante estos meses expusieron sin paliativos la falsedad de narrativas oficiales sobre control territorial y pacificación.
Las fallas estructurales
La primera falla, la más grave, fue el mantenimiento obstinado de una política de seguridad basada en premisas que la realidad ya había desmentido. Durante estos últimos meses, mientras organizaciones criminales intensificaban operaciones en Sinaloa y Michoacán con una violencia sin precedentes, el gobierno insistió en una narrativa que priorizaba la “no confrontación” y el combate a causas sociales del delito por encima de la capacidad estatal de ejercer coerción legítima.
En Sinaloa, entre septiembre y octubre, enfrentamientos entre células rivales del crimen organizado dejaron más de 150 muertos en Culiacán únicamente, con bloqueos de calles, incendios de vehículos y combates de fuego abierto en plena luz del día. Pero la respuesta institucional fue dispersa, sin coordinación efectiva entre niveles de gobierno. A finales de octubre, cuando una batalla entre facciones criminales paralizó la ciudad durante 36 horas consecutivas, la Guardia Nacional demoró más de ocho horas en desplegar efectivos de respuesta.
La segunda falla fue operativa: la Guardia Nacional, diseñada como instrumento de política de seguridad, permanecía fragmentada entre mandos militares y civiles sin claridad en su cadena de mando.
En Michoacán, durante septiembre, una emboscada a un convoy de seguridad dejó nueve agentes de la institución muertos en la carretera Morelia-Apatzingán. Los reportes de inteligencia indicaban actividad criminal anómala en la zona con una semana de anticipación, pero no hubo desplegamiento preventivo ni refuerzo de patrullajes.
La tercera falla fue política: la ausencia de liderazgo ejecutivo en seguridad pública. Con inconsistencias frecuentes en los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sumados a una estructura de gobierno que diluía responsabilidades entre múltiples instancias, entre ellas el pasado que nos remonta a 2006 – 2012, nadie respondía de manera clara por los resultados actuales.
En noviembre Michoacán y la violencia permanente que aceleró una medida de rescate de un estado en gobernanza criminal, con un plan que sólo es un paquete acelerado de medidas del año 2026, y en diciembre, cuando en Sinaloa volvieron a registrarse disputas territoriales entre organizaciones criminales con cifras de 200 personas desaparecidas en cuatro semanas, la respuesta fue reactiva, no anticipatoria.
El contexto que explica pero no justifica
No es suficiente diagnosticar sin contextualizar.
El gobierno enfrentó presiones internas reales: las capacidades heredadas del sexenio anterior eran limitadas, la corrupción en cuerpos policiales seguía siendo un cáncer institucional de difícil erradicación, y las estructuras del crimen organizado se habían adaptado a presiones anteriores.
Externamente, la presión estadounidense sobre el combate a narcotráfico aumentó considerablemente. Las extradiciones demandadas, las presiones migratorias en la frontera norte y la expectativa de colaboración antidrogas generaron tensiones que, mal manejadas, llevaron a decisiones defensivas que debilitaron la autonomía estratégica mexicana.
Internamente, la transición política con un nuevo enfoque de gobierno más cercano a posiciones de izquierda progresista generó resistencias burocráticas. Muchos operadores de seguridad, formados en esquemas anteriores, vieron con desconfianza las directivas de «abrazos no balazos» llevadas al extremo. Eso no justifica las fallas, pero las explica.
Las omisiones concretas
- La omisión más grave fue no invertir en inteligencia criminal moderna. Mientras México seguía dependiendo de información reactiva, países como Colombia aceleraban tecnificación de análisis de datos, mapeo de redes criminales mediante inteligencia artificial y operaciones de infiltración en estructuras mafiosas. México no hizo nada comparable.
- La segunda omisión fue no reorganizar las policías estatales y municipales. El 95% de los delitos se investiga en ese nivel, pero ahí permanecen las peores prácticas, la corrupción no controlada y la ausencia de estándares. No hubo programa serio de renovación de plantillas policiales ni evaluaciones de confianza con dientes.
- La tercera omisión fue no romper pactos implícitos entre autoridades locales y criminales. En Michoacán, la "convivencia" entre gobiernos municipales y células de narcotráfico continuó siendo la realidad operativa de facto, mientras que declaraciones en la Ciudad de México negaban su existencia. En Sinaloa, la falta de gobernanza permitió que grupos criminales operaran con impunidad territorial casi absoluta durante septiembre y octubre.
Hechos que concretan el análisis
En septiembre, en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado un periodista que investigaba extorsiones de grupos criminales a productores agrícolas. Tres días después, las autoridades estatales cerraron su investigación sin resultados. A finales de ese mismo mes, en la misma ciudad, se registraron al menos 47 ejecuciones en una sola semana vinculadas a disputas de territorio entre organizaciones rivales. Las autoridades municipales permanecieron prácticamente ausentes.
En noviembre, en Michoacán, una operación coordinada entre la Guardia Nacional y policías estatales en la región de Tierra Caliente resultó en la muerte de 23 civiles inocentes en línea de fuego cruzado. Documentos posteriores revelaban que la operación carecía de inteligencia verificada y fue ejecutada sin protocolos de protección de población civil. No se abrió investigación penal seria contra los responsables.
En diciembre, en Sinaloa, bandas criminales tomaron control de facto de municipios enteros, estableciendo retenes y controlando el movimiento de personas. Autoridades municipales reportaban incapacidad operativa total. Durante una masacre registrada en un centro comercial de Culiacán, la Guardia Nacional tardó 47 minutos en arribar al lugar.
Hacia una política de seguridad coherente
La solución no es volver a estrategias de los años noventa de represión sin institucionalidad. Pero tampoco es seguir en la inercia actual.
Se requiere: una reforma policial integral que combine cuerpos renovados con salarios competitivos que reduzcan corrupción; un sistema de inteligencia centralizado pero políticamente independiente; gobernanza clara en Guardia Nacional con mandos civiles calificados; y pactos sub nacionales con gobernadores que aseguren cumplimiento de estándares mínimos de seguridad.
Esto exige admitir que la seguridad requiere coerción estatal legítima, no alternativa. Y que esa coerción debe ser profesional, regulada y efectiva. Sinaloa y Michoacán demuestran que el estado no puede permitirse la ausencia de capacidad de respuesta ante crisis territoriales.
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En 2026…
México necesita transitar de una política de seguridad basada en negación a una basada en realismo institucional.
Eso significa mayor gasto, mejor coordinación, menos ideología y más tecnificación. El colapso visible en Sinaloa y Michoacán no es local: es un espejo de las debilidades estructurales de todo el sistema. El gobierno llegó a diciembre sin haber aprendido esta lección. Esperemos que los próximos meses traigan rectificación.
Agradezco a Expansión Política y a sus lectores por la confianza depositada en estos análisis durante este ciclo iniciado en 2025. Que el 2026 nos traiga mayor seguridad y mejores decisiones públicas. Retomaré esta columna el miércoles 7 de enero con nuevas reflexiones sobre el rumbo de la seguridad pública en México.
¡Feliz año 2026!
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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