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Sheinbaum: negacionismo y militarización

¿Cómo esperar que Claudia Sheinbaum atienda el problema que representa la militarización cuando se niega a reconocer su existencia?
mié 15 mayo 2024 06:09 AM
sheinbaum
La militarización existe, es un hecho. Y es muy grave que Claudia Sheinbaum se niegue a reconocerlo, señala Carlos Bravo Regidor.

Claudia Sheinbaum se ha empeñado en negar, una y otra vez, que en México haya un proceso de militarización en curso. Lo negó en un encuentro con cámaras industriales de Guanajuato , en enero, cuando a la pregunta “¿Qué visión tiene ante la continuidad de seguir incluyendo a militares en actividades que no son su esencia y en seguir en este camino de militarización de instituciones”, respondió “No lo veo como militarización, el tema de las aduanas tiene mucho que ver con seguridad, por eso tenemos que sentarnos a ver a qué se refieren con esta condición, porque no es blanco y negro, malo o bueno, sino realmente cómo nos sentamos a dialogar y qué áras tenemos que mejorar para la inversión, el desarrollo y la seguridad”.

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Lo volvió a negar en una conferencia de prensa en Morelia, en marzo, cuando a propósito de la propuesta de reforma constitucional del presidente para que el mando de la Guardia Nacional pase a la Sedena, declaró “estoy de acuerdo de que el mando de la Guardia Nacional esté en la Sedena, que es diferente a que el mando de la Guardia sea del Ejército. Es distinto el Ejército que la Secretaría de la Defensa Nacional”. Lo negó de nuevo en las reservas que manifestó al firmar el documento “Compromiso por la paz. Estrategias de Política Pública” de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde explícitametne expreso su “desacuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país”.

Y también lo negó la semana pasada, en una entrevista con el Financial Times , cuando dijo que se sentía cómoda con la estrategia presidencial de llamar a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas tradicionalmente manejadas por los civiles, como construir líneas ferroviarias, administrar aeropuertos, puertos o aduanas, pues los militares en última instancia le responden al presidente: “Mucha gente no lo entiende desde fuera, pero no es militarización. El Ejército mexicano viene de la revolución mexicana, viene de una revolución social, no viene de las élites”.

Pero México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el Programa de Política de Drogas (PPD) e Intersecta acaban de actualizar el “Inventario Nacional de lo Militarizado” : un proyecto que da cuenta, muy pormenorizadamente, del proceso de transferencia de funciones y recursos –que originalmente recaían en el ámbito de autoridades civiles– hacia las Fuerzas Armadas. O sea, de la militarización. Dicho proceso ha transcurrido, jurídicamente, por dos vías. Una son las normas generales federales (reformas administrativas, legales o constitucionales) y otra los convenios y acuerdos particulares (celebrados entre la Sedena, la Semar y/o la Guardia Nacional con instituciones federales, estatales y/o municipales).

En cuanto a normas generales federales, entre 2006 y 2023 se presentaron un total de 87 iniciativas ante el Congreso de la Unión para transferir funciones civiles a las fuerzas armadas: 20 entre 2006 y 2018 (23%), 67 entre 2018 y 2023 (77%). Del total de 87 iniciativas, 34 (39%) fueron promovidas por partidos que al momento de presentarlas estaban en la oposición; mientras que 53 (61%), por el partido que controlaba el Poder Ejecutivo. Y de esas 53, 40 (75%) fueron presentadas por Morena entre 2018 y 2023; y 13 (25%) por el PAN y el PRI entre 2006 y 2018. Solo 14 de las 87 iniciativas presentadas (16%) fueron aprobadas; 46 (57%) están atoradas en comisiones; 27 (31%) han sido desechadas o retiradas. De esas 14 iniciativas aprobadas, 13 (92%) se aprobaron entre 2018 y 2023. Y de esas 13, 12 (92%) tuvieron que ver con funciones de seguridad (la única excepción es una reforma que le transfirió a la Secretaría de la Marina funciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes).

Los acuerdos y convenios han sido 258. De ese total, Sedena concentra 207 (80%), Semar 43 (17%), Sedena y Semar comparten 6 (2%) y la Guardia Nacional solo 2 (1%). De esos 258 acuerdos y convenios, en 250 (97%) supusieron la transferencia de presupuesto civil a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la mitad de esos casos no fue posible determinar las cantidades por falta de acceso a dicha información. En la mitad que sí, el monto ascendió ascendió a 36 millones (en pesos de 2023): 12 (33%) entre 2007 y 2018, 24 (66%) entre 2019 y 2023.

La militarización existe, es un hecho. Y es muy grave que Sheinbaum se niegue a reconocerlo porque, como lo advierte el propio “Inventario” en sus conclusiones, tiene consecuencias muy problemáticas.

La primera es que se trata de un proceso que vulnera el orden constitucional. Si bien durante el sexenio de López Obrador se aprobó una reforma constitucional para darle facultades en labores de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, dicha reforma no alcanza para darle sustento a la transferencia de funciones y recursos que no tienen que ver con dicha materia y que, durante este sexenio, se han vuelto más frecuentes que nunca.

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La segunda tiene que ver con el régimen diferenciado bajo el que operan las Fuerzas Armadas, un régimen que no se ha reformado a pesar de que desempeñen tantas funciones y ejerzan recursos cada vez más variados y distintos de su función propiamente militar. En pocas palabras, todas esas funciones y recursos, al transferírseles, entran en un espacio de excepción en términos de derechos, justicia, transparencia, rendición de cuentas y democracia.

La tercera es que la experiencia acumulada indica que el desempeño de las Fuerzas Armadas cuando se hacen cargo de las tareas de seguridad no necesariamente produce mejores resultados y, de hecho, genera nuevos riesgos. Lo mismo con las funciones que no son de seguridad, la evidencia también apunta a que se abren flancos de mucha vulnerabilidad en términos de corrupción y abuso de los derechos humanos. Y la cuarta es que, en perspectiva comparada, otros países que han experimentado procesos de militarización enseñan que, lejos de mejorar la vida de los ciudadanos, se constituyen en un franco obstáculo para el desarrollo democrático y la protección efectiva de los derechos de las personas.

No cabe llamarse a sorpresa sobre lo que representa la “continuidad” en este tema. ¿Cómo esperar que Claudia Sheinbaum atienda el problema que representa la militarizacion cuando se niega a reconocer su existencia?

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor. Síguelo en la red X como @carlosbravoreg

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