#ColumnaInvitada | Tras las propuestas: el plan anticorrupción de Xóchitl Gálvez

1. Uso de tecnología para el control del gasto público

- Nuevas tecnologías, un novedoso sistema de trazabilidad de todos los recursos públicos a fin de rastrearlos, transparentarlos y eliminar el uso de efectivo de los tres órdenes de gobierno.
- La reconstrucción, digitalización y unificación de todos los sistemas de contrataciones públicas federales y estatales en una plataforma robusta, dinámica, confiable, transaccional, transparente, interconectada a diferentes sistemas y fácil de utilizar, para atacar el mayor foco de riesgo de corrupción, que son las compras y obras públicas.

2. Investigación de hechos de corrupción

- Perseguir de oficio aquellos casos evidentes y ostentosos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y contratistas.
- Puentes seguros y eficaces con la ciudadanía para la denuncia anónima y la aportación de pruebas o testimonios en casos de corrupción.
-Órganos internos de control independientes de los funcionarios a los cuales van a auditar y fiscalizar.

3. Política Nacional Anticorrupción

- Revisar y renovar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Fortalecer la comunicación e intercambio de información entre las instancias integrantes del Comité Coordinador del SNA, así como con el Comité de Participación Ciudadana.

4. Fortalecer el Derecho de Acceso a la Información

- Fortalecer a las autoridades garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, federal y locales, generando mecanismos para propiciar su debida conformación.
- Incrementar la coordinación del gobierno federal con el INAI y fortalecer la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Crear una Política General de Transparencia y Datos Abiertos.

5. Robustecer el sistema de servidores públicos

- Crear sistemas robustos y abiertos de incorporación, concurso de plazas, promoción y separación de servidores públicos, basados en instrumentos eficaces de control de confianza, que verifiquen la integridad y la ética de cada servidor público.
- Incluir a las OSCs en la evaluación de la Administración Pública Federal y procedimientos de designaciones públicas.

6. Gasto presupuestal

- Renovar el sistema de auditoría pública, tanto a nivel federal como local.
- Impulsar las licitaciones y concursos en los contratos, limitando las adjudicaciones directas.

Asimismo, en el marco de los debates presidenciales y entrevistas realizadas, la candidata ha mencionado impulsar las declaraciones 3 de 3 para las empresas proveedoras del gobierno, dotar de mayores mecanismos de coacción a la Auditoría Superior de la Federación y las Fiscalías Anticorrupción.

Todas estas propuestas en apariencia adecuadas dejan en muchos casos más interrogantes que respuestas.

Si bien podemos encontrar en ellas el ABC de las políticas anticorrupción, como el aumento de la transparencia, la rendición de cuentas, la inclusión ciudadana, así como el fortalecimiento institucional, capacitación y cooperación internacional, lo cierto es que hace falta concretar en propuestas legislativas claras y específicas.

Por ejemplo, ¿Cómo sería el sistema de designaciones de los organismos garantes del derecho de acceso a la información? ¿Eliminaría la participación de los órganos legislativos? ¿Arrancaría del feudo partidista estas designaciones? ¿Por qué no se prevé esta política en las plataformas electorales de los partidos?

Tampoco queda claro cuál sería el ajuste al SNA, que tiene retos desde el modelo de designación de sus integrantes ciudadanos, hasta la comunicación interinstitucional de los entes públicos que lo conforman.

Respecto al uso de tecnologías y transparencia en el gasto presupuestal, son líneas de acción que le corresponderían a su voluntad política y al esfuerzo de su gabinete para implementarlas. Empero, al ser una circunstancia de voluntad y capacidad, resulta indispensable conocer a la persona responsable de hacerlo, indagar sobre sus antecedentes y resultados en el sector público o privado. De lo contrario, seguirán siendo un conjunto de aspiraciones y promesas de campaña.

En resumen, aún quedan cuatro semanas de campaña electoral, por lo que se espera un mayor desglose y explicación de sus políticas anticorrupción, para que no queden solamente como buenas intenciones.

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Nota de los editores: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a los autores. Los autores son investigadores de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.